El revés sufrido ayer por el Gobierno de coalición al paralizar el Congreso la ley de amnistía por el rechazo a última hora de Junts puso de manifiesto la precariedad en la que se asienta su mayoría parlamentaria, a expensas de las exigencias maximalistas de Carles Puigdemont, a las que en este caso no cedió Pedro Sánchez. El texto vuelve así a la Comisión de Justicia, donde una de las dos partes deberá dar su brazo a torcer para aprobar la impunidad de los encausados en el ‘procés’, que requiere la mayoría absoluta del pleno. Las enmiendas aceptadas por el PSOE en los últimos días, que en contra de su criterio inicial extendían la medida de gracia incluso a algunos condenados por terrorismo, habían reducido hasta el extremo el margen para que la regulación pase el filtro del Tribunal Constitucional y, en su caso, de la Justicia de la UE. Las nuevas demandas de los posconvergentes para blindar su aplicación sin cortapisas a los delitos de terrorismo y alta traición, tras los últimos movimientos judiciales que acotaban el terreno del articulado, han obligado a los socialistas a plantarse, aunque ninguna de las dos partes está interesada en que la polémica iniciativa se salde con un fiasco a las primeras de cambio.

Las acusaciones de «prevaricación» y de «fabular» para impedir la amnistía lanzadas por los portavoces independentistas contra los jueces que aún investigan causas vinculadas al 1-O responden a un juicio de intenciones que no tiene cabida en el Congreso. Tales invectivas lanzadas por Junts, ERC, EH Bildu y Podemos, pero también por Sumar -que participa en el Gobierno-, tratan de situar la potestad del Legislativo como algo irrefutable por parte de las instancias judiciales y cuestionan el Estado de Derecho. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, estuvo acertado al reprobar tales palabras. No obstante, habría sido más conveniente que lo hiciera antes de conocerse el resultado de la votación, no después, y que también hubiera aludido a las sospechas sobre las supuestas intencionalidades políticas de algunos magistrados que han deslizado dirigentes del PSOE.

El pleno de ayer ofrece la imagen de un Gobierno con pies de barro y somete a los socialistas y a su díscolo aliado a un pulso de quince días en la Comisión de Justicia del Congreso para ver quién cede. O Sánchez o Puigdemont. Citándose mutuamente ante el vértigo de que al final no haya ni amnistía ni legislatura. A no ser que ambas sean aún más de Junts.