EL MUNDO – 15/10/16
· Un decreto del Consell lo exige también a las empresas que contraten con la Administración.
· Un decreto del Gobierno de la Comunidad Valenciana que componen el PSOE y Compromís va camino de dar un paso decisivo para consagrar el valenciano como «la lengua propia de la Administración de la Generalitat».
Así consta en el proyecto que regula «los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales», esto es, castellano y valenciano. El texto de la Dirección General de Política Lingüística –dependiente de la Consejería de Educación del nacionalista Vicent Marzà– no habla directamente de requisito lingüístico en la Administración, pero sí deja claro que, en la práctica, los funcionarios de la Generalitat deberán saber valenciano.
Al menos lo deberán dominar los empleados públicos que deban atender a la ciudadanía, pues el personal de la Generalitat deberá siempre «iniciar en valenciano la comunicación», que continuará en la lengua que demande la persona atendida. Y esto vale no sólo para la atención «presencial», sino también para la «telefónica» y la «telemática».
En cuanto a los usos administrativos internos, todo lo que tenga que ver con resoluciones, comunicaciones, actas, convocatorias, órdenes del día o informes «se redactarán en valenciano».
El uso de las lenguas será diferente cuando se trate de remitir notificaciones de la Generalitat a personas físicas y jurídicas. Sólo entonces se hará una distinción por zonas de la Comunidad Valenciana, diferenciando las de predominio lingüístico valenciano y las de predominio lingüístico castellano. Si las personas residen en zonas valencianohablantes, las comunicaciones estarán escritas en valenciano. Únicamente en castellano sólo se cursarán cuando lo solicite la persona interesada, pero si se trata de residentes en territorios castellanohablantes, los textos deberán estar en valenciano y en castellano.
Para notificaciones fuera de la Comunidad Valenciana, las comunicaciones tendrán que ser también bilingües, con una excepción: cuando «se trate de comunidades autónomas pertenecientes al mismo dominio lingüístico que el valenciano». El Consell se refiere aquí a Cataluña y Baleares, en cuyo caso habrá que usar el valenciano (el castellano sólo cuando lo pida el interesado).
Además de a los funcionarios, el nuevo decreto compete también a los contratistas y proveedores de la Generalitat valenciana. La Administración «ha de velar por que empleen el valenciano en la documentación que presenten y para que lo utilicen en los bienes y servicios que son objeto del contrato». Esto afecta al etiquetado o a las instrucciones de uso, y así tendrá que constar en el pliego de cláusulas administrativas o el resto de documentos que aprueben los órganos de contratación. Incluso los estudios o proyectos que encargue la Generalitat a terceros tendrán que ser entregados «al menos en valenciano».
Tampoco las autoridades escapan al alcance del decreto, que hasta especifica que «la persona que intervenga como portavoz del Consell lo debe hacer siempre en valenciano». En este caso, quien ejerce como tal, Mónica Oltra, la líder de los nacionalistas de Compromís, ya lo hace habitualmente.
Sin embargo, no todos los consellers se expresan habitualmente en valenciano. Los hay que prefieren el castellano para sus comparecencias públicas, aunque ahora el decreto deja claro que «las autoridades y el personal al servicio de la Administración de la Generalitat, en las intervenciones públicas que hagan por razón del cargo, deberán utilizar el valenciano».
La imagen institucional queda también bajo el paraguas del decreto, que ha iniciado ahora el trámite de información pública. Para la identidad corporativa, «las denominaciones de órganos y organismos, en cualquier tipo de soporte, estarán redactadas en valenciano». Los rótulos de oficinas de la Administración deberán estar también en valenciano, pero sólo para los territorios valencianohablantes. En los de predominio lingüístico castellano, el Consell admite la rotulación en castellano que, «además, podrá estar en valenciano».
Como reza el preámbulo del decreto, «la finalidad última es que el valenciano, independientemente de cuál sea la primera lengua de los valencianos y las valencianas, sea considerada como lengua propia de todos y todas». Para el Gobierno valenciano, se marca así «un punto de inflexión en la responsabilidad que asume de garantizar de manera real los derechos lingüísticos de la ciudadanía».
EL MUNDO – 15/10/16