Victoria Prego, EL MUNDO 21/11/12
Es siempre así: cuando un medio de comunicación saca a la luz una información que daña la reputación de un personaje público, la inmediata respuesta es que está diciendo falsedades, con lo que el aludido busca, a su vez, destruir la reputación de ese medio. El primer asalto se desarrolla con matemática precisión en esos términos.
Es un estadio extraordinariamente difícil para el periodismo, enfrentado al deber de proteger sus fuentes y a la necesidad -la obligación más bien- de demostrar que está diciendo la verdad. En esta ocasión esa demostración llegó ayer desde el Ministerio del Interior: el contenido del borrador publicado por EL MUNDO no es una invención: recoge lo incluido en varios informes policiales ya enviados al juez aunque añade datos nuevos procedentes de otras fuentes.
Pero es justamente el contenido de lo publicado lo que debería importar aquí por encima de todas las demás cosas. Porque sucede que ese contenido resulta estremecedor, lo cual no significa que, en el proceso legal correspondiente, se acredite como verdadero. Para eso precisamente está la Justicia.
Pero que la Policía está investigando a los máximos dirigentes de CDC es verdad. Podrán los interesados desmentirlo durante un tiempo, pero luego se demostrará que es cierto. Y lo que resulta imprescindible, a partir del hecho de la investigación policial, es despejar cuanto antes la duda de si, además de los señores Millet y Montull, los señores Mas y Pujol han percibido, o no, dinero procedente de las comisiones ilegales cobradas por CiU.
Dónde estuviera depositado ese dinero, caso de que lo tuvieran, sería importante pero no dejaría de ser secundario. Lo principal es despejar esa duda terrible, la que se cierne hoy sobre unos dirigentes políticos que, como todo el que se dedica a la cosa pública, están obligados a ser exquisitos en su honestidad. Se lo deben a la propia democracia.
Cierto que la campaña electoral en marcha ensucia con tintes políticos todo este episodio porque permite a los investigados protegerse de una noticia tan demoledora tras la trinchera de una supuesta maniobra de acoso y derribo por parte del Gobierno. Una interpretación que, si prendiera en la opinión pública catalana, podría incluso beneficiar de rebote a la causa de Mas. Y el hecho de que se haya conocido ahora, da pie a insinuar que policías por un lado, o jueces y fiscales por otro, están al servicio de espurios intereses políticos antes que al servicio de la ley y la verdad. También el tiempo despejará esta duda.
Pero, tras las elecciones, seguirá quedando en pie la cuestión principal, la que hoy está formulada todavía entre interrogantes. Y eso sucederá así, cualquiera que sea el resultado.
Victoria Prego, EL MUNDO 21/11/12