La Fiscalía abre diligencias a Arraiz por posible enaltecimiento del terrorismo

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha decidido abrir diligencias para investigar si las controvertidas declaraciones pronunciadas por el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, en las que reivindicó la trayectoria de Herri Batasuna y rechazó hacer autocrítica de su pasado de dependencia a ETA, pueden constituir un delito de justificación o enaltecimiento del terrorismo. A instancias de una denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite), Calparsoro confirmó ayer el inicio de un expediente en el que solicitará la transcripción literal de las manifestaciones de Arraiz y analizará si es necesario citarle o no a declarar. La apertura de este procedimiento fue interpretado en la izquierda abertzale como «un intento nostálgico de volver a los tiempos de las ilegalizaciones».
Hasier Arraiz se ha colocado en el centro de la polémica por el discurso realizado esta semana en Bilbao en un acto con militantes del partido, con motivo de los homenajes a los representantes de HB Santiago Brouard y Josu Muguruza, asesinados en sendos atentados de los GAL y la extrema derecha, respectivamente. Interpelado por un espectador sobre la exigencia de autocrítica que se plantea desde el resto de partidos, el presidente de Sortu consideró «hoy más que nunca acertada» la decisión adoptada por HB «hace 35 años» de no participar «en un juego que no tenía nada de democrático». «Y no estamos dispuestos a rechazar ni a revisar nada de aquello. Reivindicamos con todos nuestros errores lo que fuimos y lo que somos, y lo que hemos hecho y lo que hacemos», subrayó el parlamentario.

Un análisis «político»
De esta forma, aludió a la estrategia de la izquierda abertzale de dar la espalda a las instituciones en plena Transición, en una maniobra que le llevaría a compaginar durante años la lucha política con la ausencia de condena de la violencia en la consecución de sus objetivos. Una connivencia que llegó a aflorar formalmente en la ponencia Oldartzen, aprobada por HB en 1994 como una apuesta por la «socialización del sufrimiento», pero que ha quedado al fin rota en la constitución de Sortu, cuyos estatutos defienden las vías «exclusivamente políticas y pacíficas» en un intento por acabar con las «dependencias» del pasado.
Las declaraciones de Hasier Arraiz fueron censuradas de forma unánime por el resto de partidos al considerarlas la expresión del apoyo dado por la izquierda abertzale a ETA. El PNV, PSE y PP arremetieron contra el dirigente por negarse a rechazar ese pasado, mientras que UPyD reclamó la ilegalización de Sortu.
Por el contrario, la coalición asumió las palabras de su presidente y señaló que se trataba de «un análisis político» sobre HB, sin alusiones a la «lucha armada». Covite, por su parte, presentó el miércoles una denuncia ante la Fiscalía al entender que Arraiz habría incurrido en un delito de «justificación» de ETA, penado en el artículo 578 del Código Penal, por «reivindicar objetivos, actividades y método de actuación» de la banda.
El portavoz de la coalición, Pernando Barrena, consideró ayer «inaudita» la decisión de la Fiscalía de abrir diligencias a su compañero de filas y reclamó a Calparsoro que «deje de jugar a hacer política y se dedique a velar por el interés público, que está con quienes quieren hacer viable el proceso de paz». En esta línea, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga denunció que la apertura de una investigación a Arraiz muestra «la falta de condiciones mínimas para salvaguardar derechos básicos».
El fiscal superior reconoció que Sortu «está en su derecho» de criticar su actuación, de la que recordó que habrá que esperar para saber «qué recorrido tiene».