La decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa al expresidente catalán Carles Puigdemont por su relación con Tsunami, investigado en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, aboca a la ley de amnistía a un callejón sin salida en la UE.
La decisión del TS desautoriza los argumentos de la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde, y coloca a Pedro Sánchez en una colina indefendible.
En primer lugar, porque, como informa hoy EL ESPAÑOL, Junts utilizará la decisión del Supremo como prueba de que la inclusión en la ley de amnistía de todo tipo de terrorismo es imprescindible para evitar el «sabotaje» de los tribunales españoles.
En segundo lugar, porque la persecución de los delitos de terrorismo es obligatoria según las directivas de la Unión Europea, lo que excluye de raíz la posibilidad de que estos sean amnistiados, en cualquiera de sus formas o con cualquier subterfugio jurídico.
La resolución (unánime) de la Sala Penal del Tribunal Supremo se basa en la existencia de una «pluralidad de indicios» que permiten apuntar al control de Tsunami por parte de Carles Puigdemont. Y Tsunami, según la investigación del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, es el autor de numerosas acciones, algunas de ellas de extraordinaria violencia, cuyo objetivo era «la subversión del orden constitucional».
La decisión del Supremo se produce, además, a apenas seis días del vencimiento del plazo para que PSOE y Junts lleguen a un acuerdo en el Congreso sobre la ley de amnistía. El Gobierno puede, es cierto, ganar tiempo solicitando una nueva prórroga del plazo. Pero ¿con qué objetivo y para llegar a qué escenario?
Los hechos son tozudos. Si el perímetro de la ley de amnistía se amplía hasta incluir cualquier tipo de delito, como exige Junts, la norma será con casi total probabilidad objeto de conflicto jurídico y político en Europa.
Si la ley se limita a los delitos incluidos en el primer borrador, Junts tendrá imposible transigir sin que dicha cesión le suponga un coste electoral inasumible a las puertas de unas elecciones autonómicas catalanas clave para su futuro.
Llegados a este punto, ¿qué opciones le quedan a Pedro Sánchez? Junts ha afirmado ya que la decisión del Supremo no ha cortado las negociaciones con el PSOE, y ha esgrimido la resolución como presunta evidencia de que la justicia española «está intentando interferir en la voluntad del legislador».
El presidente ha salvado bolas de partido similares a esta en el pasado, pero no parece que frente a esta en concreto queden muchas más opciones que aceptar el planteamiento de Junts (es decir, incluir el terrorismo en la ley de amnistía) o renunciar a ello y arriesgarse al fin de una legislatura que hoy parece herida de muerte.