La izquierda abertzale nos «cuesta» 11,5 millones al día

LA RAZÓN, 5/12/11

El desembarco batasuno en el Congreso tiene fijado el 13 de diciembre su particular «Día D». Será en la sesión de constitución de las Cortes en la que los siete diputados de Amaiur hagan acto de presencia por primera vez, porque mañana no tienen ni mucho menos prevista su presencia en los actos del día de la Constitución.

MADRID- Pero no hace falta esperar hasta el día 13 para empezar a llenar las arcas de la formación con dinero del Estado. Amaiur tiene ya asegurado algo más de dos millones de euros. Desglosado por conceptos, la formación abertzale recibe 263.537,68 euros por sus 333.592 votos al Congreso recabados en Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra, a 0,79 euros cada sufragio. Además, los 369.058 apoyos que lograron en el Senado, a 0,33 euros cada uno, se traducen en 121.789,14 euros. Asimismo, en cuanto a la retribución que logran por cada parlamentario, sus siete diputados le suponen 151.433,31 euros y sus tres senadores, 64.899,99. Y por si fuera poco, si finalmente se constituyen como grupo parlamentario, obtendrían un montante adicional de 20.400 euros al mes (12.000 fijos por el grupo y unos 1.200 por escaño) que en total ascendería a 244.800 euros.

A lo anterior hay que sumar la partida con cargo para el Ministerio del Interior que se destina a las formaciones políticas en concepto de «gastos de funcionamiento ordinario». Todavía no fijado oficialmente, pero si se establece una comparación con el PNV, que en esta Legislatura tuvo un escaño menos que ahora Amaiur, le corresponderían algo más de 1,15 millones de euros y también casi 60.000 euros en lo que se denomina como «gastos de seguridad».

Eso sí, nada que ver con el presupuesto que maneja Bildu en los ayuntamientos y la Diputación de Guipúzcoa, por los que se embolsa 2.262,7 millones de euros (sólo la diputación que preside Martín Garitano son 839 millones). Así, desde que el pasado 22 de mayo se confirmara la presencia de los abertzales en las instituciones, la suma de Bildu y Amaiur tiene acceso a 2.264,7 millones de euros del dinero estatal. Por cada uno de los 197 días que han pasado desde entonces, el tándem de formaciones abertzales se ha «embolsado» casi 11,5 millones de euros.

Si llamativa es la cifra por sí sola, aún lo es más en un momento en el que el Gobierno ha reducido drásticamente las ayudas a las asociaciones que tratan de luchar contra el terrorismo, no porque ambas partidas provengan del mismo origen sino por lo que hay detrás de cada uno de los colectivos. Así por ejemplo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), mayoritaria y con más de 4.000 afiliados, tan sólo obtuvo 48.000 euros en 2010, una cantidad que podría verse reducida este año. Covite recibió la misma cantidad y Gesto por la Paz percibió 58.184,44 euros. Son las más afortunadas en este sentido, porque otras directamente se han visto obligadas a echar el cierre, como la Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo, que este año no contará con subvención porque su solicitud está fuera de plazo. Y camino de ello parece que va la Fundación de Víctimas del Terrorismo presidida por Maite Pagazaurtundúa, que solicita desde hace unos días que los ayuntamientos le aporten 500 euros para poder seguir con su labor de asistencia a las víctimas.

«Racionalidad y espíritu democrático»

Amaiur insistió ayer en reclamar grupo parlamentario propio en el Congreso,  ya que, argumenta, «todos debemos ser iguales ante la Ley». La coalición  abertzale valoraba así que el PP haya sugerido que permitirá a UPyD  tener grupo propio, pero no a la plataforma electoral que integran  Bildu y Aralar. Lo hizo a través de su diputado electo, Rafael Larreina, quien afirmó que «lo que habría que recordar al PP es que la ley es igual para todos». «Todos debemos ser iguales ante la Ley», aseguró Larreina, para quien «no es admisible desde el punto de vista democrático esa especie de discriminación entre quienes son iguales ante la Ley». «Espero que se vayan calmando las cosas y que, al final,  prime la racionalidad y el espíritu democrático», concluyó.

LA RAZÓN, 5/12/11