Así de contundente se muestra la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el escrito de acusación que dirigió, ayer, a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en relación al caso de las ocho personas acusadas de un presunto delito de terrorismo por los hechos investigados en la localidad navarra cometidos contra los agentes de la Guardia Civil y sus parejas.
El fiscal José Perals, encargado de esta causa, considera que la finalidad fue «generar terror en parte de la población» y reclama a la Sala 50 años de cárcel para siete de los ocho acusados, tras atribuirles cuatro delitos de lesiones terroristas. En concreto, pide 12 años y seis meses de cárcel por cada delito.
Conviene precisar que a uno de los siete le acusa también de un delito de amenazas terroristas, reclamando por él otros 12 años y seis meses y subiéndole así la pena a los 62 años y medio. Se trata de Oihan Arnanz Ciordia. Es más, sólo a uno de los ocho acusados le atribuye un único delito, el de amenazas terroristas. Es el caso de Ainara Urquijo Goicoechea, para la que reclama 12 años y seis meses de cárcel. El resto de acusados son Jokin Unamuno Goicoetxea, Adur Ramírez de Alda Pozueta, Aratz Urrizola Ortigosa, Julem Goicoechea Larraza, Jon Ander Cob Amilibia e Iñaki Abab Olea. En total, la petición es de 375 años de cárcel para los ocho acusados.
En caso de que el tribunal no acepte las penas solicitadas por la Fiscalía, Perals propone a la Sala condenas de 30 años y seis meses de cárcel para Arnanz Ciordia; mantiene los 12 años y medio para Urquijo Goicoechea; y rebaja la pena del resto a los 18 años.
El escrito de Perals llega siete meses después de que la juez instructora de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, procesara por terrorismo a los detenidos, acusándoles de un presunto delito de terrorismo en concurso con delitos de atentado, lesiones, provocación a la discriminación, odio o violencia contra grupos.
Los acusados agredieron, presuntamente, a los dos agentes y a sus parejas en un bar de la localidad navarra al grito de «Iros de aquí, que os vamos a matar por ser guardias civiles» o «Esto os pasa por venir aquí, iros de aquí, hijos de puta picoletos, cabrones txakurras», según consta en el citado escrito.
El pasado noviembre, la juez les envió a juicio después de considerar que los hechos investigados estaban «indiciariamente acreditados». En el documento presentado a la Sala de lo Penal, la Fiscalía deja constancia de que el movimiento Alde Hemendik –su traducción al castellano es «Qué se vayan de aquí»–, creado a finales de los años 90 contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sigue vivo pese al cese definitivo de la actividad armada declarado por la organización terrorista ETA, el 20 de octubre de 2011.
«Dicha organización y la izquierda abertzale mantienen en la práctica las mismas reivindicaciones que ETA ha venido exigiendo a los Gobiernos de España y Francia a lo largo de su existencia, figurando entre ellas la histórica reivindicación de la expulsión del País Vasco y Navarra de los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado», advierte Perals en su escrito.
En este sentido, el fiscal no pasa por alto que «el cambio de estrategia diseñado por ETA» desactivó la violencia terrorista, pero «no ha sucedido lo mismo» con la actividad permanente de la campaña Alde Hemendik, movimiento en el que este procedimiento judicial enmarca los hechos investigados.
Su «finalidad», advierte el Ministerio Fiscal, es «la expulsión» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del País Vasco y de Navarra. La Fiscalía resalta, además, que «la no contemplación de estos preceptos por parte de algún ciudadano le convierte automáticamente en afín al cuerpo [a la Guardia Civil] y, por tanto, en cualquier momento tanto su persona como sus bienes, o incluso sus vinculaciones directas, pasan a convertirse en objetivo de la dinámica Alde Hemendik».
Dicho esto, el fiscal recuerda que es a partir de 2011 cuando empezaron a incrementarse las acciones de «presión y hostigamiento» contra la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra. En concreto, señala las localidades de Alsasua, Leiza, Estella, Arbizu, Lecumberri o Puente La Reina. En cuanto a Alsasua, destaca que desde 2012 se tiene conocimiento de actos enmarcados en la dinámica de ir contra la Guardia Civil.
El fiscal Perals enumera cuatro actos vinculados a Alde Hemendik que se produjeron, en 2016, en Alsasua, antes de que se sucedieran las agresiones a los guardias civiles. Precisamente, el escrito destaca la presencia de dos de los acusados – Unamuno Goicoetxea y Ramírez de Alda Pozueta– en esos eventos y les vincula con «actos relacionados con el día del Pilar, al objeto de intimidar y coaccionar con su sola presencia a los vecinos de Alsasua que quisieran asistir a los actos».
El pasado 1 de junio, el Tribunal Supremo vio en el caso un posible delito de terrorismo y decidió otorgar la competencia sobre el asunto a la Audiencia Nacional y no a la Audiencia Provincial de Navarra.