EL CORREO, 2/12/11
La esposa del industrial guipuzcoano Latiegui pretende que la Corte reabra la causa y la juzgue como un crimen contra la Humanidad
Una iniciativa promovida por la viuda de un empresario asesinado por ETA ha permitido denunciar a la organización terrorista ante el fiscal del Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la Humanidad y genocidio en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de forma que los atentados no se declaren prescritos cuando cumplen veinte años, como sucede actualmente en España.
La denuncia, según se hizo público ayer, ha sido presentada por el experto en Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez junto a la víctima de ETA Ramona Garrido, viuda del industrial José María Latiegui, que fue asesinado por la banda el 14 de abril de 1981 en la localidad guipuzcoana de Usurbil, un crimen que ya ha sido declarado prescrito. Para defender su teoría han pedido una reunión con el fiscal de la Corte y tienen previsto desplazarse a La Haya.
El texto se basa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles, que exige la aplicación de la jurisprudencia de Nuremberg dictada en 1948 a todos los crímenes contra la Humanidad posteriores a dicho momento. Los denunciantes creen que las acciones etarras cumplen todos los requisitos de los crímenes contra la Humanidad como «asesinatos cometidos de forma sistemática y generalizada por parte de una organización armada ampliamente implantada en un territorio contra un grupo de población civil perseguida».
Además, se pone como ejemplo el asesinato de Miguel Ángel Blanco o el secuestro de José Antonio Ortega Lara, que consideran fue «una desaparición forzada seguida de detención ilegal en condiciones inhumanas». «Todo ello está recogido desde 1948 en los juicios de Nuremberg, mucho antes de que tales actos se perpetrasen, y es vigente hoy en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional firmado por España», sostienen.
EL CORREO, 2/12/11