Hay una mala noticia para quienes esperan un pronto final de la legislatura, y es que hay muchas posibilidades de que Sánchez resista ocurra lo que ocurra en las elecciones de Cataluña. No sólo porque se haya especializado en mantenerse a flote en aguas turbias o en salpicar de barro a los adversarios para encubrir a su guardia pretoriana corrupta, sino porque el independentismo catalán aún tiene pendientes de cobro bastantes facturas y una agenda de transición soberanista basada en la necesidad de una entente de cooperación mutua. La condonación de la deuda, el concierto fiscal y, en último término, el referéndum de autodeterminación disfrazado de «consulta» son asuntos cuyo curso de negociación desaconseja la ruptura al menos hasta que alguna de las partes se sienta en condiciones de avanzar sin ayuda.

El obstáculo principal (único en la práctica) de ese ‘statu quo’ es la imprevisibilidad de un Puigdemont al que el Gobierno ha rescatado de la marginalidad por imperativo aritmético de sus siete escaños en el Congreso. El prófugo tiene fama de orate pero su golpe de suerte y la desesperación sanchista le han permitido trazar un plan estratégico con más sentido del que cabría suponer a un chiflado a quien ni siquiera sus colegas tomaban en serio desde el estrafalario episodio del maletero. Su legitimación como parte del sedicente bloque progresista le ha dado aliento para erigirse en pieza clave de un ‘procès 3.0’.

Puigdemont llegó a la Generalitat de la mano de las CUPs, una fuerza antisistema que lo escogió a sabiendas de su integrismo secesionista, y nunca ha renunciado a esas ideas como demostró el jueves al presentar su candidatura en Elna, una localidad occitana a pocos metros de la frontera. Ahora se siente dueño de la situación, y durante un tiempo compartirá con Esquerra, sin abandonar la pugna interna, la prioridad de ir arrancando al Estado medidas que desactiven su capacidad de defensa y desbrocen la ruta confederal hasta dejarla a un paso de la independencia. Por eso de momento le interesa, en teoría, sostener al actual Ejecutivo mientras pueda. Pero si las cosas se le complican, lo dejará caer para lanzarse a tumba abierta contra una España gobernada por la derecha.

En ese contexto, la continuidad de Sánchez pasa por ganar tiempo de poder a cambio de nuevas contrapartidas. El pacto de privilegios fiscales se puede dar por hecho, bajo alguna fórmula más o menos explícita, y luego el Ejecutivo buscará el modo de encajar la votación autodeterminista envuelta, como la amnistía, en ambigüedades jurídicas e interpretaciones constitucionales imaginativas. Cuando concluya la gincana electoral de esta primavera empezarán a ponerse las cartas boca arriba. Y quedará claro, si no lo estuviera todavía, que la ley de impunidad sólo representa para los separatistas la fianza del alquiler –temporal– de la finca monclovita.