La iniciativa de juzgar a los jefes de ETA, la tríada Antza, Amboto y Rentería, por el asesinato de Miguel Ángel Blanco es de éxito improbable por más que se trate de un intento sugestivo. La figura de la autoría mediata, un resquicio legal para condenar a quienes dictaban las órdenes y la estrategia del terrorismo, choca en este crimen concreto con el plazo de prescripción del delito, que un fiscal de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil tratan de sortear mediante una interpretación encuadrable en el concepto de ‘Derecho creativo’. Pero la relevancia simbólica de la causa merece siquiera la apertura de un debate jurídico, y por eso no se entiende –y si se entiende es peor– que la Fiscalía General se apresure a darle carpetazo revocando el criterio del encargado del caso y asumiendo las tesis de la defensa de los imputados. Si un juez abre diligencias y recaba informes, testimonios y datos porque considera que hay un margen técnico razonable para que la justicia haga su trabajo, la obligación del Estado es darle respaldo o al menos no sabotearlo. Que es lo que ha hecho el sustituto de Dolores Delgado en el preestreno de su flamante cargo.

Cada vez que se plantea alguna vía judicial con posibilidades de estrechar el campo de impunidad de los etarras y ofrecer a las víctimas una cierta esperanza, el Gobierno mueve sus hilos en dirección contraria. La ‘longa manus’ de la Fiscalía tiende, ‘in dubio pro ETA’, a escoger las calificaciones penales más blandas. Los tribunales ya han tenido que revocar varias veces la concesión infundada de beneficiarios penitenciarios por el Ministerio de Marlaska. Algunos jueces de la Audiencia, pertenecientes al llamado sector progresista, administran absoluciones que el Supremo rechaza (hasta tres en las cinco últimas semanas). Los acercamientos de presos se producen ya de forma semiautomática, sin más trámite que la firma de un formulario de contrición abstracta. Y todo eso ocurre en paralelo a una alianza parlamentaria culminada en la redacción conjunta de la Ley de Memoria Democrática. Pensar mal al respecto es más acierto que mera suspicacia.

Lo más grave es que ni siquiera hay contrapartidas por parte de Bildu. Al revés, el mundo batasuno se jacta de su peso específico como nuevo socio preferente del sanchismo, coloca a los más recientes líderes de la banda en su núcleo directivo y persiste en homenajear –«con amor» han dicho– a criminales convictos. En el debate sobre el estado de la nación, su portavoz se permitió dar lecciones de legitimidad sin que el presidente respondiera con el mínimo de dignidad que requería el desafío. Por una razón inexplicable dado el continuo retroceso electoral de su partido, Sánchez ha unido su destino a la formación más detestable y detestada del arco político. Lo más doloroso es que haya togas dispuestas a comprometer su prestigio en ese servicio.