EL CORREO, 15/7/11
Partidos, sindicatos y agentes sociales arropan a Batasuna para recordar que una condena en el ‘caso Bateragune’ dificultaría la normalización
La absolución de Arnaldo Otegi y de los otros siete procesados en el ‘caso Bateragune’ y la legalización de todos los partidos constituyen «exigencias básicas» para avanzar en el proceso de normalización política y democrática en el País Vasco, según aseguraron ayer en Bilbao destacados representantes de la izquierda abertzale, arropados por otras formaciones, fuerzas sindicales y agentes sociales más o menos afines.
Con la presencia en segunda fila los imputados en el proceso por intentar reconstruir el partido ilegalizado Txelui Moreno y Rafa Díez Usabiaga, el antiguo líder de Batasuna Rufi Etxeberria, el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, y la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, fueron los encargados de difundir un documento que reclama «que finalicen los juicios políticos» y se erradique «el uso del poder judicial para la criminalización de actividades políticas».
El texto -firmado por EA, Aralar, Alternatiba, Ezker Abertzalea, LAB, ESK, EILAS, Hiru, Lokarri, Eleak Mugimendua, Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia, Torturaren Aurkako Taldea, Ikasle Abertzaleak, Gazte Abertzaleak, Gazte Independentistak y Lau Haizetara Gogoan- recuerda que de los ‘ocho de Bateragune’ «cuatro están en prisión desde octubre de 2009 y otros cuatro en libertad provisional. Y todos en riesgo de ser condenados a largas penas de prisión debido a su actividad política pública».
Subraya asimismo que de cara a alcanzar un escenario de «normalización política y ausencia de violencia», procesos legales como Bateragune adquieren «mucha importancia» porque en el «contexto de soluciones» abierta en Euskadi pueden «reforzar la tesis y las dinámicas obstruccionistas de los que siguen instalados en el esquema de las no soluciones». Los procesados, entre los que destaca el exportavoz de Batasuna y ansiada cabeza de la nueva izquierda abertzale Arnaldo Otegi, corren peligro de ser castigados «por llevar a la práctica sus derechos civiles y políticos». «No hay lugar para aspectos jurídicos ni en la base de la acusación previa ni en la tesis defendida por la Fiscalía para justificar penas de prisión escandalosas», denuncia el escrito.
Inmadurez democrática
Es por ello que, los grupos políticos, sociales y sindicales que apoyan el manifiesto estiman que el juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional supone una «conculcación directa de los derechos humanos, civiles y políticos» y que, además, «pone de manifiesto la falta de madurez democrática del Estado español». En este sentido, asimismo inciden en que «en la historia contemporánea de Euskal Herria, han sido muchas las personas, colectivos y partidos que no han podido expresar y defender sus ideas y proyectos con todos los derechos, ni presentarse a las urnas».
Pero, pese a ello, mostraron su compromiso «sincero y firme de llevar a nuestro pueblo a un escenario de paz y solución democrática, a un escenario de normalización política y ausencia e violencia» y su apuesta por «el futuro que merece y necesita una Euskal Herria sin ningún tipo de violencia, sin amenazas de nadie». No obstante, advirtieron de que «todavía nos falta un largo camino por hacer».
EL CORREO, 15/7/11