EN EL ENÉSIMO bandazo de su trayectoria, Pedro Sánchez ha decidido plantear su campaña para el 10-N cultivando un perfil alejado de cualquier veleidad con los nacionalistas. Pese a que el independentismo fue pieza clave de la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa, ahora trata de desmarcarse agitando la aplicación del artículo 155 o incluso recurriendo a la Ley de Seguridad Nacional. Sabemos que Sánchez es capaz de cualquier giro con tal de apuntalar su continuidad en el poder, pero los hechos son tozudos y se empeñan en contradecir la retórica del líder del PSOE. La moción de censura que ayer presentó Ciudadanos en el Parlament, aunque aritméticamente era inviable, tuvo la virtud de dejar al descubierto –una vez más– las dobleces del PSC. Iceta no solo se desmarcó de esta iniciativa, en un ejercicio de equidistancia que abochorna después de constatarse la deriva violenta del procés, sino que se permitió tildar de «totalitarios» a los dirigentes de Cs y del PP.

La moción auspiciada por Lorena Roldán, líder de Cs en Cataluña, no solo es pertinente sino que resulta oportuna después del encarcelamiento de siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de planear atentados terroristas. Que el movimiento independentista, que no ha dudado nunca en usar la presión de la calle para la consecución de sus objetivos políticos, derive ahora en amenaza para la seguridad del Estado constituye un motivo de peso para esperar de los socialistas un comportamiento a la altura de un partido con sentido de Estado. Sin embargo, Sánchez ha vuelto a incurrir en un ejercicio de hipocresía que, por otro lado, acredita el peso excesivo del PSC en Ferraz.

La posición de Sánchez ante el desafío separatista carecerá de credibilidad mientras no asuma la necesidad de sumar fuerzas con el bloque constitucionalista. Sin ambages ni subterfugios. Máxime teniendo en cuenta la voluntad de confrontación del Gobierno catalán y la imperiosa necesidad de frenar la tutela que el independentismo ejerce en el sistema educativo. De hecho, el inspector que derrotó judicialmente dos veces al Govern sostiene hoy en este periódico que la Inspección catalana no solo no vigila el adoctrinamiento, sino que es connivente con él. A ello se suma la necesaria unidad con la que los principales partidos deberán reaccionar a la previsible respuesta independentista a la sentencia del 1-O, que el Tribunal Supremo (TS) dictará en los próximos días. El fallo del TS afectará no solo a los 12 líderes secesionistas que se sentaron en el banquillo, sino a los otros seis que huyeron de España. No habría motivos, por tanto, para no reactivar la euroorden sobre Puigdemont tras la sentencia. Llegó la hora de hacer justicia.