ABC – 01/10/15
· Rajoy: «Es falso y profundamente injusto atribuir la decisión al Gobierno».
La Fiscalía catalana salió ayer al paso de las críticas que recibió el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que instruye la querella por la consulta del 9-N, Joan Manuel Abril, por citar como imputado al presidente Artur Mas dos días después de las elecciones autonómicas. También terció sobre el asunto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el propio Artur Mas, entre otros.
En una nota rubricada por el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada –quien firmó también la querella por el 9-N–, la Fiscalía catalana considera que habría sido «poco sensato» que el juez que investiga este caso hubiera interrogado al presidente Mas «en pleno proceso de formación de la voluntad popular», en campaña electoral. De ahí que vea adecuado que el TSJC haya respetado el «proceso electoral» y le haya imputado por desobediencia tras el 27-S.
La Fiscalía catalana considera que atribuir una «intencionalidad política» a la fecha fijada por el magistrado para interrogar a Mas, el próximo 15 de octubre, relacionándola «con presiones de otros poderes del Estado e incluso con connotaciones históricas (coincide con el 75 aniversario del fusilamiento de Lluís Companys), atenta gravemente contra la independencia del Poder Judicial y contra el propio sentido común».
«Frivolidad»
«Es lamentable la frivolidad y encarnizamiento con que se está criticando su labor estricta y rigurosamente técnica», añadía la nota.
La Generalitat, así como partidos y asociaciones independentistas, calificaron de «juicio político» las imputaciones de Mas, la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la exconsejera de Enseñanza, Irene Rigau. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, contribuyó a darles munición. Se prestó a interpretar públicamente los motivos que llevaron al TSJC a citar a Mas tras el 27-S, lo que alimentó las suspicacias de quienes ven al Gobierno detrás de la decisión judicial. «El TSJC ha tenido cuidado de no mezclar los tiempos jurídicos y políticos», dijo Catalá.
El presidente Rajoy quiso zanjar ayer la cuestión y, tras unos días esquivo con la prensa, se paró en los pasillos del Congreso para atenderla. «Quisiera aclarar una cosa que en condiciones normales no requeriría ningún pronunciamiento público por mi parte ni del Gobierno: es falso y profundamente injusto atribuir esta decisión judicial al Gobierno», sentenció.
El principal aludido, Mas, habló por primera vez de su imputación y acusó al Gobierno –«rabioso, torpe, incapaz de dialogar y herido en su orgullo»– de presionar a la Fiscalía General del Estado para que presentara la querella por el 9-N. El «president», además, avanzó su estrategia de defensa ante el TSJC. Negar que hiciera algo ilegal… sin negar que desafiara al Gobierno y al Tribunal Constitucional (porque eso es lo que le legitima como mártir del secesionismo). «Legalmente no desobedecí. Políticamente, hubo una rebelión democrática: pusimos las urnas», cuadró.
La imputación de Mas también ha sido llevada a Europa, de la mano de Pablo Iglesias. El líder de Podemos, junto al también eurodiputado de ICV Ernest Urtasun, ha registrado una pregunta en la que pide a la Comisión Europea (CE) que opine de una imputación «por criterios políticos partidistas». Asimismo, los eurodiputados de ERC, CDC y UDC han pedido a la CE una reunión para hallar «soluciones europeas» a las imputaciones del 9-N.
ABC – 01/10/15