EL CORREO-CARLOS FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE
A través de la plataforma Gure Esku Dago, el nacionalismo vasco convoca a la ciudadanía a una consulta «soberanista» en San Sebastián, Irún, Zalla, Balmaseda y Alonsotegi. En el Ayuntamiento donostiarra, PNV y EH Bildu aprobaron una moción para llamar a la ciudadanía a participar en ella. La consulta se celebra a los ocho días de que se haya conmemorado en Euskadi el Día de la Memoria. Sólo una vez, de las víctimas del terrorismo. Después, de todo tipo de víctimas para no poner el foco en las causadas por el terrorismo nacionalista de ETA, que no son sólo los asesinados sino muchos miles más: heridos, mutilados, secuestrados, extorsionados, desaparecidos, amenazados, desterrados. Esa realidad que el Gobierno vasco quiere diluir en la amalgama de las «víctimas de la violencia» para ocultar la responsabilidad del nacionalismo vasco, que la tiene.
Coincidencia inoportuna porque tanto el acuerdo de PNV y EH Bildu como la propia consulta, si algo ponen de manifiesto, es su incompatibilidad con lo acontecido en la sociedad vasca tanto por obra del terrorismo de ETA como del modo en el que se comportó el nacionalismo que, sin matar, recogió las nueces; motivos ambos por los que tanto la consulta como la pregunta –«¿quieres que la ciudadanía vasca decida su futuro político por sí misma y libremente?»– están contaminados.
Es más, tanto la consulta como la pregunta y el acuerdo invitando a participar en ella no dejan de ser una burla a la memoria de lo acontecido, toda vez que fue en aras de ese objetivo soberanista que ETA asesinó, persiguió, desterró y exterminó a tantos ciudadanos no nacionalistas –representantes legítimos de una parte significativa de la sociedad vasca, incluidos– privando, también, a esos miles de ciudadanos de su libertad a la hora de realizar su elección. En otros términos, nunca pudieron decidir su futuro político por sí mismos ni libremente. Ahora, quienes formaron parte de la misma, colaboraron activamente con ella o la apoyaron, orgullosos de su pasado victimizador y sin reconocer todavía el daño causado, tienen la osadía de apoyar una consulta y una pregunta manipuladas como consecuencia de su complicidad en lo acontecido.
En este contexto, el eje central de la celebración del descafeinado y diluido Día de la Memoria, organizado por el Gobierno vasco ha sido la revisión crítica de lo hecho por la sociedad en las últimas décadas en relación con la violencia. Urkullu aseguró que la sociedad vasca no estuvo a la altura hasta los años 90 del siglo pasado para dar una respuesta ética a la violencia terrorista, así como de cercanía a las víctimas.
La consulta soberanista y la pregunta que motiva estas líneas pone de manifiesto que tampoco el PNV estuvo ni está a la altura de lo que el lehendakari exige a la sociedad vasca. En primer lugar porque, entre asesinados y desterrados, una parte considerable de la ciudadanía vasca (200.000 personas según el estudio Evolución de la población española en el siglo XX, dirigido en 2007 por el economista Julio Alcaide y publicado por la Fundación BBVA) no podrán participar nunca en ninguna. En segundo término, porque esos ciudadanos vascos no han merecido nunca la atención, interés o preocupación ni del lehendakari ni del nacionalismo vasco, quienes, sin embargo, han criticado abiertamente (Urkullu llegó a calificar tal posibilidad de «pucherazo») que los mismos pudieran ejercer su derecho de voto en el País Vasco tras la modificación de la Ley de Régimen Electoral que el Sr. Rajoy no se atrevió a realizar. Sin embargo, tanto el Estatuto de Autonomía como las bases pactadas entre PNV y EH Bildu reconocen ese derecho a los vascos de la ‘diáspora’, titulares para el nacionalismo de un derecho de voto que niegan a los desterrados y expulsados de Euskadi por el terrorismo nacionalista de ETA.
Es más, ni en el terreno institucional ni fuera de él el nacionalismo vasco representado por el PNV dijo nunca nada ni se opuso nunca a ninguna de las muchas consultas electorales que se hicieron en el País Vasco con los representantes de las opciones políticas no nacionalistas sin posibilidad de participar en las mismas en igualdad de condiciones con las nacionalistas. En ninguna de ellas la ciudadanía vasca decidió su futuro político «por sí misma y libremente» (la parte de ella victimizada, nunca), algo que a las fuerzas nacionalistas no les importó. No sólo no fueron ‘libres’ sino que siempre estuvieron adulteradas en favor del nacionalismo vasco por la depuración del censo electoral y las dificultades o imposibilidades de completar las listas electorales como consecuencia del terrorismo de ETA que tenían los partidos no nacionalistas. Sin embargo, las elecciones siempre se celebraron y el nacionalismo vasco se benefició de la acción terrorista de ETA y se beneficia ahora de sus consecuencias.
Por último, tanto la consulta como la pregunta constituyen un ejercicio de hipocresía porque la ciudadanía vasca no sólo decide «su futuro político por sí misma y libremente» en cada consulta electoral, de conformidad con el marco legal establecido, sino que el propio nacionalismo vasco (en este caso, el PNV) ha impedido la libre decisión de una parte de esa ciudadanía vasca cuando lo que ésta opinaba era contrario a sus intereses. Así sucedió tanto en Boroa (Amorebieta), con la consulta sobre la central térmica que la alcaldesa del PNV desconvocó bajo amenaza de expulsión del partido realizada por el entonces presidente Arzalluz, como en Gipuzkoa, con la desanexión del barrio de Igeldo respecto de San Sebastián, impedida y recurrida ante los tribunales por la Diputación y el Ayuntamiento, presididos por el PNV.
Todo ello, sin olvidar que tanto la ciudadanía vasca como todas las demás deciden su futuro político por sí mismas y libremente en un marco legal determinado. Lo demás son frivolidades y mentiras. Como la consulta convocada por la plataforma nacionalista Gure Esku Dago.