Cuando empezó la legislatura, en enero de 2020, Esquerra Republicana se sumó a la operación Frankenstein con la promesa, por parte de Pedro Sánchez, de reflotar esa famosa mesa y darle contenido. Cuando los independentistas hablan de contenido, se refieren al derecho de autodeterminación –que es inconstitucional y, como consecuencia, imposible de conceder– y la amnistía –igualmente inconstitucional, e imposible de conceder–. Y cuando Sánchez habla de contenidos, se refiere a propuestas sobre nuevas transferencias e inversiones del Estado en Cataluña. Estamos, por tanto, ante un diálogo de sordos, en el que lo habitual es que una parte pregunte a la otra que dónde va, y la otra parte responda que trae manzanas.

Estaba previsto que esa mesa se volviera a reunir en alguna de las primeras semanas de 2022. En estos días, los protagonistas de la cosa han dicho que la expansión de la sexta ola de la pandemia es un motivo para un posible aplazamiento, y las elecciones en Castilla y León tampoco ayudan. Más que motivos, se trata de excusas, porque, se reúnan o lo aplacen, la realidad vuelve a imponerse: los independentistas solo quieren hablar de independencia y amnistía, y no aceptan que la próxima cita termine sin algún avance en esas reivindicaciones. Y el Gobierno central puede hablar –por hablar, que no quede–, pero no puede hace concesiones sobre esos asuntos. Se supone.

La duda es cuánto margen tendrá este chicle para ser estirado. Hasta ahora, ha dado mucho de sí, y quienes llevan años provocando mareos a la perdiz aspiran a seguir haciéndolo durante más tiempo porque, no habiendo solución al problema de fondo, al menos pretenden mantenerse en sus cargos. De manera que el fuego del conflicto seguirá encendido, con la llama más o menos intensa según les convenga en cada momento. Pero encendida.