La reforma del sistema de financiación será uno de los asuntos que Andalucía, Valencia y Murcia propondrán incluir en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes. Lo harán este viernes en la reunión preparatoria del foro multilateral que se celebrará el próximo mes de enero en La Palma. Una cita en la que el tema estrella será el cambio del reglamento de este órgano para profundizar en la denominada ‘cogobernanza’, pero en que también emerge con protagonismo el encallado debate sobre el reparto de fondos entre las autonomías. Al menos esta es la intención de las comunidades que abogan por desarrollar un modelo que ponga más el foco en la población real, frente a otros factores correctores que defienden las regiones despobladas para cubrir el coste de los servicios básicos: sanidad, educación y servicios sociales. 

Desde el bloque de las regiones despobladas, también de carácter transversal, algunas CCAA muestran sus reticencias sobre la idoneidad de llevar este debate al orden del día de la Conferencia de Presidentes. Entienden que el órgano competente debe ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que coordina el Ministerio de Hacienda. Precisamente, desde el departamento que dirige María Jesús Montero prevén convocarlo la próxima semana para poner sobre la mesa su propuesta de síntesis sobre la población ajustada. Un elemento que sería la clave de bóveda sobre la que desarrollar el nuevo sistema de cálculo con base en las variables de envejecimiento, dispersión o la orografía para cubrir los servicios públicos.

Si se produce un acuerdo sobre los cambios en el modo de cálculo de la financiación, se podrá seguir avanzando en otras variables para establecer un nuevo modelo. La propia Hacienda rebaja las expectativas dejando claro que lo que presentará en breve es solamente un esbozo sobre cómo determinar un nuevo concepto de ‘población ajustada’ o corregida frente al que se emplea actualmente. Las posiciones, sin embargo, siguen siendo de máximos y el hecho de que haya diferencias incluso sobre dónde debatir la reforma da buena cuenta de ello. Fuentes del Ejecutivo deslizan cierto pesimismo por la división entre las comunidades autónomas, según lamentan, y tampoco hay consenso dentro de los dos grandes partidos que deberán sacar adelante la reforma.

Sin acuerdos internos previos dentro de PSOE y PP, no se ve factible resolver el problema de la financiación antes de las elecciones autonómicas de mayo de 2023. En este caso, la apuesta pasaría por intentar mejorar mientras tanto con medidas transitorias la financiación de las CCAA más perjudicadas, tal como avanzó el presidente Pedro Sánchez en su intervención de clausura del congreso del PSPV-PSOE en Benidorm. Hacienda ha comenzado a asumir que para tener algún éxito necesita una reforma sin perdedores, algo que solamente es posible inyectando más recursos en el sistema a la vez que se modifica el mecanismo de distribución, caducado desde 2014.

El pasado martes, se reunieron en Santiago de Compostela los presidentes de Galicia, Castilla y León, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, que representan el 62% del territorio nacional y el 25% de la población total. Una cumbre en la que sumaron fuerzas para enfocar conjuntamente una propuesta centrada en priorizar la despoblación, con el fantasma de fondo de combatir el fenómeno electoral de la España vaciada que busca seguir los pasos de Teruel Existe. 

El mismo día de la reunión de Santiago, tenía lugar en Murcia un encuentro entre los consejeros de Hacienda valenciano y murciano, Vicent Soler y Luis Alberto Marín, que sirvió para completar el triángulo que forman, junto con Andalucía, las tres regiones más perjudicadas por el actual reparto, con diferencias de hasta 700 euros por habitante ‘ajustado’, es decir, una vez ponderados los actuales factores correctores, según han recogido de forma reiterada informes de organismos independientes como Fedea. Los presidentes andaluz, el popular Juan Manuel Moreno, y valenciano, el socialista Ximo Puig, fueron los primeros en sumar fuerzas, dejando claro que el conflicto no va de siglas ni partidos, sino de intereses territoriales.

Se incluya o no la reforma del sistema de financiación en el orden del día de la Conferencia de Presidentes, de lo que no hay duda es de que podrá ser tratado si así lo introduce alguno de los asistentes. Siempre ha sido así en las reuniones de este órgano multilateral del Estado con las diferentes comunidades autónomas celebradas en lo que va de legislatura. Las profundas diferencias ya se constataron en el último encuentro, que se celebró a finales de julio en Salamanca. Entonces no formó parte del orden del día, pero salió a relucir por parte de algunos presidentes, que lo consideran un tema capital y clave en materia de política territorial. La titular de Hacienda se comprometió a abordar la reforma y trasladar su intención de presentar unas conclusiones sobre las directrices antes de finalizar el año con la vista puesta en que la población ajustada sea uno de los «criterios nucleares».

A la reunión preparatoria de este viernes en la sede del Ministerio de Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez, asistirán vicepresidentes o consejeros de todas las comunidades autónomas, incluidas Cataluña y Euskadi. De la parte valenciana acudirá el propio ‘conseller’ de Hacienda, otra señal de dónde pretenden algunas regiones poner el acento. Más allá de recoger las diferentes propuestas, no está previsto que se cierre un orden del día definitivo, pues este será un trabajo de los equipos técnicos de las CCAA y el Gobierno, que seguirán negociando durante las próximas semanas los asuntos que finalmente se abordarán en la Conferencia de Presidentes de La Palma.

Más cogobernanza

Lo que ya está sobre la mesa de las CCAA es el cambio de reglamento de la Conferencia de Presidentes. El documento elaborado por el Ministerio de Política Territorial plantea novedades como incrementar a dos las reuniones que, como mínimo, deberán celebrarse a lo largo del año, o un nuevo papel protagonista del Senado en este foro multilateral. Concretamente, el documento, al que ha tenido acceso este diario, establece que la Cámara Alta, además de servir de sede para las reuniones, podrá, «en los términos que establezca su reglamento, introducir nuevos asuntos en el orden del día». Con esta nueva facultad, se busca reforzar la condición del Senado como «Cámara de representación territorial y crear el embrión de una mayor relación entre esta y los mecanismos de cooperación interadministrativa».

Las administraciones representadas en la Conferencia de Presidentes verán con este nuevo reglamento incrementada su capacidad de incidir en la toma de decisiones. De momento, no se propondrán desde el Ejecutivo cambios en la toma de decisiones, si bien se introduce como novedad que aquellas comunidades y ciudades autónomas que no hubiesen expresado su voto favorable puedan adherirse con posterioridad. Con todo, se prevé que para facilitar una mayor agilidad se reduzcan los plazos actualmente vigentes, «adecuando el funcionamiento del órgano a las necesidades actuales». El comité preparatorio, por su parte, «deberá reunirse cada tres meses, de manera que se convierta en un órgano de diálogo permanente entre los representantes de las distintas administraciones públicas». Por otra parte, dentro del marco de la gobernanza «multinivel», se formalizará la asistencia a las Conferencias de Presidentes, «con voz pero sin voto, del presidente de la asociación más representativa de las entidades locales».