Del Blog de Santiago Gonzñalez

El Tribunal Supremo ha revocado la semilibertad que los golpistas se habían trabajado por dos vías: la progresión de grado y la flexibilidad. La primera consistía en el paso de los condenados del segundo al tercer grado penitenciario por decisión de la Generalidad. Los presos cumplen condena en cárceles catalanas en virtud de la transferencia de las competencias penitenciarias que se produjo el 28 de diciembre de 1983, festividad de los Santos Inocentes, dicho sea sin ánimo de señalar.

La segunda consistía en la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. También se les deniega la semilibertad que venían disfrutando con los mismos argumentos que se dieron a Carme Forcadell el pasado mes de julio por la falta de conexión de un programa de tratamiento con un proceso de reinserción de los delitos cometidos.

Han sido nueve los autos en los que el Supremo se opone a la progresión de los nueve condenados, por lo que, casi con toda probabilidad pasarán las navidades dentro. Reprocha el Alto Tribunal a la juez de Vigilancia penitenciaria la sugerencia de que la estimación del recurso de los fiscales equivaldría a exigir al interno que modifique su ideología y recuerda que la Administración penitenciaria no es una tercera instancia que pueda arrogarse la tarea de hacer más justas las sentencias de jueces y tribunales.

Una y otra vez repite el Supremo que no pretende obligar al interno a renegar de sus convicciones políticas, porque estas son ajenas por completo a su condena: “la libertad ideológica de cualquier interno ha de permanecer intacta y no puede ser erosionada durante el tiempo de cumplimiento. Nuestro sistema penitenciario no autoriza intromisiones en el espacio ideológico de los reclusos”. Es la ley, no sus ideas.

La insistencia a lo largo y ancho de los nueve autos es un signo muy notable de lo que nos pasa. No debería requerir mucho esfuerzo la simple idea de que en España no existen presos políticos y que nadie cumple condena por sus ideas, salvo que estemos dispuestos a considerar que el violador del ascensor está en la cárcel por haber ejercido su libertad sexual.

El problema es que el vicepresidente segundo del Gobierno sí cree que existen los presos políticos en España y considera que los golpistas de Cataluña lo son.  “los delitos de los que les acusaban son delitos que recogen comportamientos políticos”. Exactamente lo mismo podría decir de Tejero por el 23-F. Eso parece creer también el presidente del Gobierno, aunque hace un año parecía tener las cosas más claras: “¿Os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno, con Podemos dentro, diciendo que hay presos políticos en España y defendiendo el derecho de autodeterminación? ¿Dónde estaría España?” Exactamente, donde la han llevado ellos.

No han agotado todas las posibilidades. Faltan la reforma del delito de sedición y el indulto, aunque no se vea el arrepentimiento ni estén dispuestos a pedirlo. ¿Arrepentidos de qué, si no paran de prometer “Ho tornarem a fer”? Mientras, el mundo en vilo en espera de la reacción contra los fiscales de la allegada íntima del exjuez prevaricador, que es la fiscal ge neral del Estado, manda huevos. Y de lo que pase con los terroristas presos, otros con motivación política para Iglesias, ahora que Marlasca los va acercando y que el PNV va a recibir la competencia.