Se puede seguir siendo crítico con algunos aspectos, sin faltar en nada al respeto a la diferencia. De la misma forma que para mostrar la lealtad con el conjunto español no se puede exigir que no se discrimine positivamente el catalán, ni que no se hubiera intentado acordar un nuevo estatuto para Catalunya. Si todos depuramos el lenguaje y no confundimos federalismo con confederación, habremos abierto un campo en el que se pueda discutir sin negarnos mutuamente.
Debiera ser fácil aceptar que cuando en una sociedad como la catalana surgen voces que consideran que en el resto de la sociedad española existe catalanofobia, algo debe de existir, algo que merece la pena ser constatado, tomado en serio y analizado. Algo que requiere reflexión por parte de los ciudadanos españoles.
De la misma forma, tampoco debiera ser difícil aceptar que, si en la sociedad española se critican determinadas actitudes de representantes de la sociedad catalana, si se plantean críticas respecto de algunos planteamientos de esos mismos representantes, algo debe de haber que merece ser analizado y tenido en cuenta, aunque solo sea para rechazarlo con argumentos.
Tanto quienes recurren, a veces con demasiada facilidad, a la catalanofobia, como quienes solo tienen críticas a disposición cuando desde los representantes catalanes se plantea cualquier cuestión que se refiera a la estructura del Estado, han caído demasiadas veces en la tentación de reducir todo a cuestiones de financiación, a balanzas fiscales, a cantidades que miden el grado de solidaridad, a lo que recibe o deja de recibir la comunidad autónoma catalana según qué modelo de financiación autonómica. Y es obvio que quien escribe desde un territorio regulado por el Concierto Económico es el menos indicado para quitar valor a esa preocupación por la financiación.
Pero es importante subrayar que el problema definitivo no radica solo en la cuestión de la financiación, por muy importante que sea. Desde Catalunya se habla permanentemente de la necesidad de reconocer la diferencia. Y desde voces de ciudadanos españoles no catalanes que nadie debiera minusvalorar se habla permanentemente de la necesidad de lealtad al conjunto. Del necesario reconocimiento se pueden derivar distintas consecuencias de institucionalización política. No solo una. Y tampoco hay una fórmula predeterminada para mostrar efectivamente la lealtad.
Por esa razón, un análisis del lenguaje puede ayudar. A no pocos fuera de Catalunya molesta, más que la cuestión de cómo se plantea la financiación, el que muchas voces catalanas hablen sin cesar de Catalunya y España como si de dos realidades que a lo más son tangenciales se tratara. En no pocos comentarios periodísticos se puede encontrar la fórmula de que los catalanes piden, exigen, requieren de, demandan a los ciudadanos españoles el debido reconocimiento. Y algunos fuera de Catalunya se preguntan si con ello esas voces quieren decir que existen ciudadanos catalanes y ciudadanos españoles, dos conjuntos que no están relacionados por algún tipo de integración mutua.
El problema no radica solamente en la voluntad de reconocimiento de la diferencia catalana, voluntad que de hecho falta en muchos comentarios que se realizan fuera de Catalunya, sino qué se vincula con ese reconocimiento: si ese reconocimiento implica la exterioridad de Catalunya, de los ciudadanos catalanes respecto del conjunto de la ciudadanía española.
Desde este punto de vista, el lenguaje utilizado por el presidente de la Generalitat, José Montilla, en algunas declaraciones que se han podido leer en los medios de comunicación después de la aprobación en el Consejo de Política Fiscal de la nueva financiación autonómica puede servir, y mucho, para tranquilizar a voces españolas críticas con planteamientos catalanes. Cito de memoria, pero el president Montilla dijo que la voluntad de Catalunya era estar en España, que la voluntad de Catalunya era aportar al desarrollo del conjunto de España.
Esa forma de referirse a Catalunya y España como conjunto en el que ambas no solo se tocan, sino que implica una relación de integración mutua es el suelo sobre el que se puede trabajar para eliminar, al menos, los malentendidos, aunque no consigan eliminar ni la catalanofobia ni su instrumentalización, por una parte y por otra. Ni el recurso a la catalanofobia puede servir para inmunizar todas las políticas concretas que se definen en las instituciones catalanas, ni la crítica a las políticas concretas puede ser un vehículo para descargar un sentimiento simplemente anticatalán.
El lenguaje vela y desvela realidades. Criticar la política lingüística aplicada en el sistema escolar catalán no tiene por qué implicar falta de reconocimiento de la diferencia catalana. Significa sencillamente que a más de uno en el resto de España se nos hace difícil entender que una lengua oficial de una comunidad autónoma sea ocultada en cuanto lengua vehicular en el sistema escolar. Significa que quizá tengamos dificultades para entender que el catalán es la lengua de la la sociedad –del pueblo– catalán, mientras que el español es una lengua importante –y me imagino que el inglés tanto o más–.
Para poder reconocer la diferencia catalana no es preciso asumir la plena constitucionalidad del nuevo Estatuto catalán. Se puede seguir siendo crítico con algunos aspectos, sin faltar en nada al respeto a la diferencia. De la misma forma que para mostrar la lealtad con el conjunto español no se puede exigir que no se discrimine positivamente el catalán, ni que no se hubiera intentado acordar un nuevo estatuto para Catalunya. Si todos depuramos el lenguaje y no confundimos federalismo con confederación, habremos abierto un campo en el que se pueda discutir sin negarnos mutuamente.
Joseba Arregi, EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, 17/8/2009