Ciertamente, hubiese sido un grave revolcón para el Gobierno que la convalidación se hubiera rechazado, sobre todo porque se hubiera proyectado en la Unión Europea una imagen poco seria y rigurosa. Sin embargo, la disposición con rango de ley —y adoptada por el Gobierno por razones de urgencia— mereció no ser convalidada porque, además de resultar unilateral, elaborada sin consulta con los demás grupos de la Cámara siendo un asunto de Estado, reserva todas las facultades sobre la gestión de los fondos europeos al Consejo de Ministros.

No solo hay que ser imparcial en el reparto de estos fondos y en su asignación a proyectos, sino también establecer mecanismos independientes para su asignación que hagan evidente la imparcialidad en su distribución. El Gobierno, como Juan Palomo, se lo guisa y se lo come, cuando otros Estados de la Unión han creado agencias independientes e instancias diferentes a las gubernamentales para abordar sin suspicacias un reparto muy importante de recursos para reactivar determinados sectores de nuestra economía que dotarían al conjunto de la española de valor añadido y expansión.

Sin discutir la probidad de los cargos públicos encargados de gestionar la fase preparatoria a la decisión de la distribución de esas cantidades —este año, 27.000 millones de euros— y sin poner en cuestión, ‘a priori’, que el propio Ejecutivo no se conduzca con el mejor criterio, lo exigible es que esta operación verdaderamente histórica se aborde con criterios amplios, acuerdo general —o muy transversal en el Congreso— y sin la extraña y sospechosa ocultación del informe del Consejo de Estado que, al parecer, opondría reparos de consideración al texto del real decreto-ley del Gobierno.

Ya sabemos que el dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, pero aporta elementos de conocimiento y contraste sobre la buena técnica legislativa y administrativa del Gobierno en su disposición normativa. También proporcionaría —si se conociese— argumentos para el debate y para, en definitiva, haber confeccionado una ley de general aceptación. Merecía la pena, en consecuencia, que pese a los inconvenientes de tumbar una disposición como esta, no se hubiese convalidado obligando al Ejecutivo —esa es la labor de la Cámara legislativa— a redactar otra de acuerdo con criterios de mayor participación de los grupos parlamentarios y mediante un mecanismo de implementación de la gestión de los fondos que no quedase solo en manos del Consejo de Ministros.

Cuesta mucho entender que Vox haya permitido la convalidación de este real decreto-ley —62 páginas que repercuten en un gran número de normas— cuando no era imprescindible que lo hiciera porque era mejor para el Gobierno volver sobre sus pasos que enfrentarse en el futuro inmediato a la impugnación de sus decisiones sobre asuntos tan delicados como las asignaciones de recursos a proyectos diversos. Vox no ha hecho un buen favor al Gobierno, pero tampoco a España —en la que dijo haber pensado Espinosa de los Monteros al abstenerse en la votación—, porque este decreto ley augura encontronazos de gran calibre en los próximos meses, mucho más cuando el Consejo de Estado planteaba —al parecer— tantos reparos a su texto que el Gobierno intenta no darle publicidad, lo que seguramente no conseguirá.

Por fin, plantear en la sesión de control que Vox es un grupo parlamentario con sentido de la responsabilidad haciéndolo el propio presidente del Gobierno es una contradicción demasiado oportunista, poco hábil y que, con el tiempo, se volverá contra él y su Gabinete. Las palabras no se las lleva el viento, sino que quedan indeleblemente reflejadas en el diario de sesiones. Mal Vox, mal el Gobierno y tampoco mucho mejor los socios parlamentarios de la Moncloa (ERC, entre ellos), que debieron exigir al Ejecutivo el abandono de una vez por todas de la unilateralidad con que se comporta en los temas de Estado. Y si alguno lo es, es justamente este del reparto de los fondos europeos. Tenemos un extraño Gobierno de coalición que está a la greña entre sus ministros socialistas y populistas. Y una muy extraña ‘extrema derecha’ (hay que entrecomillarla, en atención a las circunstancias) que recibe los elogios del presidente de un Ejecutivo que, según los dirigentes de Vox, es “social-comunista”, al que ha apoyado en un asunto crucial.

Es fácil abonarse a la teoría de que la abstención de Vox tiene historia. Historia de un error del grupo parlamentario de Abascal. Historia de una estúpida venganza contra el PP. Historia de un filibusterismo o historia de una banalidad circense en un Congreso que cada día parece una especie de ‘escape room’ en la que Vox vota a Sánchez y el presidente elogia a Vox. De locos.