Marruecos demostró ayer que, cuando quiere, puede controlar su frontera con España. El despliegue de sus fuerzas de seguridad en Castillejos logró contener a cientos de subsaharianos que pretendían alcanzar Ceuta en una convocatoria conocida desde hacía días. La imagen fue radicalmente distinta a la del pasado 30 de julio, cuando decenas de miles de ciudadanos marroquíes cruzaron irregularmente la frontera española sin que Rabat desplegara una capacidad de contención comparable. No es una diferencia menor. Acredita que Marruecos dispone de medios para impedir estas situaciones y que su eficacia depende, en buena medida, de su voluntad de emplearlos. España necesita una relación estable, pragmática y mutuamente beneficiosa con Marruecos. El Gobierno debe reconocer la colaboración marroquí cuando se produce y exigirla cuando falta. Lo que resulta inadmisible es aceptar como inevitable una vulnerabilidad que los propios acontecimientos prueban que puede ser contenida.

La actuación de ayer tuvo, además, un episodio censurable. Las autoridades marroquíes obligaron a periodistas españoles de TVE y EFE a abandonar Castillejos mientras cubrían los acontecimientos y les impidieron desarrollar con normalidad su trabajo. La cooperación con Rabat no exige silencio ante estos excesos. España debe defender también la libertad de información de sus profesionales y reclamar explicaciones por una actuación incompatible con la relación de confianza que ambos países dicen querer construir. La estabilidad diplomática nunca puede obtenerse a costa de renunciar a principios elementales.

Pero esta crisis ha revelado igualmente las carencias españolas. Las entrevistas que hoy publica ABC con Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda ofrecen el testimonio de quienes gobiernan las dos ciudades situadas en primera línea de esta presión. Vivas advierte de una situación de «alto riesgo» incluso para la seguridad nacional y recuerda una obviedad que el Gobierno no debería perder de vista: cuando se vulnera la integridad territorial de Ceuta, se vulnera la integridad territorial de España. Imbroda reclama, por su parte, mayor presencia y apoyo del Estado en Melilla. Ambos coinciden en una cuestión esencial: la seguridad de estas ciudades no puede depender de Marruecos.

La ministra de Defensa ha definido a Ceuta como «españolísima». Nadie puede discutirlo, pero su españolidad no requiere superlativos, necesita políticas de Estado. Ceuta y Melilla son España y frontera exterior de la Unión Europea, y esa doble condición exige planificación, recursos suficientes y una estrategia estable. Como recuerda Vivas, la frontera es «extraordinariamente vulnerable». El objetivo debe ser reducir esa vulnerabilidad mediante capacidad propia de prevención, disuasión y respuesta, sin perjuicio de la indispensable cooperación con el país vecino. España debe además implicar a sus socios europeos, a través de Frontex, porque la protección de esta frontera afecta también a la seguridad y a la política migratoria de la Unión.

Resulta especialmente preocupante que, según relatan ambos presidentes, el Gobierno no haya mantenido con ellos la interlocución política que una crisis de esta naturaleza reclama. Vivas sostiene que el Ejecutivo no supo responder el 30 de julio pese a las advertencias previas y reclama que Ceuta recupere cuanto antes la normalidad. Imbroda denuncia la insuficiencia de los recursos destinados a atender a los menores y señala que ha sido el Rey, y no Pedro Sánchez, quien le ha llamado para interesarse por la situación. Una emergencia que afecta a la soberanía española no puede administrarse desde la distancia ni reducirse a una sucesión de refuerzos coyunturales.

Marruecos ha demostrado que si quiere puede controlar su frontera. España debe exigir que lo haga siempre, pero extraer también una enseñanza más importante: ninguna parte de nuestra integridad territorial puede descansar en la sola voluntad de un tercero. Ceuta y Melilla necesitan menos declaraciones enfáticas y más Estado. La soberanía se afirma garantizando seguridad, presencia institucional, cooperación europea y capacidad permanente para defender eficazmente nuestras fronteras.