ABC – 22/11/14
· El fiscal Superior de Cataluña rectifica y presenta el mismo escrito que Torres-Dulce redactó dos días después del 9-N.
Doce días después de la consulta ilegal celebrada por el Gobierno de la Generalitat, la Fiscalía presentó ayer finalmente en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la querella contra los que considera los responsables del 9-N: el presidente de la Generalitat, Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau.
Todos ellos habrían cometido los delitos de desobediencia continuada, prevaricación, usurpación de funciones judiciales y malversación de fondos. Entre otras diligencias, el Ministerio Público solicita que, una vez admitida a trámite la denuncia, se les llame a declarar como imputados, «paseíllos» que podría aprovechar el presidente de la Generalitat para «internacionalizar» el victimismo nacionalista.
El escrito de la Fiscalía, cuyo contenido adelantó ayer ABC, es prácticamente idéntico al borrador de querella que había preparado la Secretaría Técnica del órgano dos días después de la consulta. En esta ocasión sí la firma el fiscal Superior de Cataluña. José María Romero de Tejada se había negado a tramitar la anterior querella porque ninguno de los nueve fiscales superiores del TSJ veían indicios de delito en la actuación de los miembros de la Generalitat. El nuevo escrito también ha salido de la Fiscalía General, pero, tras el aval de la Junta de Fiscales de Sala a Eduardo Torres-Dulce, a Romero de Tejada no le quedaban muchas más opciones que la de suscribir el texto. Eso, o presentar su dimisión.
Principio de jerarquía
Ahora se abre un nuevo escenario en el TSJC, pues la Fiscalía Superior de Cataluña tendrá que elegir cuál de sus nueve fiscales –incluido el superior– se encargará de defender la denuncia contra el presidente y los otros dos altos cargos del Gobierno autonómico. Por el principio de jerarquía que rige en el Ministerio Público, el fiscal que defienda la querella deberá acatar las indicaciones de sus superiores, según señalaron fuentes jurídicas. En el escrito que la semana pasada remitieron a Torres-Dulce, estos nueve subordinados advirtieron de la existencia de «indeseadas áreas de impunidad» si se centraba en un delito de desobediencia común la respuesta penal contra Mas por el 9-N. Tras este pronunciamiento es previsible el escaso entusiasmo con el que cualquiera de estos fiscales defenderá la denuncia.
Pero la intervención de la Fiscalía en este procedimiento está supeditada desde ahora a la admisión a trámite de la querella por parte de los jueces del TSJ, una opción que tiene tanto peso como la contraria. Y es que, paradójicamente, existe cierto temor en la Fiscalía a que el tribunal se base precisamente en los argumentos de los nueve compañeros díscolos para sostener una posible inadmisión.
En cualquier caso, los jueces del TSJC se tendrán que pronunciar en algún momento sobre los hechos objeto de esta querella y sobre la responsabilidad penal de Mas en ellos: este tribunal acumula ya doce denuncias contra el presidente de la Generalitat, y dar un portazo a todas ellas sería cuanto menos sospechoso. Salvo que al tratarse de los mismos hechos decidieran acumularlos y resolver sobre todas a la vez. A partir de la próxima semana se despejará esta incógnita.
La columna vertebral de la querella de la Fiscalía es el delito de desobediencia, como apuntó ABC ayer. Los tres querellados se «negaron abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución», pues organizaron el proceso participativo pese a la suspensión del Tribunal Constitucional (TC).
«Camuflada retórica»
La Fiscalía insiste en que Mas, Ortega y Rigau sabían que la consulta, que luego llamaron «proceso participativo» –en una «camuflada retórica al servicio del incumplimiento»–, había sido suspendida por el Constitucional. Aclara que no es necesario que la negativa del Gobierno autonómico a cumplir la decisión del Tribunal fuese expresa, pues «esa voluntad puede deducirse tanto en comportamientos activos como omisos, expresos o tácitos».
El Ministerio Público recuerda que fue «una consulta planificada, auspiciada y financiada» por la Generalitat y que el contenido de la suspensión «no dejaba margen a la duda». Pese a ello, los querellados la alentaron de manera «personal y directa».
Respecto a la usurpación de atribuciones judiciales, la Fiscalía argumenta que los querellados, con sus decisiones y participación en diferentes actos, «han obstruido la vigencia de los mandatos del TC en una parte sustancial del territorio nacional».
ABC – 22/11/14