EL MUNDO 10/02/14
· Urkullu entregó a Rajoy un detallado plan para excarcelar por fases a los reclusos
El plan sobre los presos etarras diseñado por el Gobierno vasco y entregado por Iñigo Urkullu a Mariano Rajoy –desvelado el jueves por EL MUNDO– parte de la base de que, si desaparece ETA, el origen de los problemas también y queda disuelta de forma automática una de las condiciones –la de pertenecer a una organización terrorista– que lastran las mejoras penitenciarias de los reclusos. Partiendo de esta premisa, el Ejecutivo autonómico elabora un plan progresivo según el cual si la banda –ya derrotada operativamente– da algunos pasos, el Estado debe corresponder permitiendo flexibilizar sus condiciones en prisión.
Resulta más que dudoso que el desarme de ETA –que ha anunciado su intención de seguir existiendo tras reconducir recientemente todas sus estructuras hacia el aparato político– implique la ruptura del vínculo de sus miembros con la banda. Incluso aunque ésta desapareciese, los delitos se habrían cometido.
En cualquier caso, el Código Penal establece cuáles son las condiciones para acceder a determinadas mejoras de la situación penitenciaria. Por ejemplo, que un etarra haya cumplido las tres cuartas partes de la condena no le habilita para salir de forma automática, como ha defendido desde siempre la izquierda abertzale y durante mucho tiempo el PNV. La obtención del tercer grado, es decir, de una situación de práctica libertad en la que el etarra preso puede salir de la cárcel durante el día o los fines de semana, aparte de disfrutar de determinados permisos, requiere el pago de la responsabilidad civil a su víctima, que se colabore activamente con las autoridades para procesar a los responsables de otros delitos, el «repudio» de sus actividades, la desvinculación de ETA y su entorno y la petición expresa de perdón.
El plan del Gobierno vasco exige de los reclusos, efectivamente, que firmen lo que denomina una «reflexión autocrítica». Sería un modo de cumplir dichos requisitos sin cumplirlos, es decir, un modo de encontrar una fórmula alambicada para que los reclusos no tengan que firmar una apostasía radical de su naturaleza de etarras. De hecho, se habla de violencia o actividades varias, pero nunca se habla de terrorismo.
Así, la fórmula que el Gobierno vasco ofrece tiene dos partes. Según los presos fueran asumiendo una u otra parte, y junto a los pasos dados por ETA para su desarme, irían aplicándose las cuatro fases de su plan en los 11 grupos en los que divide a los presos. Se hace siguiendo un itinerario específico para cada uno que viene detallado en el cuadro gráfico que acompaña esta información.
El plan arranca con el compromiso inicial de la apertura de un debate autocrítico entre los reclusos que habilitaría de por sí los primeros pasos en flexibilización de política penitenciaria.
La fórmula para las siguientes fases e incluso para la salida de prisión de los detenidos por delitos de sangre sería, según sugerencia del Gobierno vasco, el reconocimiento de que la lucha armada «provocó un sufrimiento injusto» a las víctimas y sus familiares.
A partir de ahí, el preso debería comprometerse a contribuir a la «consolidación definitiva de la paz» y manifestar tres puntos. Primero, la crítica: «Hago pública mi perspectiva autocrítica con las decisiones y procesos que personal y colectivamente condujeron a la conculcación de derechos humanos». Segundo, la «disculpa»: «Reconozco el daño injusto causado a las víctimas; sinceramente lo lamento y expreso mi disculpa». Tercero, la no repetición: «Explicito mi compromiso con los medios exclusivamente pacíficos y democráticos y la oposición al uso de la violencia o a su amenaza».
Es cierto que conseguir que un etarra diga que ETA fue «un mal necesario», cuando los terroristas se jactaban de sus asesinatos, tiene su enjundia, pero no es suficiente para satisfacer las exigencias de la ley. Del mismo modo que las «experiencias de justicia restaurativa», como el encuentro entre víctimas y sus verdugos, es sólo uno de los muchos requisitos, aunque insuficiente por sí mismo, para poder progresar de grado.
Y eso, en el caso de los condenados con el antiguo Código Penal. Los condenados por el vigente han de cumplir 30 años, hagan lo que hagan. Por eso, el documento solicita un «Plan Específico» que incluya los indultos y las decisiones administrativas como única salida.
Este plan es de hace un año y se han producido variaciones. Algunos pasos se han dado y otros no. Una parte de los presos de Nanclares –expulsados por ETA– han visto evolucionar favorablemente su situación, y la doctrina Parot ha sido anulada, sin necesidad de que ETA dé un paso para su desarme. Respecto al grueso de la cuestión, el colectivo de presos hizo público un comunicado el 28 de diciembre en el que parecía aludir a las dos «hipótesis de reflexión crítica» diseñadas por el Gobierno vasco. Reconocían el «sufrimiento y daño multilateral causado», renunciaban al «empleo del método utilizado» y aceptaban la aplicación de la ley, pero siempre que estuviese consensuada y que «no ponga en cuestión nuestro carácter y dignidad política». Fue un paso, aunque insuficiente –incluso para el PNV, según dijeron sus representantes–, que en cualquier caso seguía la línea de orillar la aplicación del Código Penal.
El plan es de marzo de 2013 y el Gobierno vasco asegura que las líneas generales siguen respondiendo a su pensamiento. Por eso, el Ejecutivo de Urkullu ha planteado a Rajoy en varias ocasiones –la última, hace unos días– la necesidad de una flexibilización penitenciaria.