Hace ya mucho tiempo que el cumplimiento de la ley no está entre las primeras exigencias que todos los poderes públicos se hacen a sí mismos. El mapa de Euskadi está separado por una línea caprichosa a un lado de la cual, Batasuna, bajo su marca ANV, tiene representación en los Ayuntamientos, y al otro, se le considera cómplice del terrorismo y por tanto ilegal.
En el estío festivo de Euskadi, sólo 15 de los más de 250 ayuntamientos vascos se han dotado una ordenanza o normativa para impedir la simbología de la banda terrorista y la presencia de las fotos de los presos etarras en el espacio festivo y en las txosnas, casetas que gestionan las comparsas. La autorización para abrir txosnas depende del Ayuntamiento.
No parecen haber servido de mucho la inequívoca actitud del Departamento de Interior del Gobierno vasco que encabeza Rodolfo Ares ni la razonable iniciativa la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) elaboró hace tres meses una ordenanza tipo para evitar a los alcaldes vascos un riesgo de hiperactividad intelectual de consecuencias imprevisibles.
Hace 25 años, el entonces lehendakari Ardanza contrató a un equipo internacional de cinco expertos multidisciplinares capitaneados por un antiguo diplomático británico llamado Clive Rose para que elaborase un informe sobre el terrorismo y medidas para combatirlo. El experto alemán, Hans Horchem, que posteriormente fue contratado por el PNV como asesor en seguridad, hizo una formulación muy precisa, al contar a sus interlocutores lo que le había parecido más llamativo en la política vasca: las líneas que delimitaban el campo de juego en Euskadi eran flácidas.
Lo legal y lo ilegal no son categorías estables o quizá es que el relativismo se está convirtiendo a toda marcha en el signo de nuestro tiempo. Hace ya mucho tiempo que el cumplimiento de la ley no está entre las primeras exigencias que todos los poderes públicos se hacen a sí mismos, de acuerdo con el juramento o promesa que formularon al tomar posesión del cargo: cumplir y hacer cumplir la ley.
El mapa de Euskadi está separado por una línea caprichosa a un lado de la cual, Batasuna, bajo su marca ANV es legal, tiene representación en los Ayuntamientos y aún alcaldes, y, al otro, se considera al mismo partido cómplice del terrorismo y por tanto ilegal.
Esto fue un subproducto del llamado proceso de paz, que promovió el presidente Zapatero, pero habrán de convenir que los vascos empezaron antes. Han pasado muchos años durante los que los radicales no permitían cumplir la Ley de Banderas en las fiestas de los pueblos vascos. La obligatoriedad de que los edificios públicos de la Comunidad Autónoma Vasca ondeen en lugar visible ha tenido que ser impuesta por una sentencia del Tribunal Supremo de 2007 en la que desestimó el recurso planteado por el Gobierno vasco contra una sentencia del TSJPV que establecía tal obligación. El diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, cumplió la sentencia a regañadientes, dejando constancia de su malestar en una placa. «Por la ley de la fuerza, por la fuerza de la ley», dijo, con preciso y correcto quiasmo. Hace casi un siglo que Max Weber había formulado su definición del Estado como «el monopolio jurídico de la violencia física legítima». Por eso cumplimos la ley: en primera instancia por la razón y en segunda, porque detrás está la fuerza coercitiva que todo estado tiene para aplicarla. Los tiempos modernos parece que los explicaba mejor su paisano Horchem con la metáfora de las líneas flácidas.
Santiago González, EL MUNDO, 26/7/2010