EL PAIS – 16/05/16
· El fiscal Juan Calparsoso considera que las declaraciones se enmarcan en la «libertad de expresión».
· El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha solicitado el sobreseimiento libre de la causa contra el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, acusado de un supuesto delito de injurias graves por hacer un llamamiento a dar «jaque mate» a la Guardia Civil.
La Fiscalía ha pedido que se archive la causa al considerar queArraiz actuaba «en el ejercicio de la libertad de expresión», una de las «libertades públicas que reconoce la Constitución». El dirigente abertzale animó a dar «jaque mate» a la Guardia Civil en una conferencia de prensa el 12 de enero del 2015 en San Sebastián, horas después de que se iniciara la operación Matecontra el denominado frente de cárceles de ETA, que se saldó con 16 detenidos, entre ellos 12 abogados.
El pasado 26 de abril, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dio traslado a las partes para que, en un plazo de diez días, solicitaran la apertura de juicio oral contra el encausado, formulando escrito de acusación o sobreseimiento, o en su caso, pidieran aquellas diligencias que consideren indispensables para formular acusación.
El auto del magistrado Roberto Sáiz destacaba «la clara correspondencia» entre el contenido y los fines de las declaraciones del acusado con «los mensajes de ETA», que asesinó a más de 300 miembros de las Fuerza de Seguridad del Estado, de los que más de la mitad eran miembros de la Guardia Civil.
El fiscal Calparsoro señala en su informe que la expresión utilizada por Arraiz «no contiene ningún componente que sobrepase los límites del ejercicio de la libertad de expresión, cuando además corresponde a un parlamentario» y en un tema «de interés general o público».
Con este pronunciamiento, el fiscal superior vasco varía la posición que defendió hace un año, cuando no se opuso a la admisión de la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia. Entonces sí apreció indicios de que dichas palabras pudieran constituir un delito contra las instituciones del Estado.