IGNACIO GORDILLO-El Mundo
El autor reivindica la labor de los fiscales en nuestro país, ejemplo de defensa total de la Constitución, y en concreto subraya su importante papel para juzgar a los líderes secesionistas de Cataluña.
El Ministerio Fiscal está dentro del Poder Judicial con autonomía funcional propia. Es una parte imparcial que actúa en el procedimiento y siempre bajo los principios de legalidad e imparcialidad. Como establece el artículo segundo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, «es un órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial».
Durante muchos años hemos visto que ha sido cuestionada su independencia por el hecho de que el fiscal general del Estado sea designado por el Rey a propuesta del Gobierno. Siempre ha sido un aspecto muy difícil de entender para los ciudadanos. Igualmente, la actuación de algún fiscal general que dio órdenes intolerables a los fiscales, como las que recibió el autor de este artículo al interesar la libertad de los presos preventivos en la causa de los GAL como «órdenes del Gobierno», y que no fueron en favor de la independencia del Fiscal.
Por el contrario, si teníamos alguna duda, la reciente actuación de los fiscales en la causa del procés, seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha venido a certificar, de una vez para siempre, que el Ministerio Fiscal es un órgano integrado en el Poder Judicial con independencia en sus funciones, con sujeción única y exclusiva ante la Ley y ajeno totalmente a cuestiones políticas.
Los fiscales del Tribunal Supremo, al responder a las cuestiones previas presentadas por los defensores de los procesados golpistas, han dejado de forma clara y contundente que:
«El derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español»…
«No hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional»…
«No hay una soberanía catalana, hay una soberanía del pueblo español. El derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español»…
«La actividad política no es una patente de corso que justifique la comisión de acciones delictivas. El objeto de este proceso no es el independentismo»…
«Lo que se enjuicia es un plan concertado, minucioso y pluriconvergente para llevar a cabo un alzamiento violento y público para desafiar el orden constitucional»…
«Éste es el juicio del triunfo de la democracia»…
«Nadie es perseguido por sus ideas sino por sus acciones»…
«(Quisieron) expulsar la Constitución y el Estatuto por una legalidad paralela»…
«Cualquier persona es libre de discrepar de la Ley pero no puede desobedecerla»…
Sería interesante que Europa tuviera conocimiento de los graves hechos que se están enjuiciando ante el Tribunal Supremo con el fin de evitar la denegación de las euroórdenes por parte de algunos tribunales alemanes o belgas, como ha ocurrido recientemente.
Por todo ello, los españoles tenemos que agradecer a todos los fiscales por su total entrega al delicado trabajo que tienen, por su defensa del Estado de derecho, por su defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico, así como por su moderación y equilibrio en el amparo de la legalidad vigente.
No debemos olvidar que el Ministerio Fiscal representa la acusación pública, pudiendo iniciar la acción penal por delitos públicos o semipúblicos. Los delitos privados son única y exclusivamente perseguibles a instancia de la persona agraviada (mediante la correspondiente querella). Actualmente, en nuestro Código Penal se consideran delitos privados única y exclusivamente la injuria y la calumnia entre particulares.
Pues bien, como hemos dicho, la Fiscalía inicia el proceso penal mediante denuncia o querella, aunque también pude iniciarse de oficio a través de atestado policial. En el caso del procés, fue el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, representando al Ministerio Público, quien a través de querella inició la causa penal compareciendo en todas las fases del proceso (instrucción, fase intermedia y fase del juicio oral). Y así, garantizando el cumplimiento de todas las garantías constitucionales y ejercitando la acción penal, actúa en defensa de los intereses de la colectividad. El resto de acusaciones, tanto la acusación particular, en la presente causa a través de la Abogacía del Estado, como la acusación popular, representada por un partido político, actúan además con otras finalidades diferentes y generalmente más partidistas. Sería interesante plantearse en un futuro si se debe permitir a los partidos políticos acudir al proceso como acusación popular, ya que es algo que desvirtúa la esencia del proceso penal.
Desde que comenzó el juicio del procés, son muchas las personas que se han acercado a los fiscales para agradecer la postura que están teniendo en dicho juicio. Y no es para menos. Hay que recordar que estamos ante unos hechos muy graves que comenzaron en el año 2012 con la firma del Acuerdo para la Transición Nacional y que, como señala el escrito de calificación de la Fiscalía, «los acusados dirigieron, promovieron y participaron activamente en la ejecución de una estrategia perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de República segregándola así del Reino de España».
LA APROBACIÓNde la Ley de Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad jurídica hacia la República del 6 y 7 de septiembre de 2017, ambas suspendidas y después anuladas por el Tribunal Constitucional, fueron el primer paso para la rebelión que concluyó con la celebración del día 1 de octubre de ese mismo año del referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia y declaración de la República el 27 de octubre.
El compromiso con la Constitución del entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fallecido en Argentina, en viaje de trabajo y firmante de las iniciales querellas contra los golpistas, fue el inicio de la causa que ahora se está enjuiciando ante el Tribunal Supremo. Sirvan estas líneas como homenaje permanente al fiscal Maza.
Es un enorme orgullo pertenecer a la carrera fiscal, aunque en la actualidad no esté en activo. El trabajo de los fiscales en muchas ocasiones no es bien entendido por la ciudadanía, pero su único fin es siempre la defensa de la Ley. Son un ejemplo total en la defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico vigente. Por eso son los mejores defensores de la unidad de España.
Distinta es la institución de la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia y actúa con otras finalidades más políticas que jurídicas.
Por todo ello, a los fiscales, a todos los fiscales: muchas gracias por vuestra actuación diaria y por vuestro ejemplo. Tenéis el reconocimiento de todos los españoles.
Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés es abogado y ex fiscal de la Audiencia Nacional.