Antonio Papell, EL ECONOMISTA, 13/3/12
La inflexibilidad era indispensable por múltiples razones en la reducción del déficit autonómico durante el actual ejercicio presupuestario, en el cual, pese a la oxigenante decisión de Rajoy de limitar el déficit del Estado al 5,8% del PIB, en vez del inalcanzable 4,4% que pretendía Bruselas, habrá que recortar sobre lo ya recortado, afinar sobre lo ya reducido a su mínima expresión. Finalmente, todas las comunidades autónomas han pasado por el aro, salvo Andalucía -aunque el hecho electoral inminente resta significación al rechazo-, con las abstenciones de Cataluña, comprensible, y Canarias, más difícil de comprender. La gran hegemonía del PP en este nivel territorial ha facilitado las cosas, obviamente.
El recorte, que requerirá un esfuerzo desigual según la situación de partida de cada autonomía, obligará a concluir el año con un déficit máximo del 1,5%, lo cual, en algún caso, requerirá un esfuerzo hercúleo. Castilla-La Mancha, por ejemplo, deberá rebajar este parámetro desde el 7,3%, lo que representará un ajuste de 2.200 millones en un presupuesto de poco más de 8.000 millones. Con la particularidad de que ese recorte, y no el estatal, será el que más directamente afecte a los ciudadanos porque son las comunidades autónomas las que gestionan los grandes servicios públicos.
No parece, en definitiva, muy razonable que sean los entes regionales federados -si se permite la licencia del adjetivo, que tiene evidentemente segunda intención- los que hayan de realizar el mayor recorte sin disponer apenas de capacidad recaudatoria y dependiendo por tanto de los recursos cedidos por el escalón superior. Tanto es así que el Gobierno ha tenido que acceder a la demanda de las comunidades en el sentido de revisar las leyes de bases y las normas horizontales en general para permitir a las autonomías que prescindan de determinados servicios no indispensables o que puedan cobrar por ciertas prestaciones que realizan.
Sería, en fin, lógico que se aprovechase la crisis -tan útil para reconsiderar y replantear situaciones obsoletas- para hacer del Estado de las Autonomías un verdadero Estado federal, simétrico en todo lo posible, asimétrico en lo que la Constitución establece -las singularidades forales-, en el que cada uno de los tres niveles recaude y gaste equilibradamente, la solidaridad interterritorial esté establecida mediante reglas claras y la ciudadanía consiga visualizar una correspondencia entre los tributos que paga y las contraprestaciones que percibe. Si se lograra la racionalización, la crisis hubiera dejado al menos una secuela positiva de rigor a nuestro improvisado sistema de organización.
Antonio Papell, EL ECONOMISTA, 13/3/12