EL MUNDO, 02/05/13
La Asociación de Municipios se enfrenta al Gobierno por el coste de cumplir la ley
El empeño de la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, de hacer cumplir la ley que obliga a los ayuntamientos catalanes a izar la bandera española lleva meses generando polémica entre los responsables de los consistorios. Actitudes como las del alcalde de Gallifa, que para burlar la posible sanción decidió colocar un banderín de la rojigualda en la fachada del Ayuntamiento, o la del de Corbera de Llobregat –ambos en la provincia de Barcelona–, negándose a acatar la norma, han sido el detonante.
De ahí que la Delegación del Gobierno haya instado a las corporaciones locales catalanes a izar las cuatro banderas –municipal, catalana, española y europea– en la fachada del consistorio, y también en equipamientos como el pabellón deportivo, la biblioteca, el campo de fútbol, la escuela, la biblioteca y la policía local.
Esta exigencia ha generado las quejas de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Su presidente, Miguel Buch, lamentó que el Gobierno y la Delegación estén más pendientes de los símbolos que de «agotar su sudor combatiendo los índices de desocupación, persiguiendo las injusticias sociales y cumpliendo sus acuerdos con Cataluña». Y más aún cuando colocar las banderas supone un coste de 12 millones de euros. Según los cálculos de la asociación, colocar una bandera cuesta de 289 a 1.927 euros (según la magnitud y la instalación que requiera en cada ubicación), incluyendo la tela, el mástil, el trabajo de los operarios y el sistema de fijación. A ello cabría añadir el coste del proceso judicial para los ayuntamientos sin la bandera española en su fachada, ante las demandas presentadas por la Delegación del Gobierno.
«Con la que está cayendo, ¿su preocupación debe ser la bandera? Una bandera no deja de ser un trapo, un trozo de ropa pintado de colores», manifestó Buch en una entrevista concedida a Europa Press. Buch instó a Llanos de Luna a priorizar otras cuestiones, como la recuperación económica y la calidad de los servicios públicos.
Para Miquel Buch, también alcalde de Premià de Mar (Barcelona), si los 947 municipios, los 41 consejos comarcales y las 61 entidades municipales descentralizadas de Cataluña tuviesen que poner el esfuerzo en todos estos equipamientos culturales, sociales, policiales, deportivos y educativos, su coste sería de 12.292.028 euros. El presidente de la ACM precisó que esta cuantía equivale a lo que la partida de los ayuntamientos catalanes destinan para sufragar más de 14.000 plazas de guardería durante un ejercicio presupuestario.
La Delegación del Gobierno en Cataluña lleva meses recopilando los datos de los distintos ayuntamientos que han decidido retirar la bandera española de los mástiles para adoptar medidas después de que la Abogacía del Estado estudie caso por caso. Uno de los últimos contenciosos administrativos abiertos por la Delegación ha sido contra el Consistorio independentista de Arenys de Munt, que retiró la bandera y que plantea hacer una consulta popular para decidir si la vuelve a izar.
Poner las enseñas en los edificios valdría 12 millones, según el cálculo de los ediles