EL CORREO 20/03/13
Partidarios y detractores del dictamen que alarga las penas viajan para intentar presionar a la Corte europea de Derechos Humanos
La ‘doctrina Parot’ enfrenta hoy en Bruselas a la izquierda abertzale y a diversas asociaciones de apoyo a los presos de ETA con las víctimas de la organización terrorista. Ambos sectores consideran la jornada como clave. Los primeros creen que en la audiencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para examinar el recurso del Gobierno español a la sentencia sobre Inés del Río «están en juego los derechos humanos», los segundos, que los jueces comunitarios no pueden permitir «que matar salga gratis».
Unos y otros estarán presentes durante la vista oral que se celebra a primera hora de la mañana –debe comenzar a las 9.15 horas– y en la que los 20 magistrados de la Gran Sala escucharán en una única sesión las alegaciones de las partes al fallo del 10 de julio de 2012 que declaraba irregular la aplicación de la ‘doctrina Parot’ y determinaba una indemnización de 30.000 euros por daños morales a Del Río.
Encabezados por la directora de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, la delegación de los afectados por la violencia de ETA que viaja a la ciudad francesa incluirá a la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco; y sus homólogos de la AVT, Ángeles Pedraza –que llegará cargada con 10.000 firmas de apoyo–; y de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
«Delitos repugnantes»
Su mensaje defiende que la ‘doctrina Parot’ no representa una ampliación de las penas, sino que regula las condiciones legales que permiten la libertad anticipada, siempre teniendo en cuenta la reinserción. Las víctimas recuerdan también que la derogación de la normativa que fijó el Supremo en 2006 «afectaría también a sentencias sobre organizaciones criminales, asesinos en serie o violadores, que podrían quedar impunes de delitos repugnantes».
Parecida postura es esgrimida por el Partido Popular. Su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, advirtió ayer de que acabar con la ‘doctrina Parot’ sería «establecer una tarifa plana para el asesinato», de forma que tuviera «el mismo precio» matar a una persona que a diez.
Asimismo la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, abogó por la legalidad del dictamen del Supremo. «No es contraria a los derechos humanos», expresó en una carta remitida al comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks. Recordó que, en caso de un fallo contrario en Estrasburgo, 54 etarras y otra veintena de criminales quedarán libres.
La defensa de quienes apoyan a los presos y la derogación de la actual normativa correrá a cargo de Amaia Izko, portavoz de Sortu y abogada de Del Río. Contará en la sala con el respaldo de dirigentes de Amaiur, EH Bildu y Abertzaleen Batasuna. Ambas formaciones llaman a acudir a las movilizaciones que en Estrasburgo y en distintas localidades han sido convocadas por colectivos que apoyan a los reclusos de ETA, como Etxerat o Herrira.
Desde la izquierda abertzale y su entorno se estima que con un rechazo «Madrid y París estarán obligados a cambiar de política penitenciaria» y quedará condicionada «la estrategia del bloqueo del PP», según aseguró Maiorga Ramírez.