ABC – 25/06/15
· Sus tuits supondrían descrédito, humillación o menosprecio para las víctimas del terrorismo.
La fiscal de la Audiencia Nacional Blanca Rodríguez pidió ayer al Juzgado Central de Instrucción número 1, cuyo titular es Santiago Pedraz, la imputación del concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata por los tuits que escribió el 31 de enero de 2011 en los que se mofaba de Irene Villa, víctima de ETA, y del holocausto judío. «Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcasser para que no vaya Irene Villa a por respuestos»; «¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero», escribió el querellado.
Considera Rodríguez que esos mensajes encajan con el artículo 578 del Código Penal que castiga «la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares» y por ello pide que se le tome declaración como imputado. Poco después de conocerse la solicitud del ministerio público, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, sugirió que éste había actuado siguiendo las órdenes del Gobierno.
Libertad de expresión
Con la decisión de la Fiscalía, pues, el caso Zapata deja de ser de ámbito estrictamente político para ventilarse también en el penal. Fue la Asociación Dignidad y Justicia la que primero movió ficha y el pasado día 13 presentó denuncia contra el concejal por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo o de sus familiares, que está castigada con hasta dos años de prisión. Ahora la fiscal considera que «es evidente que las expresiones proferidas (por Zapata) responden a los criterios que el Tribunal Supremo ha fijado» para que se puede condenar por ese delito.
Esos criterios, recuerda el ministerio público, son el «descrédito», entendido como «la disminución o pérdida de la reputación de las personas o del valor y estima de las cosas», el «menosprecio, como poco aprecio, poca estimación, desprecio o desdén y humillación, como herir el amor propio o dignidad de alguien, siempre referido a las víctimas del terrorismo o de sus familiares, fórmula a través de las cuales –recuerda la fiscal– se trata de perseguir conductas de quienes calumnian o humillan a las víctimas, al tiempo que incrementan el terror de sus familiares».
La Fiscalía es consciente de que «esta punición puede constituir una restricción a la libertad de expresión», pero considera que tal como establece el Tribunal Supremo esto «no es solo legítimo, sino necesario, por cuanto la humillación o desprecio de las víctimas afecta directamente a su honor y a su diginidad».
Concluye Blanca Rodríguez que «la conducta desarrollada por el querellado podría incardinarse en el tipo fijado en el Art. 578 del Código Penal, al ser el contenido del mensaje objetivamente vejatorio y humillante para la destinataria víctima del terrorismo en particular y en general para todas las víctimas que de una forma u otra lo han sido del terrorismo de la organización terrorista ETA».
Juego de palabras
La decisión de la Fiscalía no dejó indiferente a nadie. Pablo Iglesias, líder de Podemos, consideró que al ministerio público «debería preocuparle más las cuentas en Suiza y en Andorra que las cuentas de Twitter», un juego de palabras facilón que por otra parte ya había utilizado su formación en varias ocasiones. Esta vez la novedad estuvo en el comentario de Iglesias en el sentido de que respeta la actuación de la justicia, aunque recordó, eso sí, que la Fiscalía «depende jerárquicamente del Gobierno». Por supuesto, salió en defensa del concejal y calificó de «ejemplar» su comportamiento por haber perdido perdón a todos los que hubiera podido ofender.
ABC – 25/06/15