Que el PSOE haya desbloqueado justamente ahora una reforma que llevaba tres años durmiendo en un cajón, y que afecta al blindaje del corazón del Estado, basta para recelar de la justificación que se ha aducido para motivarla: «Reforzar la libertad de expresión».
Al fin y al cabo, es la coartada habitual de la que se ha servido el Gobierno para suscitar un clima de intimidación contra los poderes independientes. En especial, con la activación de la campaña de desprestigio (a la vez pública y extraoficial vía cloacas) tras los «cinco días de reflexión».
PSOE y Sumar han anunciado este lunes un acuerdo para suprimir del Código Penal las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y el ultraje a símbolos nacionales como la bandera o el himno.
Con la reanudación de esta proposición de ley de Sumar, el PSOE quiere escenificar proactividad legislativa. La idea es reunificar el bloque de investidura y reponerse de la parálisis gubernativa y el asedio de casos de corrupción a fin de dinamizar lo que resta de mandato.
Y con ello apunta a cuál va a ser la estrategia de la izquierda para el año que queda de legislatura.
Cabe recordar que, hasta ahora, el PSOE se había resistido a aceptar la derogación de los delitos verbales contra las instituciones del Estado.
Que súbitamente haya pasado a comprar el argumentario de Sumar sugiere que el PSOE se va adhiriendo, gradual y discretamente, a un tipo de discurso cuyo espíritu proyecta una sombra de sospecha sobre los actores judiciales y policiales y la Corona.
Una mutación de la lealtad institucional del partido que, por otro lado, es consecuente con el furor antisistema al que se ha abandonado el Gobierno de Sánchez, acentuado a raíz de los últimos sumarios que investigan a Zapatero y a las cloacas del PSOE.
La reforma consiste en suprimir del Código Penal las injurias y calumnias a la Corona, al Gobierno de la nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o a los Tribunales Superiores de Justicia, entre otros.
Y se podría aducir en su defensa que la derogación del «régimen penal agravado» para este tipo de ofensas afecta también al propio Gobierno.
Pero es imposible soslayar que la despenalización (susceptible de deslizarse eventualmente hacia una incitación) del insulto a los jueces llega en plena campaña del Gobierno contra la judicatura, con el PSOE acusando a algunos magistrados de intentar hacer caer al Gobierno «antes del verano».
La protección reforzada que el Código Penal otorga a sus principales instituciones obedece al principio de defender de los ataques más graves a aquellos órganos que una comunidad política estima más vitales.
No es baladí que, en un momento de especial crispación política, esta reforma desproteja precisamente a las instituciones encargadas de salvaguardar el orden constitucional.
Y particularmente grave en este sentido es el desamparo en el que queda el Rey con la supresión del artículo 491. Que sólo puede ser leído como un paso más en la desafección hacia el régimen de la monarquía parlamentaria del 78 por parte del PSOE, tentado a plantear antes o después un referéndum sobre la forma del Estado.
Dado que el cambio en la tipificación de estas figuras no va alterar en lo sustancial su funcionamiento ordinario, parece claro que la medida obedece a un interés político, que es el de generar ruido.
Al tomarla con las instituciones que gozan de un mayor prestigio social, Sánchez y sus socios buscan excitar la polémica. En consonancia con la estrategia que ya se vislumbra en el horizonte de Sánchez: desde la oposición, azuzar la agitación social para sublevar las calles y hacerle la vida imposible al próximo Gobierno.
Sánchez está sentando las bases para sabotear el normal funcionamiento de las instituciones y blindar su impunidad y la de los suyos ante la Justicia, desmantelando las garantías contramayoritarias del Estado democrático y alentando la desconfianza cívica hacia las instituciones.
La desprotección de los tribunales, la Policía y el Rey se enmarca en esa misma agenda de desestabilización y envenenamiento de la convivencia, con la que el presidente aspira a dejar un campo minado que haga inviable la alternancia aunque él pierda el poder.