El acuerdo entre PSE y PP es simplemente un texto en el que el partido que presta el apoyo fija sus condiciones. El programa de gobierno se conocerá cuando lo presente el candidato a lehendakari. Los populares han llevado la voz cantante en el proceso de negociaciones, pero las tornas cambiarán y el liderazgo pasará a quien está llamado a gobernar en solitario.
Todo cambio de gobierno tiene algo de nuevo comienzo y, en consecuencia, de revisión del pasado. Es lógico, por tanto, que quienes son relevados de la dirección del Ejecutivo se sientan concernidos y hasta ofendidos por las declaraciones innovadoras de sus sucesores, que no pueden no contener una dosis de crítica y de corrección. En tal sentido, tampoco deberían resultar sorprendentes, si no fuera por su desmesura, las reacciones negativas que las ‘Bases para el cambio democrático al servicio de la sociedad vasca’, firmadas ayer por el PSE y el PP, han recibido desde las filas de quienes por ellas se han sentido criticados y corregidos. Con todo, si tales reacciones quieren mantenerse en los límites de lo razonable y ser, por tanto, constructivas, habrán de atenerse a los hechos y no adentrarse en el vericueto de las intenciones.
A este respecto, lo primero que hay que decir del documento acordado entre el PSE y el PP es que no constituye, ni de lejos, un programa de gobierno. Este sólo será conocido en su integridad, y resultará, en consecuencia, criticable, el día en que el candidato a lehendakari lo presente en el Parlamento en la sesión de investidura. De momento, ni siquiera nos encontramos ante lo que se conoce como un pacto de legislatura. Se trata, simple y llanamente, de un texto en el que el partido que ofrece su apoyo fija al que lo recibe el marco y las condiciones en que aquel se presta. A partir de ahí, el margen de gobierno es amplio.
En razón de esta su propia naturaleza, el documento suscrito no puede ser otra cosa que selectivo en los temas y sesgado en su tratamiento. Elige, en primer lugar, de entre todos los posibles, aquellos asuntos en los que sus firmantes pretenden hacer visible el cambio que persiguen en común. Así, la política antiterrorista y las cuestiones que han venido relacionándose con la identidad -como el autogobierno, la lengua, la educación y los medios públicos de comunicación- ocupan la mayor y más destacada parte del texto. Por ello mismo, al centrarse casi sólo en los asuntos que han resultado ser los más controvertidos en las pasadas legislaturas, el acuerdo puede llegar a dar la impresión de que sus autores pretenden dar la vuelta a la situación como si de un calcetín se tratara. Con toda seguridad, esta impresión quedará mitigada cuando lo ahora acordado se equilibre en el contexto de un programa completo de gobierno y, sobre todo, en el de su puesta en práctica.
De otro lado, y por lo que al sesgo se refiere, también la propia naturaleza del texto debería dar pistas útiles para su lectura. Las relaciones de necesidad entre sus firmantes son, por así decirlo, asimétricas. Por regla general, quien demanda el crédito está más necesitado de recibirlo que, de darlo, quien lo concede. En tal sentido, nada habría de escandaloso si, como se ha dicho, en la redacción del texto la mano del PP estuviera más presente que la del PSE, sin que por ello éste haya cedido en sus convicciones. De hecho, en todo el proceso de negociación que se abrió casi la misma noche electoral, ha sido el PP el que ha llevado la voz cantante, habiéndose retirado el PSE a una especie de segundo plano. Con toda probabilidad, las tornas cambiarán de ahora en adelante y el liderazgo, no sólo de los hechos, sino también de su relato, pasará a quien está llamado a dirigir en solitario la acción de gobierno. Sería lo esperable.
En cuanto a los contenidos del texto, tres han sido los que más han llamado la atención: la lucha por las libertades y contra el terrorismo, la política lingüística y la orientación de los medios públicos de comunicación. Habría sido hipócrita esperar, a la vista de las polémicas que hemos presenciado en los últimos diez años, que la nueva mayoría no iría a subrayar, con absoluta claridad, su voluntad de cambio precisamente en estas materias. La distancia, por ejemplo, en política antiterrorista respecto de los Ejecutivos anteriores era tan enorme que no podía camuflarse con expresiones vagas o medias tintas. Por otra parte, nada hay en el documento acordado que no haya constituido el meollo de la estrategia declarada de los firmantes. Más aún. En este punto concreto, lo que se dice en el acuerdo podría ser suscrito, a estas alturas, por un sector tan amplio de la sociedad que desbordaría los límites del electorado propio del PSE y del PP. Así de obvio se había hecho.
A su vez, los temores que se han suscitado en torno a la política lingüística y educativa tienen más que ver con los prejuicios sobre ocultas intenciones que con el propio documento. Los autores se han esmerado en el respeto de la legalidad vigente. Se echa quizá de menos un reconocimiento expreso de la desigualdad fáctica en que viven nuestras dos lenguas oficiales, así como un compromiso más claro por una política de protección y promoción de la minorizada. En cualquier caso, el documento pone el dedo en la llaga de lo que siente una parte no desdeñable de nuestra sociedad y obliga a abrir un debate, largo tiempo pospuesto, sobre los objetivos realistas que se propone alcanzar en materia lingüística y los medios más adecuados para alcanzarlos. Quizá el último dictamen del Consejo Asesor del Euskera, que, aunque no citado en el documento por razones obvias, fue aceptado como borrador de trabajo por el PSE y no fue expresamente rechazado por el PP, pudiera servir de estímulo para un consenso más amplio, que en esta materia se ha hecho del todo imprescindible. Por lo demás, a nadie puede ocultársele que principios tan democráticos como la libertad de elección de la lengua vehicular -tanto en la enseñanza como en las relaciones con la Administración o en la comunicación social- encuentran, para su traducción práctica, obstáculos, no sólo ideológicos, sino hasta de tipo organizativo, que resultan muy difíciles de salvar. En este sentido, el principialismo del documento acordado habrá de trasponerse a la práctica a través del tamiz del pragmatismo gubernamental y de la propia realidad social. Y ello tanto en ésta como en otras de las materias que contienen las bases para el cambio.
José Luis Zubizarreta, EL CORREO, 2/4/2009