Una sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘caso De Miguel’ ha devuelto a la opinión pública y a la política vasca un escándalo que parecía haberse diluido después de trece años desde su revelación. Los titulares han sido casi unánimes. Condenados los integrantes de la mayor trama de corrupción en Euskadi. Algunas informaciones han resaltado que la trama era del PNV, y no sólo de dirigentes de ese partido. El «perdón» solicitado por Andoni Ortuzar y la «tristeza» y el «dolor» mostrados por Iñigo Urkullu atestiguan que los jeltzales son perfectamente conscientes de que no pueden desentenderse de lo ocurrido, independientemente de que se hayan visto exonerados por el Supremo. La entrada en prisión de los condenados y su permanencia en la cárcel mantendrá el recuerdo de la trama.

En el plazo de unas cuantas semanas el ‘oasis vasco’ se ha visto sacudido por dos hechos que afectan a supuestos sobre los que se ha asentado el PNV. La presunción de que la Euskadi autonómica y foral está libre de corrupción, y su excelencia en gestión pública con Osakidetza como estandarte principal. La abierta y mantenida contestación de los jefes de servicio del Hospital Donostia a decisiones avaladas primero y matizadas después por el lehendakari Urkullu ha aflorado además una cuestión que parecía superada. La del equilibrio interterritorial. Por otra parte, el hecho de que la contestación hospitalaria sea protagonizada por la élite profesional de la mayor empresa de Gipuzkoa en número de trabajadores resulta tan novedosa como desconcertante para la gobernación jeltzale.

Puede que, por momentos, en Sabin Etxea y en Ajuria Enea tengan la sensación de que los grupos de oposición se están cebando injustamente, o que las informaciones que circulan sobre las fallas del ‘oasis’ son exageradas en tanto que interesadas. En realidad el PNV sigue gozando de bula. Aunque sea porque tanto EH Bildu, Elkarrekin Podemos o el PP vasco, como sus socios socialistas teman que arremeter contra los jeltzales pueda volvérseles en contra. Porque la ‘marca’ es percibida como sinónimo de estabilidad por una mayoría de vascos, a izquierda y derecha del PNV.

El partido de Ortuzar y Urkullu cuenta con la ventaja de que no tiene alternativa para el Gobierno de Euskadi. Pero el desgaste que pudiera sufrir en las locales y forales del 28 de mayo, por leve que fuese, generaría dudas y hasta un cruce de reproches internos. Las generales de 2023 y las autonómicas de 2024 darán cuenta de si los jeltzales pueden confiarse en la inercia de ese tercio de representatividad que les asegura pilotar casi todas las instituciones, o necesita algo más que recambios en las candidaturas introducidos en la creencia de que basta el designio o el plácet del EBB para alumbrar nuevos liderazgos. Cuando ni 130 años de historia garantizan más que otra legislatura.