EL MUNDO 05/04/13
· La Generalitat se jacta de que tan sólo 17 familias han solicitado una educación en la que el castellano sea también lengua vehicular en la enseñanza. El curso pasado hubo 106 peticiones. La complejidad del proceso administrativo y judicial y los incumplimientos del Govern, que ha cerrado los ojos ante las sentencias del Tribunal Supremo a favor del bilingüismo, han frenado el goteo de escolarizaciones en castellano.
«Hay que ser un auténtico héroe», señala la diputada autonómica popular María José García Cuevas, en referencia a las familias que se adentran en un proceso administrativo y judicial, que a veces se hace eterno, para lograr que el castellano sea lengua vehicular en la educación de sus hijos. Según la portavoz del PP en el Parlament, la Generalitat «se muestra insensible» hacia aquellos que quieren el español en igualdad de condiciones que el catalán en las escuelas, y denuncia los reiterados incumplimientos judiciales por parte del Ejecutivo de Artur Mas.
Los números no engañan: a lo largo del curso 2011-2012 -de septiembre a junio-, fueron 106 las familias que reclamaron una educación bilingüe. Entre septiembre de 2012 y el pasado mes de enero, apenas se han contabilizado 17 solicitudes de escolarización en español, según ha informado la consellera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), tras una pregunta parlamentaria del diputado autonómico popular Enric Millo.
La última sentencia data de febrero de este mismo año, cuando el Tribunal Supremo precisó cómo debe ejecutarse el fallo que dictó en 2010 sobre la escolarización en castellano de dos niños barceloneses. «Deberán ser educados en ambas lenguas vehiculares en su centro y curso», señalaba, a la vez que ponía especial énfasis en los «condiscípulos». Es decir, la educación en castellano tiene que ser en el aula, con los demás alumnos y sin separar a nadie por razones de lengua. Sin embargo, la interpretación de la Generalitat es muy distinta: a su juicio, el modelo de inmersión es completamente válido, ya que contempla la atención personalizada hacia aquellos que reclamen un uso preferente del español.
Bajo esta misma tesis, Rigau recuerda en su respuesta parlamentaria que la Generalitat ha dictado cinco resoluciones que ordenan a los centros en los que están escolarizados los hijos de las familias recurrentes que reconozcan su situación jurídica individualizada. «Este tratamiento individualizado para el alumno implica el uso de castellano en una serie de materias no lingüísticas». Según Rigau, los centros donde están escolarizados los menores cuyas familias piden el castellano facilitan a estos alumnos «la información oral y escrita que permite al alumno entrar en contacto con el contenido de la asignatura, incluidos libros de texto si los hay».
También «facilitan el ejercicio y aplicación de los contenidos adquiridos para asimilarlos en ejercicios de clases y deberes», además de «examinar los aprendizajes alcanzados por el alumno que demuestren lo que ha aprendido» y «notificar a la familia el progreso del alumno, así como de toda la actividad de la escuela, también en castellano». Rigau también recurre al Estatut, que dice que el catalán será la lengua «normalmente utilizada» como vehicular, y que los alumnos no sean separados por razón de lengua y que se garantice el aprendizaje del castellano.
No lo ve tan claro el PP, que ha presentado una proposición de ley para modificar la Ley de Educación de Cataluña y reintroducir el castellano en las aulas. «La Administración tiene que estar sujeta a la legalidad y no obligar a los ciudadanos a proteger sus derechos», señala García Cuevas.
EL MUNDO 05/04/13