EL CORREO 20/05/14
· Igor Suberbiola, supuesto participante en las reuniones con enviados del Gobierno español, acusa a París de criminalizar el proceso de diálogo
El Tribunal Especial de lo Criminal de París esgrimió ayer las actas de las conversaciones de ETA con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como pruebas de cargo contra la cúpula política detenida en Burdeos en mayo de 2008. Igor Suberbiola Zumalde, uno de los supuestos participantes en aquellas reuniones, acusó a la Justicia gala de pretender «criminalizar un proceso de diálogo para llegar a una situación de paz».
La jueza Jacqueline Audax, presidenta de la Corte, expuso que en el cuartel general del aparato político en Burdeos se encontraron 29 actas de otras tantas reuniones celebradas entre junio o julio de 2005 y mayo de 2007 que totalizaban 378 páginas redactadas en vasco y español. «Cada una de las partes se reprochaba realizar un doble juego, había críticas recíprocas sobre incumplimientos de las garantías previas pactadas y largas discusiones sobre la terminología, por ejemplo ,acerca de la definición de la palabra ‘conflicto’», comentó.
Ante los reproches formulados por los acusados y la defensa, la magistrada aclaró que no le correspondía al tribunal decir de quién había sido la culpa del fracaso de las negociaciones. «Nuestro interés es saber la razón de que los acusados tuvieran documentos impropios de simples militantes de base», explicó en referencia al papel dirigente que se les atribuye.
«Cuestiones políticas»
Cuando fue interrogado sobre la cuestión, Suberbiola se declaró «sorprendido de que el tribunal lleve al terreno judicial el intento de resolver un conflicto político y armado prolongado en el tiempo que implicó a organismos internacionales y gobiernos europeos como el de Suiza». «Soy militante político y considero que las cuestiones políticas vascas no deben tratarse en un tribunal francés», dijo.
El fiscal Jean-François Ricard opinó que en realidad se trató de una ‘pseudonegociación’ porque «desde el principio ETA atacó públicamente el proceso y ya en el verano de 2006 ponía en duda la voluntad negociadora» de Madrid. Planteó que, a pesar de la tregua, ETA «mantuvo el 90% de la actividad» pues continuaron la kale borroka, la extorsión, los robos de material y la preparación de atentados.
La abogada Yolanda Molina, defensora de Ainhoa Ozaeta Mendikute, replicó que la Fiscalía francesa era «más rígida e intolerante que el propio Gobierno español de la época». «Los conflictos siempre se terminan hablando y transformar eso en elementos de cargo es la prueba del carácter político de este sumario y de este proceso», objetó.
El tribunal también desveló el informe de conclusiones resultantes de la consulta a la militancia realizada tras el fracaso de la vía dialogada y que el comité ejecutivo tenía previsto aprobar en una reunión programada en junio de 2008. El documento de síntesis ratificaba la validez de la lucha armada para obtener los objetivos del derecho de autodeterminación y la unidad territorial.
Sabotajes
«El enfrentamiento armado acabará cuando finalice la opresión armada de Euskal Herria», leyó la jueza Audax antes de indicar que se preconizaba proporcionalidad y diversificación en los atentados sin causar daños no deseados y golpear los pilares del Estado español: partidos, FSE, infraestructuras, Administración…
El debate interno sobre la conveniencia de abrir un frente contra Francia se zanjaba con las recomendaciones de trabajar en la concienciación política de la ciudadanía de Iparralde y de realizar acciones de sabotaje y propaganda contra los intereses galos. El fiscal Ricard observó que el documento de la cúpula política no retomaba la posición del jefe del aparato militar Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, favorable a «golpear a Francia».
Entre las 74 contribuciones descubiertas en Burdeos había militantes que proponían ejecutar atentados simbólicos en París y en el País Vasco francés que «no deben ser percibidos como una declaración de guerra sino como un punto de reflexión». Sugerían explosionar artefactos o coches bomba en un cuartelillo de la Gendarmería, en las inmediaciones del museo del Louvre, en las calles de los hoteles de Lourdes, en la fábrica de Michelin en Clermont-Ferrand, en un aeropuerto, en el domicilio de la política conservadora Michèle AlliotMarie o contra «un juez que esté contra nosotros».