La juventud de las nueve personas procesadas por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad de Alsasua (Navarra), el pasado 15 de octubre, es uno de los motivos que esgrimió ayer el Ministerio Fiscal para pedir a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mantener en prisión provisional comunicada y sin fianza a los detenidos desde el pasado 14 de noviembre.
El fiscal José Perals considera que el hecho de que sean jóvenes, con edades comprendidas entre los 19 y los 24 años, incrementa el riesgo de fuga, ya que su arraigo es menor. Perals ya informó a la juez instructora del caso, Carmen Lamela, a favor de aplicar la medida cautelar de prisión provisional, advirtiendo de que «existen indicios que permiten apreciar la existencia de un posible delito de terrorismo». Según el fiscal, «se trata de graves hechos delictivos contra la integridad física de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad».
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, tribunal presidido por Ángela Murillo, celebró ayer una vista para debatir los recursos de apelación interpuestos por los abogados de los detenidos contra los autos de prisión dictados por Lamela. A expensas de que se conozca la resolución del tribunal –no hay fecha para ello–, los nueve procesados –siete hombres, todos en prisión, y dos mujeres, en libertad con cargos– comparecerán hoy, a través de videoconferencia, ante Lamela para ser informados de los delitos de los que se les acusa, poniendo así fin al procedimiento de instrucción previo al auto de apertura del juicio oral.
Los siete detenidos que están en prisión son Jokin Unamuno Goicoetxea, Adur Ramírez de Alda Pozueta, Aratz Urrizola Ortigosa, Julem Goicoechea Larraza, Jon Ander Cob Amilibia, Iñaki Abab Olea y Oihan Arnanz Ciordia. Las dos mujeres procesadas que están en libertad son Ainara Urquijo Goicoechea y Aritz Urdangarín Cano.
El pasado 22 de noviembre, la juez Lamela dictó un auto de procesamiento considerando «indiciariamente acreditados» los delitos de los que se les acusa. En concreto, un delito de terrorismo en concurso con delitos de atentado, lesiones, provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos, con penas que podrían superar los 15 años de prisión.
Los dos guardias civiles y sus parejas fueron insultados y amenazados con expresiones tales como: «Esto os pasa por venir aquí», «Tenéis lo que os merecéis», «Perros», «Putos picoletos», entre otras, según el relato de los hechos que hizo la juez en el citado auto. En este sentido, Lamela no pasó por alto advertir de que la «única causa por la que fueron insultados y golpeados» los presuntos agredidos fue «única y exclusivamente» porque los agresores conocían su condición de guardias civiles.
«Los actos reflejados se desarrollan dentro del ambiente del movimiento Alde Hemendik, cuyo objetivo principal desde sus inicios (1998-1999) es la negativa a la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de las Fuerzas Armadas, en la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco», alegó la juez en el auto de procesamiento. Lamela enmarcó los hechos «dentro de la campaña de acoso a los agentes de la Guardia Civil».