No ha llegado el momento de que el espacio Frankenstein (PSOE-Podemos-nacionalistas) pueda romperse, como ha ocurrido con la izquierda portuguesa (pacto de la ‘jerigonça’), pero fue real la sismicidad registrada por un amago de rebeldía presupuestaria (ERC y PNV) y la tensión entre los dos componentes políticos de la coalición de gobierno. 

Sánchez pasa el puente de los Todos los Santos con los dos problemas en estado de aplazamiento. Sus costaleros no presentan enmienda de devolución a los PGE 22 y cesa la bronca (más mediática que política, todo hay que decirlo) en casa por cuenta de la reforma laboral. Está autoconvencido de que agotará la legislatura y no habrá elecciones antes de 2023. 

Cuando aún colea el conflicto de vicepresidentas, Calviño y Díaz, Sánchez preside mañana martes en Moncloa la reunión del equipo negociador de la reforma laboral con los agentes sociales. Un solo equipo con representación de tres ministerios (Economía, Trabajo e Inclusión y Seguridad Social) y dos organizaciones políticas diferenciadas (PSOE y UP). 

Sánchez no debe manejar el pacto de coalición, sino el documento que condiciona la ayuda europea al cumplimiento de las reformas

El ruido mediático cabalgaba y aún cabalga sobre la hipótesis de que la parte minoritaria bracea por quedarse con la bandera social del espacio Frankenstein mientras Yolanda Díaz ya se adorna como la venidera líder a la izquierda del PSOE. Pero el reto no es cumplir con UP, sino con Bruselas. Y Bruselas quiere la nueva reforma laboral terminada en diciembre para que pueda entrar en vigor ya en 2022.

Por tanto, no tendría sentido que mañana Sánchez se limitase a poner sobre la mesa el pacto de coalición firmado con Iglesias el 30 de diciembre de 2019 y acabar discutiendo sobre su grado de cumplimiento. Si se trata de llevar al BOE una nueva regulación del mercado de trabajo, el documento que debe ponerse sobre la mesa es el llamado ‘Operational Arrangement’.

Es una especie de contrato confidencial con la Comisión Europea (no se ha hecho público) para el seguimiento técnico de las reformas comprometidas y los objetivos a conseguir. En ese acuerdo de funcionamiento, se alude a la necesidad de que el nuevo marco legislativo resulte del consenso del Gobierno con el empresariado y los sindicatos.

Díaz ha comprendido que «no hay alternativa». Lo que sea con tal de no ver a Abascal en el Consejo de Ministros, como dicen Otegi y Junqueras 

Es lo que Sánchez prometió en Trujillo (cumbre hispano-portuguesa). Que habrá reforma laboral y «será por consenso», dijo mirando a Bruselas. Se entiende, porque de la verificación semestral prevista, respecto a ese y otros 400 compromisos, dependen las autorizaciones de pagos y los consabidos desembolsos de Bruselas con cargo al fondo de recuperación (Next Generation EU). 

El otro elemento condicionante de la reunión de mañana es la fecha del 15 de noviembre como el fin del plazo de Moncloa para que patronal y sindicatos pacten los contenidos.

Son vectores del análisis más que sobrados para anticipar la fumata blanca en la reunión de mañana. Por la cuenta que les trae a los actores. Sánchez ha convencido a Yolanda Díaz de que no se puede hacer nada en contra de la parte mayoritaria del pacto, por mucho que el contertulio Iglesias Turrión se harte de decir en la radio que el PSOE no tiene “cultura de coalición”.

Y Díaz, en fin, ha comprendido que «no hay alternativa». Lo que haga falta con tal de no ver a Abascal sentado en el Consejo de Ministros. Más o menos lo que dicen Otegi y Junqueras.