EL MUNDO 11/07/14
· El ‘carnicero de Mondragón’ y Akaiturri Arazabal reclamaban la ayuda de 426 euros al mes
Por ahora, el Estado contra el que lucharon asesinando a decenas de personas hace décadas no tendrá que pagarles un subsidio por desempleo. No, al menos hasta que se arrepientan de los crímenes que cometieron, y por los que han cumplido entre 22 y 29 años de cárcel, repudien a la banda terrorista a la que pertenecieron, pidan perdón a las víctimas y se comprometan a colaborar con la Justicia. Los etarras Jesús María Zabarte Arregi, alias el carnicero de Mondragón, e Iñaki Akaiturri, antiguo miembro del comando Eibar, han visto cómo el Juzgado de lo Social número 1 de Éibar ha desestimado la demanda que ambos interpusieron contra el Servicio Público de Empleo (SEPE) por denegarles la prestación de excarcelación a la que consideraban que, como el resto de presos, tenían derecho una vez abandonaron la prisión.
Sin embargo, la juez concluye que la denegación del SEPE se ajustó a derecho ya que ninguno de los dos ha certificado previamente haber cumplido «los requisitos exigidos» para los condenados por delitos de terrorismo. La juez recuerda que ninguno de los dos etarras ha satisfecho la responsabilidad civil, ni con las víctimas ni con el Estado, a la que fueron condenados. Requisitos incorporados tras la reforma de la Ley General de la Seguridad Social, impulsada por el Gobierno y que entró en vigor el pasado 1 de enero.
La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, es la primera de estas características contra un preso de ETA. En la sentencia se recuerda que la reforma de la ley estableció que a los presos de la banda se les obligaría a acreditar «mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia» antes de poder acceder a este tipo de subsidios. Además, deben pedir perdón de forma expresa a las víctimas de su delito, y comprometerse a colaborar con las autoridades. Requisitos que ni Zabarte Arregi ni Akaiturri Irazabal habrían cumplido. Según fuentes de la Delegación del Gobierno en el País Vasco, alrededor de una treintena de presos de ETA habrían solicitado este tipo de ayudas, una vez abandonada la cárcel.
Quienes perciben esta prestación obtienen un ingreso de 426 euros al mes, durante un periodo de seis meses, prorrogables por otros 12 más, y siempre que carezcan de un empleo. Ambos etarras abandonaron la cárcel tras la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Estrasburgo.
En el caso del carnicero de Mondragón, condenado a 615 años por 17 asesinatos, lo hizo el 20 de noviembre del año pasado tras casi tres décadas entre rejas. A Zabarte Arregi se le acusó, entre otros crímenes, de participar en el asesinato de tres policías y de rematar a un cuarto. En el caso de Iñigo Akaiturri, fue detenido en 1981 y condenado a 60 años por el asesinato de un camarero en 1986 en Zumaia, al que ETA acusó de ser un confidente de los GAL. La aplicación de la doctrina Parot había prolongado su condena hasta el año 2017, pero su derogación permitió su puesta en libertad en noviembre del año pasado.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, se felicitó ayer por la resolución que consideró que permite evitar «esta burla a las víctimas y al Estado de Derecho». Subrayó que refuerza «lo acertado» de la reforma del Ejecutivo, y la exigencia que se impone a los terroristas de «hacer frente a sus responsabilidades». «A ellos no les agradará, pero mucho menos a las víctimas y al Estado que soliciten estas ayudas, no es de recibo cuando aún quedan 300 asesinatos por esclarecer».