Algo ha quedado claro: si alguna vez los ciudadanos pensaron que el fin de ETA iba a ser una derrota también política y moral por parte del Estado, han de saber que eso ya no se va a producir, ni con este Gobierno ni con uno del PP. Porque la estrategia contra la banda elaborada por Zapatero es difícilmente reversible.
Una cuestión ha quedado clara en estas elecciones: si alguna vez los ciudadanos pensaron, porque así se lo prometieron los políticos, que el fin de ETA iba a ser una derrota no sólo logística sino también política y moral por parte del Estado, han de saber que eso ya no se va a producir. Ni con este Gobierno, naturalmente, ni con uno del PP (aunque sus dirigentes hablen de eventuales impugnaciones de Bildu) porque la estrategia contra la banda elaborada por el presidente Zapatero -sin resistencia por parte de la dirección popular– es difícilmente reversible. Sólo tendría marcha atrás si ETA atentase de forma frecuente -cosa poco probable- y, aun así, llevaría tiempo.
Fue ya irreversible el día en el que el Constitucional permitió que Bildu se presentase a las elecciones con una argumentación que ha despojado ya de facto a la Ley de Partidos de su capacidad; ése fue el punto de inflexión definitivo en una política antiterrorista distinta y oculta, que se viene desarrollando desde hace años, y los datos obtenidos por la coalición lo único que han hecho ha sido remacharlo.
El Gobierno pudo elegir entre aumentar la asfixia de la izquierda abertzale -aterrorizada por desaparecer de tanto estar fuera de las instituciones, arrastrada por la evidente derrota operativa de ETA- hasta que renegase de la banda y de haber respaldado casi 900 asesinatos, o la situación actual. Y decidió la situación actual, convencido de que era imposible derrotarlos de forma definitiva, y que había que ser prácticos y evitar un atentado más. La convicción sobre la bondad de la estrategia no obsta para que, además, calculase que podría oponer este logro a la crisis económica ante las generales y (erróneamente) rentabilizarlo en las municipales en el País Vasco.
Un debate electoral protagonizado por Martín Garitano, el candidato con el que Bildu ha arrasado en Guipúzcoa, define la situación. Cuando el candidato del PNV propuso que los presos y las víctimas de ETA fueran tratadas con igual consideración y la candidata popular se resistió, Garitano le preguntó: «¿Pero qué queréis, la normalización o la victoria?», es decir, ganar el pulso, la derrota de ETA y de Batasuna o vivir en paz. La candidata le respondió que la libertad y le emplazó a «renegar de ETA». Garitano calló.
Así, el Ejecutivo ha permitido a los líderes de Batasuna reorganizar a sus bases a cambio de un incuestionable avance como es el rechazo a la violencia futura de ETA, y de conseguir que la banda haya ido secundando estudiada y gradualmente parte de las exigencias (las reversibles) que realizaban EA o Aralar. Y, por el momento, es todo. De hecho, una de las últimas circulares internas de Batasuna dejaba claro que por su parte había finalizado «la fase de movimientos unilaterales» y que era el Gobierno el que tenía que «dar pasos».
Como sostiene un destacado dirigente del PSE, «a veces la ética y la política son incompatibles» y «con memoria no pueden superarse las secuelas de las guerras».
Queda ahora administrar la nueva realidad. Bildu debería demostrar que va a utilizar toda su capacidad de convocatoria para conseguir que ETA se disuelva. Pero, si no lo hiciera, tampoco le pasaría nada. Incluso ante un atentado, sus candidatos independientes, al no pertenecer a ningún partido, no tendrían siquiera que condenar la agresión. Sí podría ser distinta la situación de Sortu.
ETA anunció que su intención era poner en marcha un polo soberanista lo suficientemente potente en las instituciones para impulsar un Proceso Democrático de diálogo entre partidos vascos que impusiesen sus condiciones al Estado. La izquierda abertzale asumió ese objetivo. Falta comprobar si ése sigue siendo su propósito irrenunciable y qué pasará si se le resiste. Cuando Batasuna advirtió hace poco al Gobierno de que había «llegado el momento de los movimientos multilaterales», se refería a su legalización, a sus aspiraciones políticas y a sus presos. Tras la legalización de Bildu, un jurista le hizo ver a un dirigente del PSE que faltaba eliminar la doctrina Parot para cumplir con los primeros compromisos adquiridos por el Ejecutivo en las actas de la pasada negociación. «Si eso pasa, significará que las cosas van bien», respondió el político.
Puede que tanto Batasuna como ETA se encuentren ya satisfechas y, sobre todo, atadas a unas bases escarmentadas de su etapa en el ostracismo; pero puede que no renuncien a obtener más réditos políticos y que el Gobierno trate de encontrar, antes de finalizar la legislatura, una solución.
Si no concluye el proceso, ésta sería la herencia para Rajoy: un camino que, resulte exitoso o no, no parece tener marcha atrás y cuyo pecado original fue la renuncia, por parte del Estado, de las exigencias previas para el acceso a las instituciones. Jesús Eguiguren previó hace tiempo la posibilidad: «Quizá garantice la estabilidad que todo esto lo concluya un gobierno de derechas», señaló en una entrevista. Y ETA tampoco se deja sorprender: hace dos años daba a Zapatero por amortizado y planeaba contactar con los populares.
Ángeles Escrivá, EL MUNDO, 25/5/2011