EL MUNDO – 24/09/15 – EDITORIAL
· El silencio institucional que mantienen los dos sindicatos mayoritarios en Cataluña ante el desafío soberanista es tan atronador que sólo puede calificarse de irresponsable. Salvo ellos, el resto de agentes sociales y políticos se han movilizado para explicar a los electores las nefastas consecuencias económicas que tendría secundar la locura independentista.
Banqueros, empresarios, patronales, partidos políticos de ámbito nacional y el Gobierno están advirtiendo sobre las mentiras que se esconden detrás de un discurso mitológico más propio del romanticismo del siglo XIX que de un mundo globalizado en el que no caben pretendidos derechos históricos de ningún territorio. No es de extrañar que los principales líderes internacionales hayan advertido a Mas del aislamiento al que sometería a los ciudadanos de Cataluña, que dejarían de disfrutar de las ventajas que supone pertenecer a la Unión Europea.
Sin embargo, a CCOO y UGT de Cataluña no les debe parecer tan trascendental la cita del 27-S. No sólo han evitado posicionarse sobre las pretensiones de Artur Mas, sino que han faltado al deber que tienen de informar sobre las consecuencias que una hipotética secesión tendría, por ejemplo, sobre el sistema de pensiones o sobre el marco de relaciones laborales. No hay que olvidar que nuestra Constitución otorga a los sindicatos la importante función de velar por la defensa de los intereses económicos de todos los trabajadores.
Por eso, su silencio sólo puede ser interpretado de dos formas: bien como un apoyo implícito al proyecto soberanista; bien porque entienden que de producirse, la independencia de Cataluña tendría una incidencia mínima sobre la seguridad laboral y el bienestar de los trabajadores. En cualquiera de los dos casos, estarían haciendo un flaco favor a quienes dicen servir, porque tanto los trabajadores como los empresarios catalanes y españoles saldrían irremediablemente perjudicados.
Son ya pocos los que dudan de que una supuesta Cataluña independiente no podría mantener el actual sistema de pensiones del que disfrutan sus ciudadanos gracias a la solidaridad del resto del Estado, ya que, desde 2008, el coste de las pensiones contributivas es mayor que lo aportado a la caja de la Seguridad Social. De la misma forma, la inevitable salida del euro provocaría que muchas empresas se plantearan la posibilidad de deslocalizar sus centros de producción y los inversores internacionales huirían. Menos compañías y menos inversiones equivale a pérdida de puestos de trabajo y las centrales sindicales deberían haberlo explicarlo así.
De todo esto, sin embargo, los sindicatos no dicen nada. En unas declaraciones no demasiado entusiastas, Toxo y Méndez se han mostrado contrarios a la independencia, porque no traería «ninguna ventaja» para los trabajadores, sino «todo lo contrario». Pero sus representantes en Cataluña no comparten ese criterio. Hace años que vienen respaldando las iniciativas de la Generalitat. Ambos sindicatos apoyaron el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, por lo cual fueron premiados con la Cruz de Sant Jordi por su contribución a la «construcción nacional»; ambos se manifestaron cuando el TC anuló algunos artículos del Estatut; y ambos reciben unos siete millones anuales en subvenciones de la Administración autonómica. CCOO y UGT han mirado para otro lado para no perder las ventajas que les garantiza su connivencia con el nacionalismo.
EL MUNDO – 24/09/15 – EDITORIAL