Lo primero sería reconocer que las políticas de promoción, adecuación, actualización y uso de nuestra lengua minoritaria –lo de ‘minorizada’ ya lleva una carga ideológica que lastra y compromete innecesariamente– han dado resultados muy positivos en cuanto a la población que conoce y entiende el euskara. En Euskadi, el 43% de la población dice poder manejarse en esta lengua; en 1980 solamente era el 20%-25%. Este aumento se debe fundamentalmente a la enseñanza obligatoria cada vez más reforzada en euskara, así como a la euskaldunización de adultos.

Por otro lado, su uso, sin embargo, ha disminuido incluso en zonas fuertemente euskaldunes. El euskara resiste, pero debilita su presencia. Incluso se va imponiendo una suerte de híbrido –euskañol–, una especie de pidgin exitoso, cada vez con más energía y guayismo. Son los tiempos de la comunicación global, sin frontera idiomática. Es la naturaleza que crece salvaje y –como indica su propio nombre– natural. ¿Debemos ponerle puertas a ese campo de la comunicación? Reflexionemos, no impongamos.

Y luego, están los niveles de exigencia del euskara para formar parte de la Administración vasca. Había –y sigue existiendo, aunque está en el corredor de la muerte– un par de normas que regulaban los distintos perfiles y niveles de exigencia, aprobados por la inmensa mayoría de las fuerzas parlamentarias, después de una serie de acuerdos y consensos, con el objeto de preservar los derechos lingüísticos de la población bilingüe y los derechos laborales de las personas sin perfil.

En los últimos años trabajadores excluidos han presentado demandas en contra de convocatorias de empleo público que excedían notablemente esos niveles de exigencia. Los tribunales han aplicado la ley declarando nulas esas convocatorias y desde los repartidores habituales de carnés se denomina «ofensiva judicial y social», endosándonos el inefable calificativo de «euskarófobos» a quienes solo reclamamos el cumplimiento de la norma escrita. O sea, crear enemigos para luego combatirlos, en pos de un bien superior: salvar la lengua de gente desafecta al criterio único que se ha de tener sobre el euskara.

Decíamos al principio que todas estas cuestiones anteriores deberían llevarnos a una reflexión de fondo. Algunos –ya lo han planteado– proponen que el euskara sea la lengua nacional y así generalizar ya su empleo en todos los espacios de la vida social, cultural, laboral y en las instituciones públicas. Otros creen que cada municipio ha de decidir a su libre albedrío quién, cuánto, cómo y cuándo. Y están los que dicen que la norma actual ha funcionado bien pero que se deben hacer cambios para mejorar algunos problemas, y quienes opinan que ya está bien de tanta imposición. Hay, por lo tanto, un amplio abanico de sensibilidades y maneras de entender la política lingüística vasca.

El Deustobarómetro ha dado cifras hace pocos días a esta opinión plural de la sociedad vasca: menos del 20% considera que hay que endurecer los requisitos lingüísticos para el acceso a los puestos de trabajo del sector público. A ese único 20% da respuesta el cambio legislativo. En contra de la opinión del 80%. Y otro dato importante: tan solo el 20% de la ciudadanía vasca posee acreditación en perfiles superiores. El resto queda fuera.

En Euskara Denontzat consideramos que cargarse los consensos que han regido nuestra convivencia lingüística durante 45 años es una temeridad, sobre todo, si la propuesta de tan solo una fuerza política ha sido incapaz de concitar apoyos transversales, ha sido incapaz de atraer a cualquier otra tradición ideológica asentada de nuestro pequeño país. ¿Se puede aprobar una ley de semejante calado con el único apoyo de sus propias filas? ¿Dónde quedan las palabras del lehendakari, que abogaba por los acuerdos entre diferentes? ¿Qué alternativa nos dejan a la gente que creemos que la política lingüística vasca necesita recuperar sus principios pluralistas y hacer frente a los diferentes sectarismos excluyentes que la atenazan?