Sin embargo, las elecciones morales ocurren habitualmente en un marco de necesidad y tensión entre múltiples factores y condicionantes. Ello es aún más evidente en el caso de las decisiones políticas, sujetas a la exigencia imperiosa de interacciones para lograr, mantener y expandir el poder, en teoría, para la búsqueda del bien común.

La política ha estado marcada desde siempre por su relación con la ética. En la España de hoy, ríos de tinta han corrido para analizar la posible amnistía a los líderes del procés desde el punto de vista jurídico y constitucional. Vayamos aquí, de forma sucinta, a una reflexión desde una perspectiva de ética política, según las distintas corrientes filosóficas: éticas deontológicas, utilitaristas y de mal menor y, por último, de valores del Estado de derecho.

Aunque Maquiavelo, a quien Shakespeare denominó «el sanguinario Maquiavelo», y Diderot, «apologista de la tiranía», no escribió expresamente que «el fin justifica los medios», la frase, que Napoleón anotó como resumen al final de un ejemplar de El Príncipe, cita: «Triunfad siempre, no importa cómo, y siempre tendréis razón». El extracto literal de la obra de Maquiavelo dice así: «Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos; porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito; y las minorías no cuentan sino cuando las mayorías no tienen donde apoyarse».

Las ideas de Maquiavelo fueron más tarde expandidas y practicadas por el cardenal Richelieu en su Razón de Estado durante la Guerra de los Treinta Años. Junto a Tucídides y el teórico militar chino Sun Tzu, los tres son citados como precursores de la realpolitik al postular que los mandatos éticos y religiosos de sus respectivas culturas eran inútiles para explicar o asegurar el éxito político. Comparten así aspectos de su enfoque filosófico con los actuales del utilitarismo, realismo, pragmatismo y oportunismo.

[Junts comunica al PSOE que no se abstendrá en la investidura de Sánchez: votará únicamente sí o no]

Ese concepto renacentista de razón de Estado se emplea también en Ciencia Política como una justificación que eximiría de respetar los límites de la ética: se estima lícito un mal menor si con ello se evita un mal mayor; desde Enrique IV para acceder y consolidarse en el trono francés con «París bien vale una misa», al siglo XX con la Doctrina Brézhnev en la Unión Soviética, o el dilema de la bomba atómica de Harry S. Truman, todos optaron por justificaciones de razón de Estado o de mal menor.

Truman justificó la utilización de las bombas atómicas sobre Japón en un cálculo de vidas, según el cual salvaron más vidas de las que costaron, aunque tales cálculos y motivaciones están totalmente en entredicho. Así Martin J. Sherwin, autor de American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J Robert Oppenheimer, libro en el que se basa la reciente y exitosa película Oppenheimer, de Christopher Nolan, afirmó: «No, Japón se hubiese rendido de todos modos. Al tirar la bomba atómica, EEUU lanzó al mundo el mensaje de que las armas nucleares eran legítimas en una guerra».

Estas teorías utilitaristas y su justificación ética en política con el Mal menor cristalizaron previamente en Jeremy Bentham y Stuart Mill en los siglos XVIII y XIX y podrían resumirse en «el mayor bien para el mayor número de personas» y en su génesis hay un ideal de bienestar social.

El utilitarismo es una versión del consecuencialismo por el que la bondad o maldad de un acto dependerá de los resultados de nuestra elección. Difieren por tanto de la ética clásica que defiende el valor ético de la acción, de la dignidad del ser humano, independientemente de las consecuencias, y en que las acciones moralmente correctas buscan «hacer el bien y evitar el mal». Y cometer el mal, aunque sea un mal menor, sería contrario a la moral.

«Un funcionario debe también velar porque se haga con integridad, ética y respetando los valores que sustentan el Estado de derecho»

La posición utilitarista en política se ha impuesto hoy día y no debiera ser habitual en las democracias liberales sujetas a un Estado de derecho, ya que llega a justificar la quiebra ética que retuerce la ley en aras de los supuestos resultados o conveniencias. Lógicamente el contexto y los fines condicionan las elecciones reales, pero cabe argumentar la escasa o nula certeza que podemos tener respecto de las consecuencias de los actos no éticos en sí mismos. Otras dificultades de las teorías del mal menor estriban en el sesgo de conveniencia, que aplicamos al resultar beneficiarios de un gobierno o de una acción, y en la ausencia de legitimidad (moral, legal y jurídica o política).

Una buena refutación de estas teorías del mal menor llevadas al extremo podemos encontrarla en Responsabilidad personal bajo una dictadura, de Hannah Arendt: «Políticamente hablando, quienes escogen el mal menor olvidan con gran rapidez que están escogiendo el mal. […] El exterminio de los judíos fue precedido de una serie muy gradual de medidas antijudías, cada una de las cuales fue aceptada». También en el caso Eichmann, artífice de la Solución final para exterminar a seis millones de judíos, quien sin duda debería ser premiado como el mejor funcionario de la historia por su eficiencia y resultados en la aplicación del mandato y leyes del Tercer Reich.

Su profesionalidad, ahorro de costes y atenimiento a las leyes del momento no tienen parangón. Pero obviamente, un funcionario, además de aplicar la Ley, debe también velar porque se haga con integridad, ética y respetando los valores que sustentan el Estado de derecho.

Para quien opine que estos postulados antiutilitaristas son maximalistas o pecan de candidez o rigorismo moral, Max Weber aterrizó la relación entre ética y política profundizando en la validez de los medios para alcanzar los fines. Weber trazó su famosa distinción entre la «ética de la convicción» y la «ética de la responsabilidad». Weber lo resuelve con una condena de la realpolitik: «La política en un cierto sentido es el arte de lo posible, pero no ha sido esa ‘ética del éxito y resultados’ la que ha conformado la cultura pública que apreciamos».

[Opinión: Pedro Sánchez se inventa una Constitución a medida]

Saltando en el tiempo y el espacio, Gregorio Marañón, en sus Ensayos liberales, escribía: «Ser liberal significa estas dos cosas: estar dispuesto a entenderse con quien piensa de otro modo; y no admitir jamás que el fin justifica los medios, sino que, por el contrario, son los medios los que justifican el fin».

El histórico socialista Nicolás Redondo parecía haberse inspirado en Marañón, pero también en Huxley poco antes de su expulsión del PSOE, cuando defendió en varias entrevistas que en política los medios son los fines. Huxley concluyó que los fines no pueden justificar los medios porque los medios usados determinan la naturaleza del fin que es alcanzado: «En rigor, son en verdad más importantes todavía, puesto que determinan inevitablemente la índole de los resultados que se logran».

Frente a todo lo anterior: maquiavelismo, razón de estado, utilitarismo, mal menor, oportunismo o tacticismo (de Tácito, o cálculo entre la conveniencia de la estrategia y la moral), la ética se impone en la concepción del Estado de derecho que nace de la filosofía kantiana.

En Kant desembocan el contrato social y las teorías jurídicas de Rousseau, Locke y Thomas Hobbes para justificar la fundamentación del orden jurídico, como un orden de convivencia en el que se entrelazan la ley, la moral y la libertad.

En el Estado de derecho, la relación Estado-política adquiere una connotación «moral» con el pensamiento de Kant. El componente moderno esencial del Estado de derecho es la política sometida y limitada por el derecho, que da como consecuencia la protección de los derechos individuales y la actuación del gobierno limitada por los derechos ciudadanos a través del pacto y contrato social originario que es la Constitución Política.

«Por desgracia, en España la actuación del Gobierno cada vez cuenta con menor número de contrapoderes e instituciones independientes»

En el dilema ético político que enfrenta la amnistía, el Estado de derecho se impone como la filosofía política por la que todos los ciudadanos e instituciones dentro de un país, Estado o comunidad son responsables ante las mismas leyes divulgadas públicamente, incluidos los legisladores y los líderes. En España, como en Francia, Alemania y Estados Unidos, el concepto de Estado de derecho es análogo al principio de la supremacía de una Constitución que puede reformarse siempre y cuando se haga con las mayorías cualificadas establecidas.

Dado que una amnistía era repudiada hasta ahora por el propio PSOE por inconstitucional (se rechazó en el 78 en las enmiendas y atentaría contra los principios de igualdad ante la Ley, separación de poderes y globalmente contra el Título preliminar de la Constitución), la aprobación de una posible ley, con cualquier nombre de «concordia» o «alivio penal» que se utilice, respondería obviamente a supuestos cálculos de conveniencia y justificación de medios para un fin o de mal menor.

El mal menor sería aquí un daño al Estado de derecho necesario para obtener el bien de la continuación de un «Gobierno progresista». La trampa ética que encierra este dilema es que la disyuntiva es falsa: existen otras opciones como la repetición electoral para no gobernar por siete votos contra medio Parlamento, o bien el consenso entre partidos mayoritarios, cuyo enfrentamiento y exclusión parece expresamente alentado para evitar posibilidad de alternancia a la oposición.

Por otra parte, atendiendo a las consecuencias de esta posición utilitarista, los resultados son impredecibles, ya que la supuesta «pacificación de Cataluña», lejos de producirse, podría dar alas de nuevo a las formaciones que delinquieron y sus partidarios, que verían borrado el reproche penal por imponer un régimen antidemocrático sin mayorías cualificadas. El mal menor es, por tanto, una flagrante conculcación del Estado de derecho, nuestro sistema de convivencia, por lo que el principio de proporcionalidad del daño tampoco se cumpliría.

[Opinión: Si el Gobierno quiere amnistiar a Puigdemont debe reformar la Constitución]

Hoy día, España ocupa la posición 23 en el índice de Estado de derecho creado por World Justice Project por debajo de la mayoría de países europeos, Canadá y Japón, penalizada por los indicadores de «Restricciones a los poderes del Gobierno» y «Justicia civil y penal».

El primero es el pilar clave del Estado de derecho, y se configura como el conjunto de contrapoderes democráticos y sometimiento a la rendición de cuentas. El imperio de la ley no permite excepciones ni un trato preferente a independentistas para alcanzar el gobierno. Estos fueron condenados en una sentencia ejemplar, tras un juicio con máximas garantías de transparencia y procesales, abierta al mundo en streaming y motivada con un altísimo rigor y cualificación jurídica, demostrando la fortaleza de nuestro Estado de derecho.

Por desgracia, en España la actuación del Gobierno cada vez cuenta con menor número de contrapoderes e instituciones independientes, siendo extremamente preocupante la situación de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional y la politización de muchas instituciones, entre las que el CIS es un penoso ejemplo.

Cabe recordar que el artículo 67 de la CE ampara la libertad de voto de los diputados y diputadas que deben velar por el art. 1 de la Constitución: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». No secunden a Maquiavelo. La política sin ética sólo es un sistema para perpetuarse en el poder.

*** Ana Morilla Carabantes es experta en gobernanza e integridad pública.