M.J. Grech
, blogs.libertaddigital.com, 19/6/11
A las doce del mediodía del 19 de junio de 1979, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Irún (Guipúzcoa) a HÉCTOR ABRAHAM MUÑOZ ESPINOZA, anticuario chileno que vivía en esta localidad guipuzcoana desde hacía ocho años.
Héctor fue abatido a tiros por dos terroristas cuando se encontraba sentado en una butaca en el interior de una de las dos tiendas de antigüedades que había instalado en la localidad. Herido de muerte, la víctima trató de refugiarse detrás de un escritorio, donde fue rematado por los agresores. La Policía encontró más tarde en el lugar del suceso cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN. Tres de las balas habían alcanzado a la víctima en la cabeza, el corazón y el cuello. Los asesinos huyeron rápidamente en un vehículo aparcado en las proximidades y en el que esperaba al volante un tercer terrorista.
En un primer momento, pocas personas conocían la filiación política del asesinado, aunque a media tarde empezaron a extenderse los rumores por la localidad. Uno de ellos, no confirmado, señalaba a Héctor Abraham Muñoz Espinoza como el autor de varios artículos cuya tesis de fondo era una defensa a ultranza de la Policía de Pinochet. Sea como fuere, ETA reivindicó el asesinato del anticuario acusándole de estar relacionado con «distintos servicios informativos (sic) internacionales».
Héctor Abraham Muñoz Espinoza había nacido el 2 de mayo de 1940 en la localidad chilena de Concepción, por lo que tenía 39 años cuando fue asesinado. Había contraído matrimonio con una ciudadana francesa con la que llegó a Irún en 1971. Allí abrió dos tiendas de antigüedades. El matrimonio no tenía hijos. Héctor había recibido varias amenazas de muerte y desde hacía algún tiempo estaba considerando la posibilidad de liquidar su negocio y salir fuera del País Vasco. El anticuario mantuvo en su momento una estrecha relación con Julio Martínez Ezquerro, concejal de la localidad asesinado por la banda terrorista en noviembre de 1977. Al día siguiente Héctor fue enterrado en la intimidad en el cementerio de Irún, con la asistencia sólo de familiares y allegados.
El 19 de junio de 1980, un año después del asesinato del anticuario de Irún, la banda terrorista ETA acababa a tiros en Amorebieta (Vizcaya) con la vida de JOSÉ PABLO GARCÍA LORENZO, empleado del Ayuntamiento de esta localidad vizcaína. En torno a las 8:00 horas José Pablo salía de su domicilio, situado en las afueras de dicha localidad, para dirigirse a su vehículo. Llevaba las manos ocupadas con una carpeta, un libro y las llaves del coche, cuando dos etarras se le acercaron y le dispararon cuatro tiros a bocajarro. Los autores de los disparos huyeron a bordo de un automóvil R-12 que había sido robado a mano armada en las inmediaciones de Amorebieta una hora antes. El propietario del coche había sido maniatado y abandonado en el monte Bizcargui, cercano a Amorebieta.
La mujer de José Pablo, que estaba de baja por maternidad, se precipitó a la calle al oír los disparos. Allí se encontró el cuerpo sin vida de su marido, que había fallecido en el acto tras recibir tres disparos en la cabeza y uno en el pecho. En el lugar de los hechos se recogieron cuatro casquillos del calibre 9 milímetros parabellum.
Según el alcalde de Amorebieta, Enrique Recalde, del PNV, José Pablo García era un empleado normal al que no se le conocía vinculación política alguna. Otras fuentes señalaron que era de ideología de derechas, aunque no era militante de ningún partido, y que había sido muy amigo del anterior alcalde. También comentaron que había sido visto con recelo por frecuentar el cuartel de la Guardia Civil para realizar trabajos relacionados con el servicio de aguas.
Los empleados del Ayuntamiento celebraron una asamblea nada más conocer el hecho, y acordaron abandonar el trabajo a partir de las once de la mañana en señal de duelo. Por su parte, el alcalde, que calificó el hecho como «un asesinato brutal», convocó un pleno extraordinario de la corporación. Previamente, los nueve concejales del PNV hicieron público un comunicado en el que se condenaba enérgicamente el atentado y se hacía un llamamiento a todo el pueblo a «condenar todos los actos de violencia de cualquier signo». «Acciones de este tipo», decía también el escrito, «descalifican a sus autores para todo intento de reestructuración democrática de Euskadi».
José Pablo García Lorenzo, de 25 años, era natural de Bilbao. Estaba casado y tenía una hija de un mes de edad. Era empleado del Ayuntamiento de Amorebieta desde 1971. Hasta hacía poco tiempo, había trabajado como encargado de medir los contadores de agua en las casas de la localidad y, en el momento del atentado, estaba adscrito al servicio de recogida de basuras.
A las 16:08 horas del viernes 19 de junio de 1987 hizo explosión un Ford Sierra en el segundo sótano del Hipercor de la avenida Meridiana de Barcelona, cargado con amonal y líquido inflamable. El coche-bomba se activó mediante un temporizador programado por los asesinos de la banda terrorista ETA Domingo Troitiño Arranz, Josefa Mercedes Ernaga Esnoz y Rafael Caride Simón. El artefacto explosivo estaba compuesto por veintisiete kilos de amonal y doscientos litros de líquidos incendiarios, además de pegamento y escamas de jabón. Esto hizo que los productos incendiarios se adhirieran a los cuerpos y se originase una gran cantidad de gases tóxicos, que ocasionó la asfixia de las personas que se encontraban en su radio de acción. La utilización de líquido inflamable, tipo napalm, que se usa preferentemente contra personas, no tenía precedentes en la banda terrorista. Varias personas resultaron «atrozmente quemadas y mutiladas, sin posibilidad alguna de escapar ante la oscuridad producida por el humo negro y los materiales incendiarios adheridos a su cuerpo (…) sin posibilidad alguna de desprenderse de ellos ni apagarlos, ya que su autocombustión se ocasionó sin necesidad de utilizar el oxígeno ambiente», tal y como recoge la sentencia 49/1989 de la Audiencia Nacional.
Fue una auténtica masacre, con ventiuna víctimas mortales (cuatro de ellas niños) y cuarenta y seis personas heridas, cinco de ellas con pérdida de miembro principal, y diecisiete con lesiones de deformidad y pérdida de miembro no principal. La barbarie criminal de la banda acabó con la vida de trabajadores y clientes del centro comercial.
El coche utilizado por los terroristas había sido robado en San Sebastián hacía cuatro meses, el 16 de febrero anterior, por el grupo de manguis de la banda, que se dedicaba precisamente a eso: a mangar vehículos para luego entregarlos a los etarras que perpetraban materialmente los atentados.
Cuando se produjo la explosión no era un momento de gran afluencia de público, pero el número de clientes que ocupaba las cuatro plantas del establecimiento (planta baja y tres sótanos) era considerable, ya que los viernes es un día habitual de compra. La avenida Meridiana registraba en ese momento un tráfico intenso. Frente a la puerta de acceso al aparcamiento, situada en uno de los laterales del edificio, un grupo de padres aguardaba la salida de los niños de un colegio. «La puerta del garaje saltó despedida, pero sin alcanzar a nadie», explicó uno de ellos.
La explosión provocó un gran agujero en el techo del segundo sótano, por lo que la onda expansiva afectó también directamente al contiguo, una planta convertida en supermercado de alimentación. Al estallido, que destrozó totalmente el coche-bomba, le siguió un violento incendio. Las llamas afectaron directamente a otros veinte vehículos aparcados en el sótano, mientras la onda expansiva causó importantes daños a veinte automóviles más. Las instalaciones de conducción eléctrica y de agua también quedaron inutilizadas. Esa falta de fluido eléctrico -unida al fallo de las luces de seguridad- y la inundación que se produjo dificultaron las tareas de rescate.
Tras el fuerte impacto, empezaron a salir personas del edificio, y entre ellas algunos primeros heridos. «Salían corriendo, muchos de ellos ensangrentados, y los que procedían del sótano, además de las quemaduras, llamaban la atención porque se les había abrasado instantáneamente el cabello«, explicó un testigo presencial.
En aquellos momentos se desconocía la magnitud de la tragedia. El espeso humo causado por la explosión, la oscuridad y el fuerte calor, se convirtieron en los principales obstáculos para el acceso de los servicios de rescate a la planta directamente afectada. A medida que los bomberos, provistos de equipos autónomos de respiración, avanzaban hacia el interior, el alcance del desastre se fue desvelando. Los equipos de rescate consiguieron llegar al lugar de la explosión, en el segundo sótano, en torno a las 17:15 horas, una hora después de la explosión. Casi todos los rescatados que aparecieron a partir de ese instante ya habían fallecido.
La brutal explosión provocó el fallecimiento en el acto de quince personas: MILAGROS AMEZ FRANCO, dependienta de 43 años; MARÍA DEL CARMEN MÁRMOL CUBILLO, de 36 años, y sus dos hijas, SONIA y SUSANA CABRERIZO MÁRMOL, de 15 Y 13 años respectivamente; el matrimonio formado por MARÍA TERESA DAZA CECILIA, embarazada, y RAFAEL MORALES OCAÑA, de 33 años, que dejaron un hijo de 7 años huérfano de padre y madre; MARÍA EMILIA EYRÉ DIÉGUEZ DE TEMES, ama de casa de 44 años; MERCEDES MANZANARES SERVITJÁ, de 30 años, y sus sobrinos SILVIA y JORDI VICENTE MANZANARES, de 13 y 9 años; MATILDE DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, de 35 años y soltera; LUISA RAMÍREZ CALANDA, de 41 años, casada y con dos hijos; el empleado de Hipercor LUIS ENRIQUE SALTÓ VIÑUELAS, de 22 años; JOSÉ VALERO SÁNCHEZ y el arquitecto XAVIER VALLS BAUZA, de 41 años.
Otras seis víctimas sobrevivieron unos días al atentado, sufriendo una agonía terrible, pues la mayoría tenía quemaduras severas en más del 80% de su cuerpo. Son Felipe Caparrós Ubierna, de 44 años, y Consuelo Ortega Pérez, de 67 años, que fallecieron dos días después del atentado, el 21 de junio; Mercedes Moreno Moreno, de 36 años, que falleció el 23 de junio, cuatro días después; María Rosa Valldellou Mestre, de 57 años, que falleció el 8 de julio, Bárbara Serret Cervantes, el 16 de julio y María Paz Diéguez Fernández, de 57 años, que falleció el 3 de agosto, convirtiéndose en la vigésimo primera víctima mortal de la masacre.
En cuanto a los heridos que consiguieron sobrevivir, muchos de ellos sufrieron graves secuelas por quemaduras, antiestéticas cicatrices hipertróficas en cara y diversas partes del cuerpo, hipertrofias y rigidez articular en extremidades, pérdidas de miembros y problemas acústicos irreversibles. El listado de heridos recogido en la sentencia es el siguiente: Concepción Aguilar Juvé, José Manuel Alfonso García, Ramón Aragonés Puig, Encarnación Arpall Carbonell, Ana Barroso Luque, Gabriel Bassolt Baiget, Mª del Carmen Candalijas Cavanillas, Agustina Cavanillas Suárez, Mª de los Dolores Closas Viladrich, Jordi Comas Cánoves, José Francisco Domínguez Rodríguez, Asunción Espinosa Martínez, Alberto Farrús Rameil, Mª Luisa Fernández Neira, Agustina Fita Corominas, Martín Franco Vallestín, Carmen Frías Díaz, Mª Hortensia Gago López, Rodrigo Galicia Álvarez, Carmen Gancedo Fernández, Susana González Sánchez, Mª del Rosario Grao Moscoso, Alberto Izquierdo Cortés, Jaime Juan Suriol, Juan Manuel López Tello, Roberto Manrique Ripoll, Rosario Mila Gallart, Elena Navarro Cabrera, Beatriz Omandam Balacy, Gloria Ortega Pérez, Monserrat Ortega Silva, Javier Palmero Colinas, Marta Planas Cuadrat, Luis Antonio Risueño Mateo, Pilar Rodríguez Catoria, Oscar Romero Viejo, Manuela de la Rosa Rodríguez, Mª de las Mercedes Silva García, Mª Adelina Somoza Rodríguez, Julia Tapia Aguilera, Jaime Tobeñas Perosanz, Juan Utrilla Molina, José Vargas Rincón, Josefa Viejo Báñez, Mª del Carmen Villaronga Porto, y la menor Jéssica López Rodríguez, que nació con posterioridad al hecho y que, como resultado del atentado que sufrió su madre embarazada, padece sordera severa bilateral congénita, susceptible de rehabilitación sólo parcial mediante prótesis auditiva.
Jéssica López Rodríguez es hija de Milagros Rodríguez, que tenía 27 años en el momento del atentado y trabajaba como cajera de Hipercor. El día del atentado se llevó instintivamente la mano al vientre para proteger al bebé que crecía dentro de ella. En enero de 1988 dio a luz a una niña aparentemente sana. Cuando Jéssica tenía trece meses, un otorrino le confirmó a Milagros lo que no quería saber: «Su hija es sordomuda». Desde entonces, su vida ha sido una lucha constante y un periplo de especialista en especialista. A fuerza de logopedas y audífonos, Jéssica ha logrado emitir algunos sonidos.
Tal y como se recoge en la sentencia 49/1989 de la Audiencia Nacional, los etarras Domingo Troitiño Arranz, Josefa Mercedes Ernaga Esnoz y Rafael Caride Simón habían recibido órdenes de la cúpula de la banda de atentar contra empresas de capital francés o mixto hispano-francés. Como relata Florencio Domínguez en su libro ETA en Cataluña. De Terra Lliure a Carod-Rovira (Temas de Hoy, 2005), la idea de atentar contra el Hipercor de Barcelona fue de Rafael Caride «creyendo que se trataba de una firma francesa». Durante la planificación, los etarras llegaron a la conclusión de que era un objetivo fácil, puesto que se trataba de un edificio civil sin ningún tipo de protección especial. Además, querían causar el mayor daño posible. Por ello decidieron programar el coche-bomba en pleno horario comercial. El mismo autor, en un artículo publicado en La Vanguardia (17/06/2007) con motivo del 20º aniversario del atentado, escribió: «El Comando Barcelona se había convertido en aquellos meses en el buque insignia de ETA, porque el Madrid, encabezado por Iñaki de Juana Chaos, había sido desarticulado en enero. La estrategia etarra consistía en perpetrar el mayor número posible de atentados y con el máximo impacto para fortalecerse de cara a las negociaciones que se estaban gestando en Argel. La famosa ‘acumulación de fuerzas’. Por eso, el año 1987, con cincuenta y dos asesinatos, es el cuarto con más víctimas en la historia de ETA, solo superado por los del trienio 1978-1980″. Cuando se produjo el atentado de Hipercor, el grupo Barcelona de ETA estaba acorralado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que no evitó que cometiera la masacre. Su desarticulación se produjo en septiembre de ese mismo año.
El sábado 22 de junio entre trescientas y quinientas mil personas, convocadas por el Parlamento de Cataluña, asistieron a la manifestación que se celebró en Barcelona para condenar el atentado bajo el lema «Por la convivencia en paz y libertad, Cataluña rechaza el terrorismo». Fue la mayor manifestación de protesta en Barcelona desde que el 11 de septiembre de 1976 los barceloneses salieron a la calle para pedir el regreso del presidente Tarradellas. En la marcha se portaron otras pancartas con lemas como «Votar Herri Batasuna es matar» y «Votantes de HB cómplices». En una pancarta muy significativa se podía leer: «¿Cómo es posible que haya 40.000 catalanes que apoyen a los asesinos de ETA?». Nueve días antes del atentado se habían celebrado las elecciones al Parlamento Europeo en las que Herri Batasuna había logrado 39.692 votos en Cataluña, sólo 831 menos de los logrados en Navarra (40.523). En esas elecciones la coalición proetarra alcanzó el que era, hasta entonces, su techo electoral, con 360.952 votos. En las elecciones europeas de 1989 HB obtuvo poco más de quince mil votos en Cataluña. Sin embargo, ese distanciamiento de los electores catalanes hacia HB fue meramente coyuntural, dado que en pocos años no sólo recobró los votos que tenía antes del atentado, sino que consiguieron apoyos más o menos matizados en otros sectores del nacionalismo, incluido el PSC. Es una especie de «atracción morbosa», como lo ha definido Antonio Batista, escritor nacionalista especializado en la banda terrorista ETA.
El 25 de junio se celebró en el exterior de la catedral de Barcelona el funeral oficial por las víctimas de la masacre, oficiado por el cardenal arzobispo monseñor Narcís Jubany. Según la Guardia Urbana, asistieron unas ocho mil personas, además del presidente del Gobierno español, Felipe González, el presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, y el ministro de Defensa, Narcís Serra.
La organización terrorista ETA reivindicó dos días después el atentado con un comunicado remitido a la agencia France Presse y a diversos medios del País Vasco. El comunicado reconocía el «grave error» cometido y aceptaba «la responsabilidad que se deriva de este triste suceso«. Por su parte Herri Batasuna emitió también un comunicado el 21 de junio en el que criticaba por vez primera una acción terrorista de ETA, aunque hacía lo propio con la dirección de Hipercor y la Policía por no haber efectuado el desalojo.
En 1989 fueron condenados a penas que sumaban más de 1.600 años para cada uno los etarras Domingo Troitiño Arranz y Josefa Mercedes Ernaga Esnoz. El total de la condena era el resultado de sumar 30 años por cada uno de los veintiún asesinatos y por ser autores de cinco delitos de lesiones con pérdida de miembro principal. También recibieron condenas por diecisiete delitos de lesiones con deformidad, pérdida de miembro no principal o necesidad de asistencia facultativa de más de noventa días. Todo ello con el agravante de utilización de explosivos y premeditación.
En 2003 fueron condenados a 790 años cada uno Santiago Arróspide Sarasola (por ordenar el atentado) y Rafael Caride Simón (por ejecutarlo), penas que fueron confirmadas en 2004 por el Tribunal Supremo.
En 1992, ocho heridos de gravedad y cinco familiares de víctimas mortales presentaron una demanda ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en la que reclamaban al Ministerio del Interior una indemnización total de 300 millones de pesetas. En julio de 1997 la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo estableció, pese a considerar a los terroristas responsables directos del atentado, «la responsabilidad de la Administración del Estado en el resultado final por la pasividad o conducta omisiva de las Fuerzas de Seguridad y Policía en estos hechos», por no haber desalojado los almacenes tras las llamadas de los etarras. El TS condenó finalmente al Estado como responsable civil subsidiario.
El equívoco mensaje, absolutamente genérico e impreciso, que los etarras transmitieron a las 15:00 horas, avisando de la explosión a las 15:30, tuvo consecuencias dramáticas. De hecho, la Jefatura Superior de Policía emitió, al día siguiente del atentado, un comunicado en el que responsabilizaba a la dirección de Hipercor de no haber desalojado el centro. La nota oficial explicaba que hubo tres avisos de la colocación de un artefacto (uno a la Guardia Urbana de Barcelona, otro al diario Avui y otro a la propia centralita de Hipercor), que explosionaría, según el comunicante, a las 15:30 horas. La Policía requirió un minuto después a la dirección del centro comercial a que procediera a desalojar el hipermercado, mientras se efectuaba la inspección ocular. El director del centro indicó, según el comunicado, «que la empresa ya había montado el dispositivo de seguridad con su propio personal y que, dadas las dimensiones del edificio y el hecho de que había pasado la hora anunciada para la explosión, no consideraba necesaria la evacuación«.
En relación a este tema hay que hacer algunas precisiones. El dato de la hora fue crucial para que se pensase que era una falsa alarma, pero especialmente porque, como publicó La Vanguardia, diariamente se recibían en Barcelona una veintena de avisos de bomba. Lo tremendo de este caso es que no sólo hubo imprecisión en la hora de la explosión, sino que los asesinos de ETA no avisaron de que había un coche-bomba, sino que simplemente dijeron que explotaría una bomba, con lo que el rastreo se realizó para buscar un paquete con explosivo, y no se buscó expresamente un coche. La imprecisión del comunicante etarra, sin aportar ningún dato que permitiera distinguirlo de la multitud de avisos falsos que se recibían por aquella época, también contribuyó a que la catástrofe se consumara. Además, y esto es también un dato a tener en cuenta, en aquellas fechas El Corte Inglés no estaba amenazado. Sí había habido amenazas contra hipermercados de capital francés y se habían producido atentados contra ellos. De hecho, y como hemos señalado más arriba, los etarras creían, en una muestra de la idiocia e ignorancia de la que se nutre la banda terrorista ETA, que Hipercor era de capital francés.
Tras la sentencia de 1992, las otras treinta y tres víctimas iniciaron también demandas similares contra el Estado. Aún siguen pleiteando con el Gobierno, que en 1995 se negó a «indemnizarles como responsable civil subsidiario, al considerar que su petición llegó fuera de plazo», según declaró a EFE con motivo del 20º aniversario del atentado Roberto Manrique, una de las víctimas del atentado de Hipercor.
Milagros Amez Franco, de 43 años, era natural de Laguna Dalga (León). Estaba casada con Rafael Güell Nuria y tenía dos hijos que, en el momento del asesinato de su madre, tenían 17 y 12 años de edad. Milagros trabajaba como dependienta en una tienda de plantas medicinales que regentaba Rafael, su marido. Cuando se cumplieron quince años del asesinato de Milagros, Rafael, jubilado ya con 60 años, contó al diario ABC cómo fue ese día: «Yo trabajaba en uno de los tres edificios situados encima de los almacenes y dejé a mi mujer un momento para subir al despacho. Desde el ascensor oí la explosión». La última vez que vio a su mujer estaba en el aparcamiento del centro comercial cargando en el coche los productos comprados. Rafael recordó el humo y la agónica espera. «No se podía ver nada. Permanecí varias horas en la calle hasta que me comunicaron que mi esposa había sido trasladada al hospital de Sant Pau», indica. Sus hijos llegaron en taxi a este centro, donde Milagros falleció.
Rafael Güell fue una de las víctimas del terrorismo que declaró en el juicio contra el exsenador independentista catalán Lluis María Xirinacs, por un delito de enaltecimiento del terrorismo, celebrado el 9 de marzo de 2004. Dos años antes, este amigo de terroristas había declarado que «hay estilos, porque ETA, como están en guerra, mata, pero no arranca uñas. Yo he estado en prisión con gente de ETA con las uñas arrancadas. ETA mata pero no tortura. En cambio, Lasa y Zabala murieron torturados. ETA, cuando tira una bomba en un lugar que puede herir a gente que no son militares o que no estén relacionados con los opresores, avisa. ¿Sabéis lo que cuesta robar la dinamita, pagarla, transportarla, colocarla, y encima cuando tienen todo a punto avisa que la desactiven?». Y añadió: «¿Por qué hace esto? Lo hace porque aún conserva un poco de nobleza del estilo de Ginebra y la conserva porque aún los otros no la han maleado más. Porque lleva la gente de ETA una vida de ratas, de escondidos, de cloacas, perseguidos. No pueden tener novias, no pueden tener hijos, no pueden ir al cine, no pueden tener nada y si a veces hieren a algún inocente, no es su voluntad. La gente no sabe que en el Hipercor de Barcelona, ellos avisaron, y fue la Policía o la casa de Hipercor los que callaron».
María del Carmen Mármol Cubillo, de 36 años, y sus hijas Sonia Cabrerizo Mármol, de 16, y Susana Cabrerizo Mármol, de 13, se encontraban en el interior del vehículo familiar en el aparcamiento de Hipercor tras terminar sus compras. En ese momento explotó el coche-bomba. La onda expansiva les alcanzó de lleno, pues su coche estaba a escasos veinte metros del que explotó. María del Carmen y Susana murieron en el acto, mientras que Sonia falleció mientras era trasladada en ambulancia a 
un centro médico. Las tres fallecieron por asfixia. Habían acudido al centro comercial a hacer las últimas compras antes de irse de vacaciones de verano.
María del Carmen regentaba junto a su marido, Álvaro Cabrerizo Urrea, varios negocios, entre ellos diversos videoclubes y un restaurante. Álvaro lo perdió todo con este atentado. Su padre murió a los tres meses de un infarto. Su hermana, que vivía en Alemania, abortó «del disgusto». Su madre, la abuela, «se desquició para siempre», contaba en El Mundo (11/05/2009).
En 2002, en el diario ABC, Álvaro describió, con una lucidez impresionante, lo que son las víctimas para este país: «No somos más que la historia viva de una desvergüenza, la imagen viva de una villanía, una canallada que grita justicia y no la encuentra. Somos lo que nadie quiere que exista y por eso molestamos, incomodamos. Quieren para nosotros el olvido, pero ninguno de nosotros estamos dispuestos a olvidar. Ni a perdonar. Es lo menos que podemos hacer por todos los muertos«. Durante el juicio contra dos de los asesinos, Rafael Caride y Santiago Arróspide, Álvaro declaró ante el tribunal que «tras realizar declaraciones en los medios de comunicación, tuvo que dejar Barcelona, porque empezó a recibir llamadas amenazantes en las que se le decía que iba a correr la misma suerte que su familia».
«Remontar mi vida fue… desastroso. Todos los negocios y cosas que tenía tuve que dejarlas en manos ajenas para que me las llevasen. Mi patrimonio, que era enorme, se vino abajo e incluso tuve que vender casi todo para poder pagar las cosas que no habían pagado (…) ha habido un momento que no pude soportarlo y me tuve que ir de Cataluña» (Trece entre mil de Iñaki Arteta). Álvaro Cabrerizo se fue a vivir a Cádiz, volvió a casarse y el matrimonio adoptó una niña colombiana, que dio alegría a su vida, pues Lola, su nueva esposa, perdió al poco tiempo a su hijo de 28 años. Cada aniversario de la masacre viajaban desde Cádiz hasta Cerdañola, donde están enterradas María del Carmen, Sonia y Susana. Pero la mala suerte siguió cebándose con Álvaro. Un cáncer de colon acabó con su vida el 25 de febrero de 2010. Así lo recordaba Salvador Ulayar, hijo de Jesús Ulayar: «Consiguió rehacer su vida junto a Lola, su impagable salvavidas. Por desgracia, al poco tiempo ella perdió a su hijo de 28 años. Adoptaron a Andrea, su nueva ilusión. Álvaro ha vivido sostenido por el amor de Lola y Andrea estos últimos catorce años, hasta que la enfermedad se lo ha llevado con Mari Carmen, Sonia y Susana». Francisco José Alcaraz, presidente de Voces Contra el Terrorismo, lo recuerda como un «luchador» y un «héroe» por haber sabido salir adelante tras una tragedia semejante, y por el papel que quiso tener en la Rebelión Cívica encabezada por las víctimas de ETA contra la negociación política emprendida por el Gobierno.
María Emilia Eyré Diéguez de Temes, de 44 años, estaba casada con Rodrigo Galicia Álvarez, que resultó herido en el atentado y tardó treinta y cuatro días en curar sus heridas. Un hijo del matrimonio estaba con ellos en Hipercor poco antes de que estallase el coche-bomba, pero decidió esperarles en un bar próximo porque no le apetecía seguir de compras. María Emilia era natural de Chantada (Lugo) aunque residía en Barcelona desde que era una niña. Un hermano de la fallecida, Francisco Eyré, contó al diario El País que su hermana le había comentado a su marido, al observar la presencia de policías en el centro comercial, que no tuviese miedo «porque si hubiera una bomba nos habrían avisado».
María Teresa Daza Cecilia estaba embarazada cuando fue asesinada junto a su marido, Rafael Morales Ocaña. Dejaban huérfano de padre y madre a un niño de siete años, Jordi Morales Daza. María Teresa trabajaba en la Diputación de Barcelona, y ella y su esposo eran conocidos por su activismo en movimientos asociativos populares en la localidad donde vivían, Santa Coloma de Gramanet. Según recogió el diario El País (22/06/1987), Rafael había sido juzgado en Consejo de Guerra por los enfrentamientos que se produjeron entre vecinos de Santa Coloma y la Guardia Civil en 1972 para exigir la construcción de un ambulatorio para la ciudad. También en este medio contaron que los ataúdes con los cuerpos de la pareja iban a ser introducidos en nichos separados, pero la multitud que acudió al sepelio se opuso y, finalmente, fueron colocados en cubículos contiguos.
Matilde Martínez Domínguez, de 35 años y soltera, había acudido al Hipercor a comprar unas prendas de vestir. Era natural de Nocedo, en el municipio de Quiroga (Lugo), donde fueron inhumados sus restos mortales el 23 de junio. La víctima «realizaba estudios en una academia de Barcelona para la obtención del título de ingeniero-delineante» (El Progreso, 25/06/1987). Según La Vanguardia, Matilde había sido una de las promotoras del fútbol femenino en Cataluña, empezando su carrera deportiva en el equipo femenino de la Gramanet. En el momento de su asesinato, era capitana del F.F. Cataluña. En la sentencia de la Audiencia Nacional aparece su hermana Marina Martínez Domínguez como perjudicada por su muerte.
Mercedes Manzanares Servitjá, de 30 años y soltera, falleció en el aparcamiento de Hipercor con sus dos sobrinos, Silvia Vicente Manzanares, de 13 años, y Jordi Vicente Manzanares, de 9. Los dos niños estaban sentados detrás, mientras que su tía estaba al volante. Murieron por afixia. «A ellos no les tocó de lleno, porque ellos murieron por ahogamiento, por el humo, no fue por nada más», explicó Enrique Vicente Mané, padre de los niños. Años después, Nuria Manzanares, madre de 
Silvia y Jordi y hermana de Mercedes, recordó aquel terrible día: «Había terminado el curso. Pocos días más tarde nuestra hija se tenía que ir de viaje de fin de curso con las compañeras del colegio y su afán era comprarse un bañador. Yo la habría acompañado, pero aquella tarde tenía que estar en la peluquería, de manera que en mi lugar fue mi hermana; y el niño, que en principio se iba a quedar en casa con el abuelo, quiso ir con ellas. Yo les sugerí que fueran a esas galerías que entonces se estaban poniendo de moda, el Bulevard Rosa. Pero decidieron que irían más cerca» (El País, 07/01/2001). Enrique y Nuria sufren secuelas psicológicas desde el asesinato de sus hijos, pero no fueron reconocidos como víctimas del terrorismo. El Ministerio del Interior, en una resolución administrativa de junio de 2006, estimó que los progenitores sufren secuelas psicológicas por «enfermedad común» y que estas no tienen relación causa-efecto con el atentado. «Él lleva más de una década resistiendo el cáncer. Yo, las depresiones», declaró Nuria en el suplemento XLSemanal de ABC (28/03/2004). Nunca han podido superar la muerte de sus hijos. Especialmente duro es cuando ven a los hijos de sus vecinos: «Los ves y piensas que ahora los tendrías tú así de grandes como ellos» (Trece entre mil, Iñaki Arteta, 2005). Nuria estaba embarazada de su tercer hijo, Enric, que nació meses después de que sus dos hermanos fueran asesinados por ETA. El 16 de abril de 2011, la sala de lo social del Tribunal Supremo anuló la pensión extraordinaria concedida a Nuria. En su fallo, el alto tribunal señala que sólo tienen derecho a percibir las pensiones extraordinarias las personas que han sufrido directamente los atentados. El Ministerio de Economía y Hacienda interpuso ante el alto tribunal un recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia dictada en octubre de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que reconocía en su integridad la pensión de invalidez extraordinaria por acto terrorista a Nuria.
Luisa Ramírez Calanda tenía 41 años. Estaba casada con Ricardo Labad Muñoz y tenía dos hijos, Margarita y Ricardo. Veinte años después del atentado, su hija Margarita Labad Ramírez seguía tomando antidepresivos y reconocía que su vida laboral había estado marcada por las bajas médicas.
Luis Enrique Saltó Viñuales, de 22 años, era empleado de los grandes almacenes Hipercor, donde trabajaba como rotulista decorador. Hijo de Francisco Saltó Cardona y Gloria Viñuales Pérez. Fue enterrado el domingo 21 de junio en el cementerio de Sant Gervasi.
José Valero Sánchez estaba casado con María de los Desamparados Piñazo Gómez. El cuerpo de José quedó destrozado y se tardo casi dos días en identificarlo de forma fehaciente.
Xavier Valls Bauza, de 40 años, estaba casado con María Josep Olivé Pérez. Fue enterrado en el cementerio de Santa Coloma de Gramanet el domingo 21 de junio. Xavier era arquitecto y fue el autor del Plan Popular de Alternativa Urbana de Santa Coloma elaborado en 1978. Su viuda escribió un artículo en La Vanguardia (17/06/2007) con motivo del 20º aniversario del atentado que refleja muy bien de qué forma han sido tratadas las víctimas en España y de qué forma se ha tratado a los asesinos: «Ser víctima es mucho más difícil porque eres una ciudadana, y eso significa que no vas a utilizar la venganza, sino que esperarás de los tribunales esa mínima restitución que supone el castigo del culpable (…). Los homenajes y manifestaciones en apoyo de ‘los mártires etarras’ y presos evidencian nuestra soledad y nuestra invisibilidad. Desde algunas jerarquías eclesiásticas y líderes políticos se han oído declaraciones tan comprensivas para los culpables que resultan ofensivas para las víctimas. Las sentencias de condenas milenarias han acabado reducidas a poco más de una decena de años. Los exilios dorados en el Caribe a expensas de nuestros impuestos; los estudios universitarios en la cárcel con aprobados ‘políticos’ y la tolerancia con la kale borroka, cantera de futuros terroristas…, los demasiados miles de personas que los apoyan, que los comprenden, o que simplemente callan. ¿Se entendería la misma actitud con un violador, con un delincuente fruto de la marginación? ¿Se preguntaría a sus víctimas si perdonan? ¿En qué país decente los delincuentes van a cara descubierta y las fuerzas del orden deben esconderse bajo el pasamontañas? ¿Qué insensatez estamos viviendo desde hace más de treinta años?».
A las 7:15 horas del lunes 19 de junio de 1995 la banda terrorista ETA hacía estallar un coche-bomba en Madrid, provocando la muerte al policía municipal JESÚS REBOLLO GARCÍA. La explosión se produjo mientras los policías efectuaban tareas de acordonamiento y desalojo de la zona tras recibir un aviso de los asesinos. Este atentado de ETA se produjo al cumplirse exactamente dos meses desde que la banda terrorista intentara asesinar en Madrid al líder de la oposición, José María Aznar, atentado en el que resultó herida gravemente Margarita González Mansilla, fallecida tres meses más tarde, el 22 de julio.
Otros dos policías municipales, Francisco Javier Quintana y Agustín López Jiménez, sufrieron heridas leves, así como un vigilante de seguridad, Mariano Santos Duque,
una mujer que transitaba por la zona, Carmen Rodríguez Díaz y un funcionario de la Policía Nacional, Francisco Gil, que, al igual que Jesús Rebollo, se encontraba en el cordón de seguridad.
El vehículo utilizado, al que le habían cambiado la matrícula, era un Opel Omega de color azul oscuro, que había sido robado varios días antes en el madrileño barrio de Moratalaz. Los etarras habían cargado el coche con cerca de 60 kilos de amosal y un bidón de gasolina, según informó el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. A continuación miembros del grupo Madrid de ETA lo estacionaron en la calle del Carmen, que es peatonal, aproximadamente tres cuartos de hora antes de que lo hicieran estallar mediante un temporizador. Aunque no existían barreras físicas que lo impidiesen, en esa calle estaba prohibido aparcar.
A las 6:50 horas de la mañana, una persona que dijo hablar en nombre de la organización terrorista ETA, comunicó por teléfono a la Policía Local, Cruz Roja, Bomberos y la cadena SER, que un coche-bomba iba a estallar media hora después en la calle del Carmen. Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional desalojaron en pocos minutos la zona, donde a esa hora transitaban numerosos ciudadanos que se dirigían al trabajo mientras otros esperaban el autobús.
Toda la zona fue cortada en un diámetro de cien metros y rodeada por cintas de seguridad. Poco después, a las 7:15 horas, antes de que los artificieros se acercaran a inspeccionar el coche, se produjo la explosión. Los terroristas habían colocado dos papeleras de hierro fundido a ambos lados del vehículo, para que actuaran como metralla. Además, la calle donde estalló el coche-bomba es muy estrecha, lo que provocó que la onda expansiva tuviera un «efecto cañón».
El agente Jesús Rebollo fue alcanzado en la cabeza por un trozo de metralla, a pesar de que se encontraba a más de ochenta metros de distancia del coche-bomba. El impacto le provocó un traumatismo craneoencefálico severo. Fue atendido en un primer momento en una ambulancia del SAMUR y, posteriormente, procedieron a trasladarlo al Hospital Clínico, donde intentaron reanimarle. Antes, durante el traslado, el agente estaba consciente y se interesó por el estado del resto de sus compañeros, según fuentes policiales. Falleció una hora después.
La potente explosión afectó a un total de veinticuatro inmuebles de la zona de Callao y de las calles Carmen y Preciados. Especialmente afectados quedaron los edificios de Galerías Preciados y la FNAC. En este último, de donde previamente habían sido desalojados unos veinte trabajadores de la limpieza y de seguridad que se encontraban en el interior, se produjo un pequeño incendio e importantes daños materiales.
Los expertos de la lucha antiterrorista consideraron que, dada la hora en que se produjo el atentado y los confusos avisos que dieron previamente los etarras, algo no habitual, el objetivo de los terroristas era asesinar a los policías. En concreto, según fuentes de Interior, ETA pretendía «cazar» a miembros de los Tedax (Técnicos en Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional) que acudieran a acordonar la zona y desactivar la carga explosiva.
El titular del juzgado central de instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, y el fiscal de la Audiencia Nacional, Ignacio Gordillo, se desplazaron al lugar del atentado alrededor de las diez de la mañana. Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Pilar Lledó, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que colaborasen en la identificación y búsqueda de los autores del atentado. Minutos después de que se produjera el atentado, efectivos de la Policía Nacional formaron varios controles alrededor del centro de la capital para intentar localizar a los responsables, siguiendo las directrices fijadas unos meses antes por el Ministerio de Justicia e Interior para casos de atentado.
Jesús Rebollo García, de 39 años, estaba casado y era padre de cuatro hijos. Considerado un policía ejemplar, tanto por sus compañeros como por sus superiores, había ingresado en el Cuerpo en 1980, con tan solo 24 años. Llevaba 15 años de servicio, durante los cuales recibió tres felicitaciones, tres menciones honoríficas, el Galón de Mérito y la Medalla de la Policía Municipal que recibió en 1994 de manos del entonces alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, durante los actos de San Juan, patrón del Cuerpo. El alcalde decretó dos días de duelo y condecoró a título póstumo al agente con el único galardón que le faltaba: la Medalla de Plata de Madrid. El funeral por Jesús Rebollo, oficiado por el vicario general del Arzobispado Castrense, Clemente Martín, y al que asistieron más de 3.000 personas, tuvo lugar al día siguiente en el patio central de la Jefatura de la Policía, en la Casa de Campo. Posteriormente sus restos fueron incinerados en el cementerio de La Almudena, en Madrid. Sus cenizas se esparcieron en un acto íntimo en algún lugar de la sierra madrileña.
El 19 de junio de 2009, la banda terrorista ETA asesina en Arrigorriaga (Vizcaya) al inspector de la Policía Nacional EDUARDO ANTONIO PUELLES GARCÍA. Los etarras colocaron una bomba-lapa, con unos dos kilos de explosivo, adosada al depósito de su vehículo. Puelles García fue la primera y única víctima mortal de la banda terrorista en el País Vasco desde que el socialista Patxi López se convirtió en lehendakari en mayo de ese año gracias al apoyo del PP. Por otra parte, era la primera víctima del año 2009, en el que la banda asesinaría a dos personas más: los guardias civiles Carlos Enrique Sáenz de Tejada García y Diego Salvà Lezaún, asesinados en Calviá (Baleares) el 30 de julio.
Pese a su enorme debilidad, la banda podía seguir matando y causando dolor. La captura de los principales líderes y la presión policial habían dañado seriamente las estructuras de ETA. La propia banda terrorista lo había reflejado así en un documento intervenido por la Policía francesa donde decían que «la izquierda abertzale está en crisis» y que «la estrategia político militar está colapsada».
El inspector Eduardo Puelles fue asesinado cuando se dirigía a su puesto de trabajo. Eran aproximadamente las 9:05 de la mañana cuando al introducirse en el vehículo hizo explosión la bomba-lapa. Un testigo presencial relató que Eduardo tuvo aún tiempo de pedir socorro, pero que nadie pudo dárselo por la intensidad de las llamas del incendio que siguió a la explosión.
Dos días después del asesinato, se celebró una manifestación que recorrió las calles de Bilbao. Al final de la misma, la viuda de Eduardo, Francisca Hernández, tomó la palabra para decir que la banda terrorista ETA lo único que ha conseguido «es dejar dos huérfanos y una viuda, no van a conseguir nada más porque gracias a Dios hay mucha gente como mi marido y no van a poder con ellos, cada día van a salir más y más». Después les llamó «asesinos» y exigió a los familiares de los etarras que fueran «pidiendo dinero» para visitarlos en las cárceles porque «no son presos políticos, no, es mentira, son asesinos».
La intervención de la viuda de Puelles fue muy criticada por los nacionalistas. Un miembro de la Ejecutiva del PNV dijo que «no se puede dejar el discurso a la viuda (…) La mujer lo mezcló todo. Hizo referencias muy duras a las familias de los presos. Supongo que estaría sedada a tope. Eso lo tienen que cuidar. Es mejor que las viudas no hablen» (El País, 22/06/2009).
El 1 de marzo de 2011, se detuvo en Vizcaya a cuatro miembros de la banda terrorista ETA. Las Fuerzas de Seguridad creen que tres de ellos son los autores del asesinato de Eduardo Puelles. Concretamente, participaron presuntamente en el asesinato Daniel Pastor Alonso y la pareja formada por Iñigo Zapirain Romano y Beatriz Etxebarria Caballero. A la cuarta arrestada, Lorena López Díez, no se la ha vinculado con el asesinato del inspector de Policía. En el momento de la detención la Guardia Civil ya sospechaba de su participación en el asesinato de Puelles, sospechas que se vieron posteriormente confirmadas tras el examen de la documentación incautada.
Eduardo Puelles García tenía 49 años, estaba casado con Francisca Hernández y era padre de dos hijos, de 21 y 16 años. Natural de Baracaldo, de padres emigrantes (su padre de Valladolid y su madre de Burgos), era jefe de grupo de la Brigada de Información de Bilbao, entre cuyas tareas está precisamente la lucha antiterrorista. Durante su adolescencia soñaba con ser piloto de aviones de combate, pero la necesidad de contribuir en la economía familiar le llevó a ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía con sólo 22 años. Su hermano Josu, ertzaina, contó a El País que su madre «sufrió mucho porque era el año 1982, una época terrible de atentados diarios. Edu siempre tuvo claro que si entraba en la Policía no sería para quedarse como agente raso». Antes de incorporarse en 1991 a la comisaría de Bilbao estuvo destinado en Alicante, Irún y Portugalete. En 1997 se incorporó a la Brigada Provincial de Información de Bilbao y en 2002 ascendió al puesto de inspector. En el momento de su asesinato, estaba preparando su ascenso a inspector jefe. Puelles contaba con una impecable hoja de servicios y había recibido treinta y cinco felicitaciones por su profesionalidad. Había intervenido en una decena de operaciones que concluyeron con la detención de más de setenta miembros o colaboradores de la banda terrorista ETA. «Coge el currículo de mi hermano y examínalo. Verás la cantidad de detenciones de terroristas en las que ha participado, con una dedicación que quitaba a la familia en la mayoría de las ocasiones», señalaba Josu Puelles a La Razón (27/06/2009). Para la familia del inspector asesinado, Eduardo «es un héroe, y no una víctima, y como tal ha muerto». «Eduardo era un vasco noble y un español de corazón. Profundamente orgulloso de sus orígenes, supo proyectar su amor a su tierra en los sitios donde estuvo destinado», afirmaban desde el Sindicato Profesional de Policía (SPP) al que estaba afiliado. Sus compañeros de comisaría y de la Policía Nacional tampoco escatimaban en elogios a la hora de recordarle: «Un buen policía, un buen vasco y llevaba a sus espaldas 16 años de experiencia en Información», en la lucha contra el terrorismo.
M.J. Grech, blogs.libertaddigital.com, 19/6/11