Las manifestaciones en coche por buena parte de las ciudades de este país contra la nueva ley de Educación y los lazos naranjas contra la ‘ley Celaá’, inundando todas las redes, han evidenciado este fin de semana la fuerte contestación que ha levantado la nueva normativa educativa. Puede parecer una exageración decir que esta ley ha provocado la mayor fractura educativa de la democracia. Pero lo cierto es que fue aprobada en el Congreso con un solo voto más de lo que marca la mayoría absoluta. La ‘ley Wert’ fue aprobada en solitario pero obtuvo 182 votos. La ‘ley Celaá’, 177. Porque la oposición y la comunidad afectada se rebelan contra una norma que consideran un atropello a la educación concertada y a la educación especial, además de haber apartado el castellano como lengua vehicular.

Se trata de un cambio de gran calado. La mayor crítica que recibe la ministra Celaá es que va a imponer una norma intervencionista. Que restringe derechos y atenta contra el pluralismo educativo. Los padres temen no poder elegir los colegios. Y los familiares de niños dependientes se preguntan si los legisladores tienen idea de la atención personalizada que necesitan sus hijos. Un paso atrás. Se ha creado un problema donde no lo había.

A la Euskadi acomodada apenas le afecta esta nueva normativa. Lo dice el PNV para tranquilizar a una comunidad que tiene al 50% de sus escolares en esta red. El PNV pudo haber influido para que una norma tan polémica como ésta no saliera adelante. Pero lo que más le ocupaba era la invasión de competencias. Y prefirió jugar dos bazas al mismo tiempo. Votar a favor de la ‘ley Celaá’ y presentar una enmienda en defensa de la educación concertada. Por «coherencia ideológica» y como gesto con la concertada española. Todo en orden. La libertad de elección de los padres está asegurada en Euskadi. Porque la nueva ley da a las autonomías la capacidad de gestión. ¿Eso quiere decir que cada cual hará de su capa un sayo? Si el PP anuncia que en las cinco comunidades en donde gobierna (el 45% de la población española) no aplicarán la norma, Sánchez acusa a Casado de «alentar el desacato». Pero si el PNV piensa hacer lo propio, no se desata ninguna tormenta. Es la diferencia entre los que son socios y los que son oposición.

La ‘ley Celaá’ está en el centro de la hoguera. Los ánimos están incendiados. Le espera el Senado. Y una lista de recursos ante el Constitucional y Europa. No se han negociado consensos con la pandemia como biombo que todo lo oculta. De eso se quejan los que se oponen. Si algo ha conseguido esta ley es reagrupar al bloque de centro derecha. Y fraccionar a la izquierda. No es un fenómeno que deba minusvalorarse en un momento en el que el Gobierno de La Moncloa está sufriendo fuertes sacudidas provocadas desde el interior de la vicepresidencia.

El PNV, aprovechando que se ha reforzado como interlocutor, avisa a Sánchez para que se imponga ante un desestabilizador Pablo Iglesias. La pregunta del millón es si el inquilino de La Moncloa se está dejando presionar por Iglesias porque no le queda más remedio o si él ya venía así de fábrica. Rubalcaba ya no nos lo puede contar. Pero el periodista Antonio Caño recoge su pensamiento en un libro recién editado sobre el añorado político. A través del testimonio del catalán Iceta. «Rubalcaba pensaba que Sánchez no era un socialista, un socialdemócrata. No. Lo tenía por un radical de izquierdas». Quizás sea esta la explicación a muchos comportamientos de Sánchez que muchos de los que militan en su mismo partido no entienden.