A La Moncloa le habría gustado que la polémica sobre el delito de malversación se hubiese quedado en segundo plano. Acostumbrados a abrir un frente tras otro. A diluir un escándalo legislativo en el siguiente. Pero esta vez no ha sido así. Los barones socialistas críticos, que habían ‘tragado’ con los indultos a los secesionistas, la eliminación del delito por el que fueron condenados o la discutible reforma para renovar el Consejo General del Poder Judicial, no han podido con la rebaja del delito de malversación. A García Page, la malversación se le ha atragantado. A sus críticas contundentes se ha unido el humillado Javier Lambán, que ya tuvo que retractarse públicamente sobre su opinión en relación a la forma de dirigir el partido Pedro Sánchez. El presidente de Aragón pide agravar más las penas de malversación para los independentistas porque considera que cometieron un delito gravísimo. ¿Por qué se han atrevido a dar un paso adelante si saben cómo se las gasta Pedro Sánchez con los disidentes? Además de temer que los resultados electorales sean un verdadero fiasco en sus comunidades autónomas, parecen estar persuadidos de que estamos en un punto de no retorno. Que este país necesita a alguien que pare a Pedro Sánchez y que alguno de ellos debe ofrecerse como alternativa. Convencidos de que el freno a Sánchez tiene que salir desde dentro para rescatar al partido del sanchismo que lo ha secuestrado, antes de que el popular Feijóo les gane en las urnas. Es verdad que ahora se sienten más acompañados en la crítica. Con el manifiesto contra la reforma del Código Penal firmado por exministros socialistas. Con el propio Alfonso Guerra, diciendo que «legislar ad hominem», como está haciendo Sánchez a gusto de ERC, es «una forma también de corrupción». La decepción de ilustres socialistas por «la deriva autoritaria» que está adoptando este Gobierno está empezando a asomar la cabeza. En contraste con el silencio narcotizado de la militancia. La opinión del magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, ha quedado grabada sobre mármol como un epitafio: «La prepotencia de un Gobierno capaz de saltar por encima de la Carta Magna para obtener el control mayoritario del Tribunal Constitucional». Veremos qué recorrido tiene. Finalizaba mi último artículo preconizando que la próxima estación del recorrido de Sánchez es el referéndum. Y ahí está ya. Desde Cataluña, Salvador Illa lo llama «consulta» (¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?) y dice que no es lo que parece. ERC se ríe satisfecha. Se va cumpliendo su hoja de ruta. Lo más humillante, tras la cesión en la malversación, es la jactancia de ERC. Sus alardes al comprobar que la fruta Sánchez está madura. Lo ven tan débil y predispuesto que saben que pueden forzar un referéndum sobre su independencia. Lo peor: que los socialistas de La Moncloa juran y perjuran que no habrá referéndum. Pero, a estas alturas, su cota de credibilidad está por debajo de cero.