ABC – 30/09/15
· El TSJC cita por desobediencia a Mas, a la exvicepresidenta Ortega, que insiste en que «hicimos lo correcto», y a la consejera Rigau. Declararán el 15 de octubre.
· Un «president» en horas bajas La imputación llega cuando Artur Mas ya no puede sacarle rédito electoral y mientras la CUP se opone en firme a apoyar su investidura.
· Perfil progresista El instructor de la causa abierta tras la consulta prohibida del 9-N, Joan Manuel Abril, llegó al TSJ de Cataluña con el apoyo de CiU, PSC e ICV.
Nueve meses después de admitir la querella de la Fiscalía y dos días después de las elecciones autonómicas catalanas. Esa fue la fecha elegida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para notificar la previsible imputación por desobediencia del presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas. Por celebrar la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014, pese a la suspensión del Tribunal Constitucional.
El anuncio sorprendió a Mas en plena reunión ordinaria del Gobierno catalán. Y en plena resaca del 27-S. Cuando la candidatura ganadora que integraba Mas y ERC, la independentista Junts pel Sí, comienza a negociar con la CUP, que se niega a investir a Mas como nuevo «president».
El magistrado del TSJC que investiga la causa del 9-N, Joan Manel Abril, citó ayer como imputados –aunque en su interlocutoria usó el término «querellados»– a Artur Mas, a la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. Las fechas elegidas para las comparecencias dieron mucho que hablar. Rigau y Ortega declararán el próximo 13 de octubre, pero Mas tiene cita dos días después, el 15 de octubre. Justo ese día se conmemorará el 75 aniversario del fusilamiento a manos de las autoridades franquistas del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, que proclamó el Estado catalán. Además, a principios de este mes la Generalitat acordó declarar esa jornada como Día Nacional en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista.
La Fiscalía, y antes otras acusaciones como Manos Limpias, presentó una querella contra Mas, Ortega y Rigau el pasado 21 de noviembre. La firmó el fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada; a regañadientes. Después de que él y el resto de fiscales catalanes se opusieran a la misma. Después de que el entonces fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, le instara a ello tras lograr el aval de la Junta de Fiscales.
Fiscalía acusa a Mas, Rigau y Ortega de cuatro delitos que acarrean hasta 18 años de inhabilitación y penas de cárcel menores, no efectivas: desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. El TSJC admitió la querella por un delito de desobediencia, sin cerrar la puerta a imputarles otros.
Además de Mas y los otros cargos de la Generalitat, el magistrado instructor también citó ayer a declarar, para el 19 de octubre y en calidad de testigos, a varios cargos de la Generalitat responsables de la organización de la consulta. Y volvió a citar, tras suspender su testimonio previsto el pasado 22 de septiembre, en plena campaña, a Dolores Agenjo, la directora de instituto que denunció presiones para abrir el centro como colegio electoral.
«Estoy convencida de que hice lo necesario y lo volvería a hacer», tuiteó unas de las querelladas, Joana Ortega, de Unió. «Lo que hicimos fue correcto y cumplía el mandato del Parlament», declaró a su vez Irene Rigau.
En fuentes judiciales se consideraba anómalo que el TSJC tardara tantos meses en imputar a Mas. Que la citación llegue tras la campaña electoral también es motivo de sospechas. La voluntad del magistrado instructor era no interferir en el proceso electoral. De hecho, acorde con este criterio –aunque no lo explicitó–, estimó los recursos presentados por los abogados de los querellados y aplazó la declaración como testigo de la directora del instituto que denunció presiones, prevista para el pasado 22 de septiembre. Los letrados adujeron que su testimonio en plena campaña interfería el proceso electoral y solicitaron que se se suspendieran las testificales hasta que declararan Mas, Rigau y Ortega. Y así ha sido.
Entre los independentistas se admitía ayer que la imputación de Mas tras las elecciones les perjudica más que les favorece. Lo ideal, para ellos, habría sido que hubiera tenido lugar en campaña. Quizás eso habría servido para que Junts pel Sí lograra en las urnas una mayoría absoluta.
El consuelo, será la foto del 15 de octubre. Mas suele acudir ese día ante la tumba de Lluís Companys, en Montjuïc, para rendir homenaje al expresidente fusilado. A las 10.00, tendrá cita ante el TSJC. Y seguro que le recibirá una concentración de fieles.
En cuanto a su futuro procesal, el presidente tiene muchos números para verse juzgado –seguramente a mediados de 2016– por una terna de jueces del TSJC con mayoría de conservadores. Como María Eugenia Alegret o José Francisco Valls, dos de los seis jueces que ahora integran la Sala Civil y Penal del TSJC y que son miembros de la Asocación Profesional de la Magistratura. El instructor de la causa, Joan Manuel Abril, fue en su día designado a instancias del Parlamento catalán, con los votos de CiU, PSC, ICV ERC. Pero no podrá juzgar a Mas al estar contaminado por ser instructor.
De los tres jueces que juzgarán a Mas, Rigau y Ortega, uno será el presidente del TSJC. Actualmente en es el progresista Miguel Ángel Gimeno, pero su mandato acaba en diciembre y no es seguro ni tan siquiera que opte al concurso que el CGPJ abrirá para renovar su vacante.
ABC – 30/09/15