EL MUNDO 21/05/2013
· Tampoco ve «adecuada» la «separación en grupos por razón de la lengua habitual.
· Debe haber una «oferta razonable» en castellano pagada con fondos públicos.
El modelo de inmersión lingüística de la Generalitat de Cataluña ha sufrido un nuevo tirón de orejas, de última hora, en el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). El texto que recibieron ayer los grupos parlamentarios –al que ha tenido acceso este periódico– rechaza tanto «la atención individualizada en castellano» como «la separación en grupos» como fórmulas para garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos.
La atención individualizada es el mecanismo bajo el que se escuda el Govern para asegurar que en las aulas catalanas también se aprende en español. Por él, el profesor se dirige puntualmente en castellano al alumno que ha pedido una enseñanza en esta lengua para traducirle lo que no haya entendido, pero no incorpora este idioma a las rutinas de toda la clase, tal y como los jueces han dicho que se haga.
El Ministerio de Educación se ha hecho eco de la reciente jurisprudencia y, en la disposición adicional 38º de la Lomce, que regula todo lo relacionado con las lenguas, señala que, «para garantizar los derechos lingüísticos individuales de los alumnos», «no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de la lengua habitual».
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, no dio publicidad a este nuevo redactado tras aprobarse, el pasado viernes, el anteproyecto de la Lomce en Consejo de Ministros. Quizá no quiso echar más leña al fuego, a pesar de que la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ya ha afirmado otras veces que prefiere ser inhabilitada antes que acatar estas ordenes judiciales.
Porque el Tribunal Supremo sentenció, el pasado febrero, que no bastaba una «atención particularizada» a dos niños a los que previamente les había reconocido el derecho a que el castellano se utilizara también como lengua vehicular en su enseñanza, sino que la lengua común del Estado deberá ser habilitada como vehicular «junto con sus condiscípulos» y «en el colegio y curso en que los hijos del recurrente siguieran la enseñanza». En otras palabras, si un alumno lo pide, toda su aula tendrá clase en español. También lo estableció así, el pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): «El sistema ha de adaptarse a toda la clase de la que forma parte ese alumno. Lo acordado afecta al alumno conjuntamente con sus compañeros».
El proyecto de la Lomce cambia también su redacción, respecto a las versiones anteriores, para dejar más claro que el Gobierno autonómico «deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular». En este sentido, los padres «tendrán derecho» a que sus hijos «reciban enseñanza en castellano, dentro del marco de la programación educativa»; es decir, en colegios públicos o concertados.
Si no hay «oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, el Ministerio de Educación, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración educativa, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos en centros privados en los que exista dicha oferta con las condiciones y el procedimiento que se determine reglamentariamente, gastos que repercutirá a dicha Administración educativa». Esto es «excepcional» y «se extinguirá con la adopción por la Administración educativa competente de medidas adecuadas para garantizar los derechos lingüísticos individuales de los alumnos». Pero, «a estos efectos», añade, no valdrá ya ni la atención individualizada ni separar en grupos.
EL MUNDO 21/05/2013