El gobierno de Bildu en la Diputación de Gipuzkoa dio ayer un nuevo giro de tuerca al colocar a mediodía en la balconada de la fachada del Palacio foral, en San Sebastián, una pancarta en favor del acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas. El cartel, en el que se puede leer el lema ‘Giza eskubideak. Interbidea. Bakea. Euskal presoak Euskal Herrira (Derechos humanos. Solución. Paz. Presos vascos a Euskal Herria), pretende, según explicó la portavoz Larraitz Ugarte, que «todo el mundo conozca que hoy en día todavía hay cientos de presos políticos vascos a los que no se respetan sus derechos».Ugarte señaló que el ente foral responde a su compromiso de denunciar «la vulneración de los derechos humanos de los presos». En su opinión, la existencia de «cientos» de reclusos de la banda «dispersos por las prisiones de los Estados español y francés» dificulta «el proceso de normalización y de paz».El mensaje de la pancarta coincide con el que los cargos públicos de EH Bildu portan en sus solapas desde enero para recordar en todas las instituciones su exigencia de acabar con la dispersión. La fecha elegida para su colocación «no es casual», según explicó la portavoz foral, quien recordó que el próximo día 20 la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinará el recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la sentencia que condenaba a España por la aplicación con carácter retroactivo de la doctrina 197/2006 del Supremo, conocida como ‘doctrina Parot’, para alargar la condena de la presa de ETA Inés del Río. La integrante de Bildu aseguró que esperan que «Europa dé una sentencia a favor de los derechos humanos».Recurso judicialLa iniciativa de colocar la pancarta, adoptada en el Consejo de Diputados provincial del martes, fue inmediatamente interpretada como un desafío por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo delegado en el País Vasco, Carlos Urquijo, ordenó al Abogado del Estado interponer ante los tribunales un recurso contenciosoUrquijo cree «sangrante» pedir el regreso de los reclusos de la banda al territorio contra el que «ha golpeado con más inquina» administrativo contra la decisión del equipo que encabeza Martín Garitano. En su opinión, la actuación puede constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo previsto por el artículo 578 del Código Penal.
Urquijo consideró ayer «sangrante» que se reclame el traslado de «terroristas condenados» precisamente al «territorio contra el que con más inquina se ha cebado ETA». El delegado del Gobierno destacó que «las instituciones tienen la obligación de servir con objetividad a los intereses generales», como explicita el artículo 103 de la Constitución. Por ello, «es evidente que colocar una reivindicación partidista en la balconada de la Diputación de Gipuzkoa contraviene ese principio general», apostilló. Ante todo ello, anunció que, «como en otras ocasiones en las que se nos ha dado la razón», el organismo que representa invocará a los tribunales de Justicia para solicitar la retirada del cartel.
Urquijo lamentó asimismo que, «desgraciadamente» en el caso del equipo de Garitano, «apelar a los sentimientos de tipo humanitario para modificar su comportamiento en esta materia se ha verificado inútil hasta la fecha». «Con esta actitud demuestran su falta de sensibilidad y respeto para con las víctimas y su connivencia con los ejecutores del proyecto totalitario que la banda terrorista ha pretendido imponer a sangre y fuego», finalizó.