EL CORREO 28/05/2013
· Intenta que los reclusos asuman que su salida de prisión será «individualizada, escalonada y en tiempo prudencial»
Una vía alternativa para que ETA y los presos avancen sin esperar al Gobierno. Las conclusiones del llamado ‘foro social’ trazaron ayer un nuevo camino tras quedar constatado que el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene intención de mover ficha en el proceso de paz, año y medio después de que la banda terrorista decretara el «cese definitivo» de su actividad armada. El documento hecho público por las asociaciones Lokarri y Bake Bidea y por el experto en mediación Andy Carl, de la organización Conciliation Resources, establece los pasos que, en opinión de estos colectivos, deberían darse para asegurar una plena «convivencia futura». Las medidas afectarían en principio a los gobiernos de España y Francia, a la propia ETA y a los presos de la banda. Sin embargo, por primera vez en los últimos diecinueve meses no hay un llamamiento expreso para que los gabinetes de Mariano Rajoy y François Hollande dén pasos adelante. Se sobreentiende en el texto. Pero palabras como Gobierno, Madrid o París –constantes en pronunciamientos anteriores, incluida la Declaración de Aiete– no aparecen ni una sola vez.
La izquierda abertzale, que sigue a la vanguardia del movimiento independentista, quiere que no se cumpla un viejo dicho anglosajón: a las piedras que no ruedan les crece el moho. Para evitar que el proceso de paz pueda oxidarse y deje de avanzar ante la falta de movimientos del PP, Sortu vuelve a utilizar a los expertos internacionales para trasladar su mensaje a ETA y a los presos, los dos grupos que más problemas le están planteando en su apuesta por las vías exclusivamente pacíficas. La
banda sigue a la espera de sentarse a una mesa con el Gobierno para hablar de armas y etarras en activo, un esquema que, como este periódico avanzó el verano pasado, han descartado los dirigentes de Sortu. Los reclusos, por su parte, confían aún en que se les facilite su excarcelación en bloque, un escenario que la antigua Batasuna también ve imposible.
Y ante la situación de «bloqueo» la izquierda abertzale vuelve a utilizar un esquema similar al empleado en los últimos años. El mismo que sirvió para escenificar el final del terrorismo en la Conferencia Internacional de Paz celebrada en San Sebastián en octubre de 2011: una declaración organizada por Lokarri con respaldo de la comunidad internacional. De hecho, en el acto de ayer se leyó un mensaje de adhesión a las conclusiones del ‘foro social’ del expresidente de Irlanda, Bertie Ahern, el mismo que en 2011 leyó la famosa Declaración de Aiete. Y como hace diecinueve meses, la izquierda abertzale saldrá al día siguiente de la declaración a apoyar el documento. Esta mañana tiene prevista una rueda de prensa en la sede de Sortu en San Sebastián. Intervendrán dos de sus portavoces, Pernando Barrena y Amaia Izko.
«Justicia transicional»
En síntesis, el texto leído ayer en el mismo ‘salón Gandhi’ utilizado en octubre de hace dos años no ofrece grandes sorpresas a lo que ha sido el discurso reciente de la izquierda abertzale. De hecho, en sus doce puntos recoge buena parte de sus reivindicaciones: la necesidad de «diálogo», de implicar a la sociedad y a los partidos políticos para forjar «consensos», de buscar una «solución integral» para «presos y huidos», de que «entidades independientes» certifiquen el buen discurrir del proceso de paz, de aplicar una «justicia transicional» –es decir, una aplicación especial de las leyes para favorecer el cumplimiento de las condenas judiciales–, de «redimensionar» la presencia de la Policía y Guardia Civil en Euskadi, y de poner en marcha una especia de comisión de «verdad y reconciliación» –como pedía EH Bildu en la campaña de las autonómicas– que permita «reconocer y reparar» al «conjunto», a todas las víctimas.
La principal novedad tiene como destinatarios a los presos de la banda. Hace un año, el colectivo oficial de reclusos, el EPPK, desinfló todas las expectativas de la izquierda abertzale al apostar por una «amnistía» como la de 1978. Ayer, los expertos vinieron a decirles que aquella fórmula que se utilizó tras la dictadura ya no es posible tres décadas después. En el quinto punto, las conclusiones del ‘foro social’ recomiendan que «el proceso de reintegración» de los reclusos, su excarcelación, se efectúe «por medio de cauces legales» y que asuman que «se debe desarrollar de forma individualizada, escalonada, y en tiempo prudencial». O lo que es lo mismo, que no va a ser inmediato. Además, el documento –que ha sido consensuado con la izquierda abertzale y que ha contado también con el visto bueno del PNV– advierte a los presos que deben «mostrar su compromiso con el nuevo escenario de paz y renunciar a vías violentas» y, lo que es más importante, «debe haber por su parte un reconocimiento del daño causado como consecuencia de su actuación». El epígrafe sobre presos y huidos ocupa un tercio del documento leído ayer, cuatro de sus doce puntos.
Tanto la izquierda abertzale como los promotores del texto hecho público esperan en que la respuesta del EPPK llegue en las próximas semanas. No de una forma tan rápida como lo fue la contestación de ETA a la Declaración de Aiete ni de tanto calado, pero sí esperan que el próximo mes, o en julio a lo sumo, pueda haber un pronunciamiento de los reclusos en favor de las conclusiones del ‘foro social’. El comunicado, de hecho, ya estaba previsto de antemano. Los reclusos tenían pensado hacerlo por el primer aniversario de aquel acto en Gernika –se cumple el domingo– donde reivindicaron la amnistía.
El documento de ayer también aboga porque se «diseñe» lo que debe ser un «proceso controlado, ordenado y consensuado» para «el desmantelamiento de armas y estructuras militares de ETA». Una operación que, según el esquema inicial elaborado en la Conferencia de Aiete de 2011, correspondería al Gobierno de Rajoy y a la dirección de la banda, pero que ante la inacción del Ejecutivo del PP deberá ser dibujado por la organización terrorista.
Un «diseño» en el que podrían tener un papel importante «organismos facilitadores independientes», que esta vez no se sitúan en la comunidad internacional. Al menos, no aparece así especificado en el informe del ‘foro social’. Un texto que ha sido cuidado al extremo, hasta tal punto de que lo que quería ser presentado en abril, apenas unas semanas después de que se celebraran sendas jornadas con expertos en Pamplona y Bilbao, ha costado dos meses en ver la luz tras innumerables consultas.’
Los promotores subrayaron finalmente que el verdadero trabajo viene a partir de ahora cuando los partidos –y en especial el mundo de la izquierda abertzale– busquen, si es que lo hacen, las fórmulas para materializar todos esos pasos. Toca esperar acontecimientos.
EL CORREO 28/05/2013