ABC 28/08/15
· Convergencia apoyó su investidura en 1996 y 2000, cuando el PP logró mayoría absoluta
La candidatura soberanista de Junts pel Sí –Juntos por el Sí– es una extraña mezcolanza en la que conviven Artur Mas –«campeón de los recortes», según le definían hasta hace nada sus ahora socios–, el republicano Oriol Junqueras o el ex de ICV Raül Romeva, número uno de la candidatura. Las contradicciones internas en el campo ideológico son tan flagrantes que la plataforma ha optado por acudir al que –proyecto independentista al margen– es probablemente su único nexo en común: su aversión al Partido Popular y, en particular, al expresidente José María Aznar.
Así se recoge en el argumentario de la candidatura soberanista en el que, en una práctica habitual entre los partidos catalanes (CDC, ERC, PSC…), José María Aznar vuelve a sacarse a modo de espantajo. «Todo lo que no sea apoyo al sí, será contado como no. La victoria del no es la victoria de Aznar y Rajoy», recoge la guía, que añade: «Si gana el no, la España de Aznar se sentirá más fuerte que nunca».
Tres legislaturas después de abandonar el Gobierno, Aznar sigue encarnando para los nacionalistas la destilación del centralismo menos amable con Cataluña, una visión, paradójicamente, que se contradice con los resultados de su paso por La Moncloa. La estrecha relación que el PP mantuvo con CiU entre 1996 y 2003 –sobre todo en la primera legislatura, con los populares en minoría en el Congreso de los Diputados– marca probablemente uno de los periodos más fecundos en materia de traspasos y descentralización autonómica de la democracia, también por lo que respecta a inversión y planificación de infraestructuras en Cataluña.
Relación fluida
Frente al Aznar tronante que desde FAES advierte contra cualquier cesión al nacionalismo ahora independentista, la fluidísima relación que en su momento mantuvo con el presidente Jordi Pujol dibuja los perfiles de un país ahora irreconocible, en el que el secesionismo era una opción del todo marginal. La imagen que resume esa época se tomó el 28 de abril de 1996 en el Hotel Majestic de Barcelona, donde los principales dirigentes del PP y de CiU publicitaron el acercamiento que permitió a Aznar ser investido como presidente.
De resultas de ese pacto, por ejemplo, se elevó la cesión a las Comunidades Autónomas del 33 por ciento del IRPF y el 35 por ciento del IVA recaudado. De manera significativa se cedieron a Cataluña las competencias de Tráfico o comenzaron las obras de la nueva terminal del Aeropuerto de El Prat.
Dos años después de la firma en el Majestic, Gobierno y Generalitat seguían trabajabando codo con codo. Como ejemplo, y tras una reunión el 15 de abril de 1998 en La Moncloa con Aznar, Pujol llegaba a confesar a sus colaboradores que la relación con el presidente era más fluida de lo que llegó a serlo con Felipe González, no en lo personal, sí en lo político. Pujol, un hombre pendiente de los más mínimos detalles, hasta llegó a valorar como un gesto de cortesía que Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado para la Comunicación, no se dejase ver durante la reunión en la Moncloa.
A una primera legislatura de entendimiento y colaboración le siguió una segunda con mayoría absoluta del PP, en la que Aznar, a criterio de Artur Mas, se convirtión en un gobernante «intratable». Ello no obstante no impidió el apoyo mutuo de ambas formaciones, bien en el Congreso, bien en el Parlamento catalán. Esa época se cerró –con el proceso del Estatuto de por medio y los sucesivos relevos en el Gobierno y en la Generalitat– en octubre de 2006, cuando Artur Mas, entonces ya líder de CDC, realizaba el inédito gesto de firmar ante notario que nunca pactaría con el PP.
Prácticamente veinte años después de la escena del Majestic y diez de la citada firma ante el notario, el PP, y José María Aznar, siguen en el centro de las obsesiones del nacionalismo catalán, tal y como se recoge en el argumentario de Junts pel Sí. El mismo argumentario, por otra parte, que alaba el «prestigio internacional» de Artur Mas y su «reacción clara y sin paliativos ante los casos de corrupción», vistos como una muestra de su «voluntad inequívoca de combatir la corrupción y regenerar la democracia».