El Gobierno no tiene un problema con los fiscales y los jueces. Tiene un problema, y grande, con la ley, como es lógico tratándose de un Gabinete surgido de un pacto con delincuentes. Los profesionales de la justicia se limitan a aplicar el ordenamiento sin dejarse someter por el criterio de «necesidad» (sic) de un presidente sin mayoría que ha ido a buscarla en unos partidos de vocación rupturista declarada, y que le exigen contrapartidas fuera de su alcance incluso a pesar de su voluntad de entregarlas con procedimientos propios de una autocracia. En algún momento le debió de parecer asequible la idea de encajar la amnistía en la Constitución a golpes de constructivismo jurídico y gracias a la prestidigitación de Conde- Pumpido. Se trataba de soslayar el debate de si ese proyecto de impunidad discrecional es justo y sustituirlo por el de si es o puede convertirse en legal, pero ni siquiera ese empeño está resultando sencillo. Por tres razones. Una, que el golpe separatista reunió una nutrida amalgama de delitos muy complicados de borrar a base de simple relativismo. Dos, que Puigdemont no se conforma con el blanqueo de su currículum y quiere demostrar su posición de poder y de fuerza mediante una humillación sin paliativos. Y tres, que los ropones se muestran decididos a defender su autonomía jurisdiccional y su prestigio frente a la pretensión gubernamental de reducirlos a obedientes comparsas ejecutoras de caprichos políticos.

Así, el conflicto con las togas amenaza con embarrancar el mandato. Acabará mal, por más que Sánchez lo pueda y lo vaya a resolver a plumazos, en todo caso con un coste demasiado alto para la estructura institucional del Estado. La Fiscalía ya ha quedado en entredicho por mucho que al final imponga a martillazos la sinrazón de su criterio jerárquico. El Consejo del Poder Judicial lleva trazas de seguir bloqueado porque las maniobras cada vez más sucias del Ejecutivo alejan la de por sí complicada posibilidad de pacto. El Supremo no parece dispuesto a dejarse instruir los sumarios que tiene entre manos. Y el entramado normativo –sea el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o cualquier otra pieza– no es fácil de modificar sin riesgo de que los cambios desemboquen en efectos indeseados susceptibles de dejar lo del ‘sí-es-sí’ en un juego de parvulario. La gravedad del asunto consiste en que no es posible la marcha atrás sin que la legislatura se venga abajo. La amnistía era desde el principio una bomba en los cimientos del sistema y sus promotores empiezan a darse cuenta de que no van a poder detonarla y salir indemnes de sus consecuencias. Pero a estas alturas el sanchismo no tiene otra salida por la que escapar de su contradicción interna (y eterna), aunque sea menester derribar a patadas la puerta. Siempre habrá quien justifique el desafuero en el bien mayor de evitar que gobierne la derecha.